Milani y Badeni

El grupo Clarín ataca al general Milani y por elevación a Cristina, responsable de su nombramiento, pero cada vez que debe consultar a un especialista en derecho constitucional, pone en pantalla al “constitucionalista” Gregorio Badeni.

Badeni participaba de la conducción del banco de Hurlingham cuando todos sus directivos estaban detenidos ilegalmente y eran torturados en la cárcel de Campo de Mayo.

De esa detención ilegal puede dar fe el comandante Rey, apropiador de Pedro Sandoval y responsable del centro de detención.

Marcelo y Juan Claudio Chavanne lo denunciaron ante la Conadep y en el juicio contra los comandantes (Causa 13). Los Grassi fallecieron y otros, de la veintena de directivos detenidos, prefieren no hablar.

Los prisioneros recibían preguntas por escrito elaboradas por la intervención del banco de Hurlingham, de las que participaba Badeni.

Cuando se descubrió que el método era muy lento, los interrogatorios se realizaban con “invitados” presentes, entre quienes figuraba el detenido titular de la Comisión Nacional de Valores, Juan Alfredo Etchebarne, hombre de confianza de Martínez de Hoz, a quien acompañaban los miembros de la intervención del banco y directivos de la CNV. Fue el ex banquero Oddone el que denunció que estas preguntas bajo presión se realizaban en un improvisado auditorio de la cárcel, con una nutrida concurrencia a la que no podía ser ajeno Badeni, y el propio Etchebarne quien, ante la justicia, reconoció que, como Martínez de Hoz, se había desempeñado en Acindar.

Este “constitucionalista” conocía los detalles más finos del desempeño financiero de la entidad, considerada viable por la propia intervención militar, pero cuya liquidación definitiva se pactó entre Martínez de Hoz y Christian Zimermann, vicepresidente del BCRA, mientras el presidente, vicealmirante Covas, miraba para otro lado porque así se lo había ordenado Massera.

Una buena pregunta sería saber qué entidad se quedó con los activos del banco de Hurlingham.

En cuanto a Milani, la justicia tiene la palabra.

Es grosero e infantil creer que sólo hubo 30, 300 o 3000 carniceros entre militares y miembros de las fuerzas de seguridad.

Dos decretos, uno firmado por Luder y otro por Isabel, ordenaban en los años 74 y 75 “aniquilar el accionar” de la guerrilla. Mucho se ha interpretado sobre esta orden, pero lo concreto es que la totalidad de las fuerzas armadas y de seguridad se empeñaron en combatir a las organizaciones armadas en una brutal desproporción. 

Por eso no puede llamarse “guerra”.

Algunos de sus integrantes, ensoberbecidos por la suma del poder o porque estaban convencidos de lo que hacían, cometieron delitos de lesa humanidad. Pueden ser 3000, o 5000, no importa cuántos sino que vayan saliendo.

En el trascurso de esa lucha armada desigual se deben haber cometido innumerables delitos, producidos con impunidad toda vez que el pueblo argentino estaba sujeto a una dictadura cívicomilitar que detentaba la totalidad del poder público y privado, y era dueña de la vida de los ciudadanos, algunos de los cuales la apoyaban.

Entre esos delitos, sospechamos, hubo numerosas transferencias de inmuebles, a veces humildes, donde se obligaba al vendedor a aceptar un precio vil. Pero en la mayor parte de los casos, hubo sucesivas cesiones a terceros y las constancias se esfumaron. Peor destino puede esperarse de los bienes muebles.

En todos los casos, la justicia tiene la palabra. En términos de sentido común, es obvio que Cristina no cometería jamás la torpeza pueril de nombrar al frente del Ejército a un oficial sospechado de delitos de lesa humanidad cuando tenía otros nombres a mano. Y estoy seguro que, en caso contrario, actuará de inmediato destituyendo al acusado.

Por varias décadas, las fuerzas armadas se formaron primero bajo una democracia formal y proscriptiva, luego en la doctrina de seguridad nacional y más tarde como parte de la geopolítica imperial. Pero no solo los militares sufrieron estas deformaciones que significaban alejarse del interés nacional. La clase dirigente nativa en general no escapó a esa regla.

Por eso insistimos: Badeni no es un constitucionalista sino un ex colaborador de la dictadura. Y no sabemos que se haya hecho una autocrítica al respecto, si las autocríticas sirven para algo, que creemos que definitivamente no.

Y quien no lo crea, que escuche o lea a Marianito Grondona.