A confesión de parte...

Leemos en La Otra:




Sobre el ADN de los hermanos Noble Herrera

por Daniel Cholakian / La Otra


Desde el viernes 17 de junio, día en que se hizo pública la decisión de no recurrir la sentencia del tribunal de casación y admitir la comparación del ADN de Marcela y Felipe con los datos de todas las familias registradas en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), una larga serie de conjeturas se desplegaron para explicar el repentino cambio de acción de ellos y su grupo. Más allá de los argumentos usados por ellos, que justificaban tal decisión en el cansancio moral por la “persecución” judicial, una duda generalizada ensombreció el momento en el que se alcanzaba aquello por lo que se luchó durante años.
Las respuestas al ¿por qué ahora? se concentraban en la idea de que los integrantes del grupo habrían obtenido información que les permitiría garantizarse el resultado. Y la información obtenida sería que la identidad de Marcela y Felipe no se corresponde con ninguna de las familias registradas en el BNDG. Las hipótesis sobre el modo en que habría llegado a esa certeza son diversas. Salvo marginalmente, nadie abonó teorías conspirativas, pero lo cierto es que no hay tantas vías para llegar a tal certeza. Una de las vías posibles es que la señora Herrera y sus allegados supieran los nombres de los padres de Marcela y Felipe y que pudieran constatar, a través de información que es pública o fácilmente asequible, que sus familiares no están tipificados en el BNDG. De ese modo, se asegurarían el resultado final del estudio. El problema se plantea cuando se analizan otras posibilidades para explicar que Herrera haya accedido a una información precisa. Cualquier otro modo de acceder a esta certeza supone la colaboración de alguien que tuviera información más compleja. Nadie se hubiera animado a afirmar – aunque sí a proponer como hipótesis– una operación de tal orden.
Sin embargo, en su edición del día 25 de junio de 2011, el diario Perfil –a esta altura un vocero oficioso del grupo Clarín– despliega dos notas sobre el caso de los hijos irregularmente adoptados por la señora Ernestina Herrera. Estas notas contienen afirmaciones que, leídas correctamente, permiten escalar en las conjeturas. La más interesante de ellas (leer aquí), abre una extraña puerta a una hipótesis que incluye el manejo de información de más difícil acceso. La nota explica el motivo de la abrupta decisión de los hijos adoptados de la señora Herrera. La misma está definitivamente basada en la certeza de que los perfiles de Marcela y Felipe no coincidirían con ninguno de los registrados en el BNDG. Pero lo sorprendente es que el modo en que se llegó a tal confirmación incluye el asesoramiento de la Dra. Ana María Di Lonardo. Es necesario aclarar que Di Lonardo fue directora del BNDG desde su inicio hasta que fue reemplazada en marzo de 2006. Luego del decreto que la apartaba del BNDG por haber llegado a la edad jubilatoria, ella inició una causa contra el estado en la que es patrocinada por Pablo Jacoby, socio del ex juez Cavallo.
Lo que abre puertas a nuestras conjeturas son las vagas afirmaciones desarrolladas en el artículo. En él se asegura que se contrastaron los perfiles de los jóvenes adoptados irregularmente con 60 familias. ¿Qué datos se cotejaron? ¿Para qué fue necesaria la colaboración de Ana María Di Lonardo? Si bien se afirma que “la investigación demandó el cotejo de las fechas de adopción de Marcela y Felipe con sesenta expedientes de familiares de desaparecidos” no parece que para este análisis -cotejar fechas de supuestos nacimientos de niños apropiados cuyas familias hubieran dejado su impronta en los registros del BNDG con las de Marcela y Felipe– se requiera del asesoramiento de la ex directora del banco. Parece poco probable que Ernestina  Herrera y sus allegados no pudieran acceder por sí mismos al listado público de familias registradas y le pidieran esa información a Di Lonardo, con el fin de realizar la comparación de nombres. No obstante, si Di Lonardo hubiera brindado su colaboración de este modo, sería éticamente cuestionable.
Una posibilidad –casi improbable- es que hayan cotejado las muestras de ADN de un grupo importante de familias potencialmente ligadas a los jóvenes con el ADN de ellos. Esto solo sería posible si estas familias se hubieran prestado a la extracción de sus muestras biológicas en forma privada a pedido de los asesores de Noble. Suena casi descabellado que 60 familias hayan brindado sus perfiles voluntariamente al Dr. Cavallo para ese cotejo. Aun cuando esto hubiera ocurrido, no sería necesario para ello la colaboración de la Dra. Di Lonardo. Los peritos de parte del grupo, la Dra. Primarosa de Chieri y el Sr. Alejandro Ruiz Trevisan, están sobradamente capacitados para la tarea. Sin embargo, -insistimos en proponer conjeturas a partir de la nota de Perfil-, se señala que Di Lonardo, ex directora del BNDG, fue contratada como asesora en el análisis de los casos que les permitieron asegurarse de que no habría perfiles compatibles con los Noble Herrera en el banco. ¿Qué motivó tal contratación? ¿Qué información o saber especial podría tener Di Lonardo que no tuvieran sus otros asesores en la materia?
