sábado, 18 de septiembre de 2010

Macri sube subisidios a la educación privada y baja los de la pública

Leemos en el blog Alternativa Solidaria que el gobierno de Macri subsidia a colegios privados que cobran cuotas de hasta $ 1600.


St Andrew's Scot School




La nota completa:
Lo indica un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que solicitó un habeas data para que el gobierno porteño ofrezca detalles sobre esa subvención. La medida fue apelada por la administración macrista.
En lugar de especificar el criterio y los detalles acerca de los cuantiosos recursos públicos que se destinan a subvencionar colegios privados, el gobierno porteño apeló una medida de la justicia que obligaba a brindar esa información, por pedido de una ONG. Según informes de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y de legisladores de la oposición porteña, en plena crisis de la educación pública, la administración macrista subsidia a escuelas privadas que cobran cuotas de hasta $ 1600 mensuales, con un presupuesto fijo de más de 800 millones de pesos, y que se calcula que superará los 900 millones por incrementos salariales.
En julio de este año, la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Alejandra Petrella, hizo lugar a la acción de habeas data de ACIJ, que ordenó al GCBA proporcionar en quince días, y bajo apercibimiento de recibir sanciones, la información detallada sobre el criterio, los montos y los porcentajes de los aportes entre 2006 y 2010.
Ahora la ONG pidió que se rechace la apelación y se confirme la sentencia, argumentando que el gobierno de la ciudad sólo contestó uno de los tres pedidos y que, en los otros dos, la información es “incompleta, escasa y contradictoria”. Por ejemplo, no hay datos sobre los montos de los aranceles, ni sobre los valores absolutos de los subsidios que recibe cada instituto, así como tampoco si fueron autorizadas cuotas extraordinarias para mantenimiento. También aseguran que en la página Web faltan datos de los años 2006, 2007 y 2008 y que en los cuadros correspondientes a 2009 hay graves contradicciones, como el hecho de que 130 instituciones educativas figuran con distintos aranceles, a pesar de que no varía ni el nivel educativo ni la modalidad.
El legislador del Encuentro Popular para la Victoria, Francisco “Tito” Nenna, vicepresidente de la Comisión de Educación de la Legislatura, advirtió en un informe que los colegios que más subsidios reciben son aquellos que cobran cuotas de alto valor, como “el San Columba, con un arancel de $ 648,52 para la escuela media, el Instituto Summa, con un arancel para primaria de $ 733,91; Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, cuyo arancel informado es de $ 1189,80 para la escuela media y de $ 1094 para la primaria”. También señaló que la distribución de dinero es mayor en los distritos de clase media y alta ($ 14.956.236,17) y muy inferior en aquellos de clases medias y bajas ($ 6.610.120,78).
A su vez, el informe de ACIJ compara el porcentaje de subsidios destinado a la masa salarial docente, con la cuota que cobra cada institución. Por ejemplo, el colegio La Salette recibe un subsidio del 100% y cobra un arancel de $ 345,20, y el colegio Mekhitarista percibe un monto del 60% y su cuota alcanza los $ 1616.
Antes de llegar a la justicia, la ONG había hecho dos pedidos de informes a la Dirección General de Educación de Gestión Privada amparados en la Ley 104, pero no hubo respuesta.
Tanto el artículo 65 de la Ley de Educación Nacional como el artículo 25 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires determinan que la contribución estatal destinada a salarios docentes debe estar basada en criterios objetivos de justicia social y dando preferencia a las instituciones que reciben alumnos de menores recursos. Sin embargo, ACIJ estableció que sólo el 50% de los cuantiosos recursos se destinan a escuelas con aranceles más bajos.
Las conclusiones de la ONG son elocuentes: “Parte del aporte estatal destinado a educación de gestión privada contribuye a profundizar desigualdades educativas entre los sectores más pobres y ricos de la ciudad”, porque el presupuesto que se destina a esas escuelas con altas cuotas “se sustrae de la educación de gestión estatal, a la que asisten los alumnos que padecen peores condiciones de acceso a la educación”.
 
Queda perfectamente claro por qué entonces, Esteban Bullrich ataca a la educación pública.

miércoles, 15 de septiembre de 2010

La justicia se va limpiando de maleantes



De todas las burocracias estatales, es en la Justicia donde se han refugiado los huevos de la serpiente que dejó la dictadura cívico-militar. 


