jueves, 14 de junio de 2012

LA DICTADURA ANTIPERONISTA


La dictadura cívicomilitar 1976-1983 tenía como objetivo liquidar la industria nacional, disciplinar a la sociedad y desarmar el Estado que se fue construyendo a partir de 1946.



El artículo 18 de la Constitución Nacional establece que nadie podrá ser juzgado por “comisiones especiales”, es decir, por ninguna institución que no surja del propio reordenamiento constitucional del Estado.
Sin embargo, en dos oportunidades en los últimos sesenta años, dictaduras cívicomilitares, previa derogación por bando militar de los textos constitucionales que entonces regían (el de 1949 primero, el de 1957 después) crearon “comisiones especiales” con amplias facultades sobre los bienes de los interdictos.
Esas comisiones especiales fueron la Junta Nacional de Recuperación Patrimonial de 1955 y la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial de 1976.
Ambas eran dictaduras cívicomilitares.
Ambas derrocaron gobiernos peronistas.
Aunque las separan dos décadas, se repiten unos cuantos protagonistas civiles y militares que volverán a aparecer en los ‘90. No obstante ello, en cierta interpretación, y no sin intencionalidad, se atribuye a Massera ser peronista. Su foja de servicios lo desmiente tanto como que la más antiperonista de las fuerzas armadas haya permitido que un enemigo llegara al grado máximo.
    
Para fundamentar el despojo de bienes, la Conarepa se organiza a imagen y semejanza de la original del ‘55, y basa su legalidad en los fallos de la Suprema Corte de la primera dictadura, que se formó previa remoción de los jueces constitucionales por bando militar, por primera vez en la historia argentina. Uno de los designados es el abogado Benjamín Villegas Basavilbaso, ex-guardiamarina y asesor letrado de la Armada.
En la ley 21670 que le da origen a la Conarepa, se menciona que los interdictos lo son por su inadmisible inobservancia de principios morales básicos, los mismos que vigila la Junta de 1955. Legalidad, Suprema Corte y ley deberían ir entrecomilladas porque todo se basaba en la desaparición del Estado de Derecho en el marco de la observancia de principios morales básicos.
La Junta de 1955 se apropia de los bienes de ex dirigentes y funcionarios del primer gobierno peronista.
La Comisión de 1976 se apropia de los bienes de ex dirigentes y funcionarios del segundo gobierno peronista y agrega los del Grupo Graiver.
Su creación data de octubre de 1977, pero mediante dos Actas previas (junio de 1976 y febrero de 1977) el poder cívicomilitar determina quienes serán los ciudadanos desprovistos de derechos, detenidos o desaparecidos, y cuyos bienes pasarán al Estado.
Una medida de excepción de factura soviética basada en la defensa de los principios morales básicos de Occidente.
También por bando militar se remueve a los jueces y se les ordena a los nuevos jurar por los Estatutos del Proceso.
Todo esto no es más que la mediocre fachada institucional de dos dictaduras con similares objetivos antiperonistas: destruir un modelo de nación y de Estado, y excluir a los sectores populares que habían sido beneficiarios de los gobiernos peronistas.
Excluir nuevamente, porque así había sido desde el nacimiento de la Argentina, a los socialmente incluidos por el peronismo.
Sin embargo, en el marco de las apariencias, los peronistas robaron, habían adquirido bienes ilegítimamente, usaban el Estado para sus propios fines. Miles de pares de zapatos de Evita, tapados de piel y viva el cáncer. Son las carteras Louis Vuiton, el plazo fijo en dólares y la tiroides de la actualidad. El Tango 01 trasladando a Máximo.
La llamada izquierda argentina, en general, fue ciega a este detalle y quizás lo sigue siendo en el propio interior del kirchnerismo cuando aborda caracterizaciones generadas en los paradigmas del centro, o los varios centros, del mundo. Hay unos principios morales básicos que recorren (y sobreviven con el paso de los años) a amplios sectores medios que no solo son portadores de dólares: también de la palabra y la opinión, se presente como progresista o conservadora.
En estas arremetidas ciegas del poder tradicional se producen situaciones paradojales que sólo menciono, sin valoración alguna: una de las víctimas de la Conarepa fue Lorenzo Miguel, el metalúrgico al que se suele acusar de pertenecer al peronismo de derecha. Sin embargo, fue su sindicato uno de los que se puso al frente del rechazo social al rodrigazo neoliberal que si alguna valoración le cabe es haber sido definitivamente de derecha. No se si le habrán encontrado bienes mal habidos.
Esta Conarepa, además de ensañarse con ex-funcionarios y ex-dirigentes peronistas, varios de los cuales debían tener bienes mal habidos, incluyó al Grupo Graiver.
¿Que poderosa razón tenía el “proceso de reorganización nacional” para apropiarse de los bienes de los Graiver? Que era el grupo económico más poderoso dentro de la estrategia (abortada) de Gelbard –el plan de Perón- para incorporar otro sector, mediano, al bloque de poder económico. En caso de lograrlo, eso hubiera significado que el Estado podía apoyarse sobre una porción del empresariado más ligado al mercado interno.
Por cierto, se dejó a Papel Prensa fuera de la Conarepa para poder otorgarla libremente a Clarín y La Nación.
Y mientras se ponía la lupa en los bienes de los "depuestos", ellos se quedaban con el país.
Cuando decimos que la dictadura fue genocida, queremos decir que el genocidio es parte sustantiva de su definición.
También lo es su profundo antiperonismo. Así como en Europa y EEUU no suelen entender al peronismo porque lo analizan con sus propios parámetros, esa incomprensión se extiende a muchos sectores locales de los que se podría esperar mayor conocimiento, y que quizás –como hipótesis- lo analizan con los mismos parámetros de los países centrales.
Por ejemplo, se intenta explicar al peronismo en término de clases, o frente de clases, o movimiento policlasista, o de hegemonía de un sector sobre otro, pero no como una etapa de una nación en formación. A su vez, quienes optan por este último sentido, suelen tener presente el modelo de formación de las naciones europeas con hegemonía de las burguesías nacionales, cuando ese paradigma puede no funcionar en la actualidad.  