En tren de trazar suposiciones que respondan a esa pregunta, podemos imaginar que ella conocía los datos precisos de los familiares que habían dejado sus muestras en el BNDG. Y que el juez Cavallo, tomando en cuenta la fecha de nacimiento certera o probable de Marcela y Felipe, realizó una búsqueda en todos los juzgados donde hay denuncias de niños apropiados. Y que, además, con la información de esas causas confeccionó una lista que incluiría a los posibles familiares de Marcela y Felipe. Lista que pudo haber sido cotejada con los datos que la Dra. Di Lonardo podría aportar acerca de familias incluídas en el BNDG, para buscar coincidencias. Si ningún grupo familiar está presente en ambas listas, puede asegurarse que no habría problemas en la entrega de muestras.
Sin embargo, es difícil aceptar que esta profesional -que por años sostuvo la tarea de identificar a niños apropiados durante la dictadura- colaborara de este modo, éticamente objetable, con el Dr. Cavallo. ¿Por qué, entonces, Perfil asegura que ella fue quien permitió alcanzar la certeza de que los familiares de estos jóvenes no habrían dejado sus muestras en el BNDG? De la respuesta a esta pregunta –que solo podemos responder con supuestos– depende el grado de aquella certeza. Porque aun creyendo que la Dra. Di Lonardo hubiera podido tener datos sobre esas familias en alguna computadora de su propiedad, los mismos solo abarcarían el período hasta el cual ella fue directora, cargo que debió declinar, como señalamos antes, en el año 2006. Por ello, cualquier base de datos que ella eventualmente dispusiera, estaría incompleta. Es cierto que luego de casi 20 años de labor al frente del instituto, las relaciones con sus miembros pueden ser fluidas, y que entonces podría haber algún acercamiento infiel, pero esta suposición es desmentida por infinidad de testimonios que descreen de la posibilidad de infidencias en relación con los datos resguardados por el BNDG.
Más allá de las conjeturas, el artículo da por cierta una idea clave: o bien la señora Herrera de Noble y sus  asesores saben con certeza, o bien tienen sospechas ciertas de que los jóvenes son hijos de desaparecidos. En caso contrario, no habrían realizado la investigación referida en la nota. No se habrían asegurado la incompatibilidad con las muestras almacenadas antes de prestarse al estudio voluntariamente. El problema para ellos es la puerta de futuro que queda abierta al dejar registrado el ADN de ambos jóvenes.
He aquí, entonces, el otro punto de la estrategia que no fue hecho explícito por Clarín ni por sus medios amigos, y que incluso se relató tergiversando la naturaleza de una decisión de la jueza Arroyo Salgado, como ocurre en el siguiente artículo del mismo diario (clickear aquí). En este artículo se narran las circunstancias por las que se habría demorado el procedimiento del pasado viernes 24 de Junio. Se habla de un modo erróneo sobre las impugnaciones que se hicieron sobre la perito de parte que acompañaba al Dr. Llonto, la Dra. Mariana Herrera. Pero lo trascendente es la última polémica que retrasó el procedimiento. Luego de haber entregado sus muestras, los abogados quisieron dejar sentado en actas, como proponían en el confuso escrito que presentaron al desistir de la apelación, que no dejarían que las muestras sean utilizadas para su comparación con futuras familias que pudieran presentarse. Esto, obviamente, reafirma lo intuido hasta ahora: saben que no están entre los familiares en el banco, pero también saben que pueden aparecer. Adujeron que, habiendo entregado las muestras voluntariamente, era legítimo poner esta condición.
¿Cómo interpretaron los medios amigos de Clarín lo que sucedió? De esta manera: “Otro cortocircuito se produjo cuando la jueza les dijo que, de acuerdo a lo que marca la Ley del BNDG en su artículo sexto, había que extraer muestras de células dactilares. La defensa se opuso. La insistencia llevó a que la jueza se apartara con los abogados de los Noble, incluyendo a Padilla Fox (de la defensa de Ernestina), para charlar en forma privada. Luego, con consenso de los peritos, determinaron que no era necesario que se sacara de manera compulsiva células dactilares porque con la sangre y la saliva ya era suficiente para obtener ADN” (…) "El tercer problema que se suscitó fue cuando Arroyo Salgado les comunicó a los abogados defensores que tenían que dejar las muestras en el BNDG aun si el resultado daba negativo. Eso frecuentemente se hace por si aparecen nuevos familiares de desaparecidos que van a dejar sus datos genéticos al BNDG, porque descubren después de mucho tiempo que podrían tener un nieto. Los letrados de la defensa primero se opusieron, pero luego brindaron su consentimiento". Dos problemas donde en realidad hubo uno. Cuando la defensa de los jóvenes exigía que en las actas constara que no se prestaban a dejar sus muestras para la comparación futura, la jueza dijo claramente que entonces dejaba de lado la extracción voluntaria y decidía, en ese mismo momento y por las facultades que le fueron conferidas por el tribunal de casación, realizar una toma compulsiva. Y que la misma se haría con un sistema de toma de huellas dactilares sobre un papel especial que permite que allí se depositen células epidérmicas, de las cuales se puede extraer ADN. Y como la toma definitiva sería compulsiva, ellos no tenían alternativas ni podían imponer condiciones. Es por ello que los abogados y los Noble Herrera se reunieron en un cuarto en solitario, y de esa reunión salió la aceptación de dejar las muestras que ya se habían tomado para el cotejo futuro *.