Leemos en El Sol Online, diario de Mendoza:


Miret presentó su renuncia para intentar evitar su posible destitución

Lo hizo ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Sin embargo, el Consejo de la Magistratura decide mañana si será sometido a juicio político.

El voto unánime de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación, el jueves, lo desanimó al punto de tomar la drástica decisión que concretó ayer en Buenos Aires. El camarista federal Luis Miret, quien se encuentra imputado por omitir investigar 31 hechos, entre ellos varias desapariciones durante la última dictadura militar, presentó su renuncia al cargo ante el Ministerio de Justicia de la Nación, que deberá remitirla a la presidenta Cristina Kirchner, en un trámite que puede llevar varios meses. Precisamente por esto, la investigación en su contra en el Consejo de la Magistratura no se verá paralizada y mañana se podría decidir la apertura del juicio político en su contra.
RENUNCIA. Según explicaron fuentes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la renuncia de Miret no se basa ni en la investigación que el Consejo de la Magistratura tiene en su contra ni tampoco en la imputación dictada por el juez Walter Bento, que en las próximas semanas se podría transformar en procesamiento. El escrito presentado por el camarista explica que el pedido para que el Poder Ejecutivo acepte su dimisión es debido a que él ya cumple los requisitos para jubilarse, es decir, edad y aportes. 

Esto tiene su explicación lógica y es que, en caso de que sea aceptada su renuncia, Miret podría llegar a cobrar miles de pesos mensuales de jubilación, pero si es destituido por el Consejo de la Magistratura, como previsiblemente ocurra, el camarista se quedaría sin ese beneficio.
FUTURO. La renuncia de Miret no afectará el proceso en su contra en el Consejo de la Magistratura, salvo que su solicitud sea aceptada, lo que recién podría pasar dentro de varias semanas o, incluso, meses. Mañana está previsto que se reúna el plenario del Consejo de la Magistratura y trate, justamente, la denuncia en contra del camarista y que la semana pasada obtuviera apoyo unánime de la mayoría de los miembros del plenario, reunidos en la Comisión de Disciplina y Acusación.
La razón de seguir con el proceso es que si bien Miret presentó la renuncia, continuará en su cargo hasta que esta sea aceptada, a excepción de que el plenario apruebe iniciarle juicio político lo que provocaría, en ese caso, que el camarista sea suspendido de sus funciones. Según explicaron fuentes de la Justicia federal, el viernes, Miret ya se marchó del edificio con la idea de renunciar. La decisión de la Comisión de Disciplina llegó casi al mismo tiempo que el fin de su indagatoria ante el juez Bento y el fiscal Omar Palermo, que en este momento sigue en proceso pero tomando declaración al también ex magistrado Guillermo Max Petra Recabarren.
Las mismas fuentes descartaron que el otro investigado por el Consejo y también imputado en la Justicia federal, Otilio Romano, siga el mismo camino de Miret. De hecho, especificaron que Romano ha buscado dilatar tanto el proceso en la Magistratura como en la Justicia para ganar tiempo y terreno. Es así que espera que el miércoles 21, el presidente del Colegio de Abogados de Mendoza, Daniel Ostropolsky, sea elegido entre los letrados para integrar el Consejo de la Magistratura y así obtener su apoyo –ya que, según las mismas fuentes, tienen buena relación–, en caso de que la denuncia en su contra avance hasta llegar al plenario. La esperanza de Romano, además, está puesta en la elección de los jueces que integrarán el Consejo. Esta también se realizará hoy y entonces Romano podría conseguir más apoyos que lo ayuden a “salvarse”. EL
ANTECEDENTE. Si la renuncia de Miret es aceptada por el Poder Ejecutivo Nacional, no será el primer caso de un camarista que podía llegar a ser destituido y decidió seguir el camino de la renuncia para salvarse de un juicio político y mantener el beneficio de una jubilación. El año pasado, tras ser mencionado en San Luis en un juicio por delitos de lesa humanidad por varios testigos, el ex integrante de la Cámara Federal de Apelaciones, Carlos Pereyra González, renunció debido a que los testimonios lo dejaron al borde un juicio político que sorteó gracias a su dimisión.
En el debate en San Luis, algunos testigos aseguraron que Pereyra González estuvo frente a ellos cuando estos tenían señales de haber sido torturados y el camarista no hizo nada por ninguno. Incluso, un testigo aseguró que el camarista le dijo en una ocasión que presenció una sesión de tortura contra una joven que luego fue asesinada.