Es cierto que los propios peronistas no han hecho mucho para comprender que es o fue el peronismo, pero la historia da cuenta de las realidades efectivas.

domingo, 10 de junio de 2012

EL CAPITALISMO DE ESTADO EN ARGENTINA


Logo de Gas del Estado, una empresa pública eficiente






La lista que sigue incluye las principales empresas públicas argentinas y el año de su creación. 
Se ve, por ejemplo, que el grueso de las líneas ferroviarias no fue construido por los ingleses sino por capitales públicos, y serán desnacionalizadas en el período de Juárez Celman y gobiernos posteriores. 
También se aprecia el rol central que otorgó el peronismo al Estado en lo económico.
La DINIE citada abajo es un conglomerado de más de cien empresas que habían sido incautadas al Tercer Reich durante la guerra. Aunque algunas se liquidaron o fueron devueltas al terminar el conflicto, el peronismo mantuvo en producción a las principales. La dictadura iniciada en setiembre de 1955 manifestó apenas producido el golpe su decisión de restituir a sus sedes europeas las filiales argentinas confiscadas. La indemnización que produjo esta devolución inauguró el Club de París.
Otro centenar de empresas privadas terminaron administradas por el Estado en función de distintos regímenes. Por caso, Siam Di Tella o La Cantábrica (que dirigiera el economista Roberto Lavagna).
En todos los casos se revela que las burguesías industriales locales defeccionaron de su rol en orden a lo que Jauretche llamó los "tres fracasos de la burguesía nacional". 
De haber vivido los '90 habría agregado otro. 
Subterráneos de Buenos Aires fue creada en 1963 como empresa pública nacional.

1862 – Ferrocarril Oeste
1872 – Ferrocarril Andino
1876 – Ferrocarril Central Norte
1897 – Ferrocarril Argentino del Norte
1910 – Administración Nacional de Ferrocarriles de Estado
1912 – Obras Sanitarias de la Nación
1922 – Yacimientos Petrolíferos Fiscales
1927 – Fábrica Militar de Aviones
1937 – Fábrica Militar de Aceros
1939 – Ferrocarril Central Córdoba a Buenos Aires
1941 – Flota Mercante del Estado[1]
1941 – Dirección General de Fabricaciones Militares DGFM
1943 – Soc. Anón. Mixta de Aceros Especiales SAMAE
1944 – Atanor Sociedad Mixta
1945 – Gas del Estado
1946 – Empresa Mixta Telefónica Argentina
1947 – Sociedad Mixta Siderurgia Argentina SOMISA
1947 – Dirección Nacional de Industrias del Estado DINIE[2]
1947 – Agua y Energía
1948 – Ferrocarriles del Estado[3]
1949 – Aerolíneas Argentinas
1950 – Compañía de Navegación Dodero[4]
1951 – Compañía de Transportes de Buenos Aires
1952 – Empresa Nacional de Transportes
1952 – Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado[5]
1953 – Astilleros y Fábricas Navales del Estado AFNE[6]
1953 – Comisión Administradora de empresas Bemberg[7]
1958 – Yacimientos Carboníferos Fiscales
1958 – Editorial Universitaria de Buenos Aires
1959 – Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires[8]
1960 – Industrias Argentinas M.A.N.
1963 – Subterráneos de Buenos Aires
1966 – Carboclor
1967 – Hidroeléctrica Norpatagónica HIDRONOR
1969 – Aceros Ohler SA
1970 – Compañía Nacional Azucarera SA[9]
1970 – Hierro Patagónico de Sierra Grande HIPASAM
1970 – Petroquímica Bahía Blanca SA
1972 – Carboquímica Argentina Soc. Mixta
1973 – Petroqímica Río Tercero SA
1974 – Salta Forestal
1974 – Corporación de Empresas Nacionales CEN





[1] En 1967 pasó a Empresa Líneas Marítimas Argentinas ELMA
[2] Más de un centenar de empresas incautadas al gobierno de Hitler durante la guerra. En 1956/57, el resarcimiento al Estado alemán significó la creación del llamado Club de París.
[3] En 1969, Ferrocarriles Argentinos
[4] En 1967 pasó a Empresa Líneas Marítimas Argentinas ELMA
[5] En 1968 se convirtió en Industrias Mecánicas del Estado IME
[6] En 1970 se convirtió en Sociedad Anónima
[7] Cervecerías, metalúrgicas, financieras, construcción.
[8] Con los bienes de la ex - CADE
[9] Incluyó 5 ingenios azucareros en crisis. 

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