Lo cierto es que de la información que aporta Perfil y de datos concretos se puede interpretar:
1) La estrategia seguida en la causa responde a los asesores de la señora de Noble y a su propia convicción. La decisión de entregar voluntariamente muestras en el BNDG corresponde pura y exclusivamente al grupo empresarial y no a Marcela y Felipe.

2) Esta decisión está basada en la certeza de que las mismas no resultarán compatibles con ninguna de las actualmente registradas en el BNDG.

3) La asociación entre el ex juez Cavallo y la Dra. Ana María Di Lonardo ha resultado clave para que hayan podido arribar a tal conclusión.

4) La ostensible negativa original a que los perfiles de ADN de Marcela y Felipe Noble Herrera quedaran asentados en el BNDG para comparación en el futuro con nuevas familias que pudieran presentarse, hace sospechar que el grupo tiene certeza o intuición justificada de que los jóvenes bebes han sido apropiados.

Los que buscan la verdad saben que el camino es largo, sinuoso y complejo. Pero que no se puede ocultar esa verdad eternamente. O al menos no se puede mentir a todos todo el tiempo. Tras las maniobras de ocultamiento, se pueden advertir algunas luces.
Lo más increíble es que estas cuestiones no se transparentan por complejas investigaciones llevadas a cabo por periodistas enemigos del grupo o por la propia querella. Lo hace público un diario que en estos tiempos es casi un aliado del Grupo que dirige Herrera de Noble. Parece que Perfil contara la historia que Clarín quiere contar pero no cuenta. Casi, casi como decir: a confesión de partes…


* Según el acta labrada durante la toma de las muestras la jueza determinó hacer la toma dactilar pues es “la técnica de menor afectación e injerencia para las presuntas víctimas” “siendo esta información genética la única que garantizará la eventualidad prevista por el artículo 6, último párrafo, de la ley 26.548”. Este artículo señala que “La información genética ingresada quedará registrada en el Archivo Nacional de Datos Genéticos con el único objeto de asegurar su comparación con los datos que se incorporen en el futuro”. De este modo la Dra. Arroyo Salgado no utilizaría las muestras entregadas voluntariamente por Marcela y Felipe para cotejo futuro y realizaría una toma compulsiva por el método menos invasivo. Ante esta decisión de la magistrada, y en una reunión privada, los jóvenes aceptaron que las muestras ya aportadas se tuvieran en cuenta para dar conformidad al artículo citado.