domingo, 12 de septiembre de 2010

Las tomas de la FUBA no tienen nada que ver con la lucha del secundario contra Macri

Coinciden con los estudiantes secundarios movilizados contra el gobierno menemista de Mauricio Macri, pero sus motivaciones no son políticas sino politiqueras: esta FUBA que apoyó la gestión corrupta de Shuberoff al frente de la UBA, ahora descubre que el edificio de sociales todavía no está en condiciones de funcionar.
Su objetivo más evidente: invisibilizar la lucha de los pibes del secundario y coincidir con las opiniones gorilas de Eduardo Feinmann, un mediocre que, equivocando la profesión, debió hacer un cursillo en la locacademia de policía de la calle Rosario.
No es improbable que Esteban Bullrich y Rodríguez Larreta alienten este movimiento, amparado por el apoliticismo del estudiantado universitario.
Aquí, Rubén Levenberg escribe sobre la cuestión con el título Cómo destruir una facultad y jugar a la revolución desde Barrio Norte:
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El 31 de agosto pasado el Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales decidió tomar las tres sedes de la facultad. La razón es que todavía no se les responde al reclamo de que la facultad destine parte de su presupuesto a financiar a sus militantes en lugar de destinarlos a la enseñanza universitaria. También están "enojados" porque las autoridades de la facultad les reclamaron que cesaran con el uso ilegal del edificio, ya que los viernes y sábados lo subalquilan para fiestas privadas, parecidas a la del Teatro San Martín, pero con daños que obligan a las autoridades a hacer reparaciones y pagar multas por las denuncias de los vecinos, entre otras cosas.

La excusa -que es lo único que los medios publican- es que todavía no está terminado el edificio nuevo en el barrio de Constitución. No dicen que es un edificio construído con las mejores condiciones y que está en plena y avanzada construcción.

Además de impedir que se dicten clases -o presionar a los profesores para que lo hagan en la calle, con riesgo personal para alumnos y docentes y sin condiciones pedagógicas mínimas- el Centro de Estudiantes impidió que se realizaran concursos docentes -para que algunos ad-honorem tuvieran su renta- y otras actividades tanto o más importantes.

Ahora, para completar su campaña revolucionaria, forzaron una puerta del edificio nuevo para construir un bar. ¿Seguirán los medios de comunicación hablando de los "chicos" que reclaman por condiciones edilicias o por solidaridad con los estudiantes secundarios de la Ciudad de Buenos Aires? Todo es posible. Aquí va el comunicado con el que la facultad denuncia los daños que están produciendo.

Daños al nuevo edificio

Las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales desean denunciar que en el día de ayer, miércoles 8 de setiembre y en el marco de la toma de las sedes iniciada el 31 de agosto, un grupo de estudiantes, constituido en una supuesta comisión por el comedor, ocupó el aula 06 del nuevo edificio de Constitución para armar un bar.

El día jueves en las primeras horas de la tarde ingresaron a la sede una mesada, ladrillos y material para instalar dicho bar. Alrededor de las 19hs comenzaron a romper el baño de damas de la planta baja, realizando un boquete en la pared lindera entre el aula y el baño para “pinchar” la instalación de agua y llevar ese servicio hasta el espacio áulico antes mencionado. Resulta paradójico y lamentable que en el contexto de un conflicto que supone reclamos acerca de la infraestructura se esté destruyendo la sede en mejor estado de la Facultad. El Edificio del barrio de Constitución fue inaugurado en 2007 con la mudanza de la Carrera de Trabajo Social y allí se construye el edificio definitivo en tres etapas, la segunda de las cuales está próxima a finalizar.

Lamentamos enormemente, aunque no nos sorprende y lo venimos sosteniendo, el desprecio por el bien común y el patrimonio público. Instamos a los responsables de semejante ejercicio de violencia sobre el espacio de todos que desistan de sus acciones y llamamos a la comunidad toda a condenar este tipo de prácticas 

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