Un ex juez llamado Cavallo, del Grupo Clarín

El título juega sobre el de una excelente película de 1970, A Man called Horse ó Un Hombre llamado Cavallo, dirigida por Elliot Silverstein y protagonizada por Richard Harris, sobre la historia real de un aristócrata inglés que en 1825 fue apresado por los sioux y llegará a convertirse en su jefe luego de haber sido tratado como un esclavo por los originarios de allá, del Norte. Como se ve, hasta los originarios son un poco brutos. 

El amigo Juan Gasparini nos hace llegar desde Ginebra, una nota reveladora sobre la actuación de Gabriel Cavallo, ex-juez federal y actual abogado del Grupo Clarín.
Una renovación de la justicia sigue siendo tarea pendiente del gobierno, incluyendo los procedimientos judiciales. En estos momentos funciona una comisión de notables que trabaja sobre una reforma integral de los Cödigos Civil y Penal, pero se corre el riesgo de que dictamine el año del arquero porque, como es de suponer, no tiene plazos para expedirse.
Al contrario de la interesada opinión opositora, el Consejo de la Magistratura funciona bien pero debería funcionar mejor.
Que la causa por la identidad de los Noble Herrera recorra los juzgados desde hace diez o quince años; y que la vigencia plena de la Ley de Medios corran el riesgo, como la comisión antedicha, de dirimirse en sede judicial el año del arquero, es prueba de ello, y se sabe que justicia que no llega a tiempo, no es justicia.
Los interesados pueden bajar gratuitamente de aquí la investigación de Juan Gasparini, "La Injusticia Federal". ¡Es free, loco!

El anuncio que el próximo 22 de noviembre de 2011 arrancará el juicio oral por las coimas del Senado, ha motivado multiples notas de prensa. Algunas llevan a creer que la finalización de la investigación penal fue exclusivamente posible por las confesiones en diciembre de 2003 del arrepentido Mario Pontaquarto, y en viritud del descubrimiento de cruces telefónicos comprometedores, destapados con posterioridad por el último juez de instrucción, Daniel Rafecas.

Sin embargo, en mi libro La injusticia federal, publicado en abril de 2005, fue demostrado con pruebas fehacientemente establecidas en épocas del instructor precedente, Gabriel Cavallo, que ya era factible enviar las actuaciones a juicio oral, pero el entonces magistrado no lo hizo, presuntamente para obtener, a cambio, la promoción a camarista.

Tal es así que el gobierno nacional preparó un escrito de denuncia en 2004 para destituir a Cavallo, documento secreto que ahora se puede consultar en mi página web, junto a la integralidad del libro de mi autoria consagrado al caso. Desgraciadamente el proyecto de remover a este personaje de la función pública mediante un juicio político fue abandonado por el gobierno.

El 31 de diciembre de 2007 el camarista pasó a la actividad privada. Primero reapareció de financiero y periodista de ocasión, integrante de la sociedad que explotaba el diario Crítica de la Argentina, que terminó con todos sus trabajadores en la calle. Después empezó a operar de abogado. Descolla actualmente como defensor de Ernestina Herrera de Noble, propietaria del grupo Clarín, bajo sospecha de una irregular adopción de dos bebes durante el pasado régimen militar.

Mal que le pese a no pocos implicados y cómplices, se mantiene incólume mi reportaje periodístico. Para subir de juez a camarista, Cavallo obstruyó el avance del procedimiento penal mientras fuera responsable de esclarecer los sobornos del Senado, entre el 19 de febrero de 2001 y el 17 de agosto de 2001, dejando sin resolver la situación de los principales imputados (José Genoud, Fernando de Santibañes y Mario Alberto Flamarique).

Nada menos que la hoy Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, lo afirmó oportunamente hace casi diez años: “el juez Cavallo fue ascendido a camarista con el voto de los senadores que estaba investigando”, cargo que obtuvo “pese a que otros candidatos consiguieron mejor calificación al concursar por el puesto en el Consejo de la Magistratra” (La Prensa, 29 de octubre de 2001).

En efecto, durante su mandato de juez federal Cavallo logró que cambiaran el orden que arrojaba la mayoría de los exámenes, pasando a ocupar el primer lugar de una lista por jerarquía “alfabética”, acomodándose a la exigencia que había planteado el presidente De la Rúa de mandar al Senado para aprobación a quien, por mérito, encabezara la terna.

Cavallo no definió cargas penales contra nadie en las diligencias del sonado cohecho en la Cámara Alta, y alejó toda posibilidad de valorar los patrimonios de los senadores incriminados. Entorpeció la acción de los fiscales, Eduardo Freiler y Federico Delgado, apartando del expediente a Rafael Bielsa, responsable de la SIGEN, todos decididos a seguir la pista del dinero, quienes reclamaban la auditoria de las cuentas de la SIDE, y la desclasificación de documentos confidenciales.

El libro diseca el lenguaje de doble discurso practicado por Cavallo, de independencia hacia los medios de comunicación, pero de complicidad para con el poder de turno. Pone el ejemplo que esa conducta se vio al parecer manifestada en la excarcelación que ordenara el 7 de noviembre de 2001 en favor de doce genocidas de la ESMA y de otros seis de los centros clandestinos de la dictadura implantados en Santa Fé, solicitados en extradición por el juez español Baltasar Garzón, represores que no podían ser juzgados en Argentina por las leyes de amnistía vigentes en esa fecha.

El libro evoca también su fallo del 6 de marzo de 2001, que decretaba inconstitucionales tales leyes, supuestamente careció de jurisdicción al producirse en un caso de despojo y apropiación ilegal de una menor, hechos no cubiertos por esas normas, en apariencia tergiversando un Amicus Curiae del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), pidiendo esclarecer el secuestro y desaparición de los padres de aquella víctima, crímenes sí cubiertos por las mentadas leyes.

Quien tiró abajo las leyes fue la Cámara Federal de Buenos Aires, en el entendido que fueron inútiles al ser adoptadas con posterioridad a la ratificación por parte del Estado de instrumentos que las prohibían (la Convención Americana de Derechos Humanos de la OEA, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, y la Convención internacional contra la Tortura) subsanando así la presunta falta de Cavallo. El Amicus Curiae del CELS, retomado por tres prestigiosas ONGs a nivel mundial (Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Internacional de Juristas), fue desestimado por la Cámara Federal.

Juan Gasparini

SALINAS TIENE RAZON: LA CAUSA NOBLE HERRERA NO TIENE 10 SINO 15 AÑOS

Escribe Juan Salinas en su blog Pájaro Rojo:


"La denuncia judicial de la apropiación de ambos bebés la hizo mi amiga Ana Elisa Feldman de Jaján el 24 de agosto de 1995... Es decir, pronto va a cumplir 16 años".




Post completo aquí.
No entiendo por qué se insiste con los 10 años. Ni por qué se sigue ponderando al ex-juez Marquevich, reemplazante, en favor de la corporación judicial, del mediático Alberto Daniel Piotti en el juzgado de San Isidro, y que operó sospechosamente en el caso del jarrón de Cóppola y el operativo antidrogas conocido como Strawberry.

Sostengo, en tren de hipótesis porque no tengo modo de probarlo, que Marquevich actuó como su maestro Piotti, encarcelando a la viuda de Noble para obtener un jugoso rédito.

Y eso no es todo:

 Entre octubre de 1996 y febrero de 1997, según investigaciones realizadas con el sistema Excalibur por orden de la Sala II de la Cámara Federal de San Martín, Marquevich se comunicó al menos veinte veces con la empresa Yabito del grupo Yabrán. En la misma investigación apareció un similar número de llamadas entre el celular de juez y el procesado (por el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas en Pinamar) ex - suboficial del Ejército Gregorio Ríos y la ex - secretaria del suicidado empresario postal, Esther Rinaldi. Según denunció el ex - chofer de Marquevich, Ríos concurría habitualmente al juzgado.

Comunicado de Abuelas. Nuevo freno a la causa Noble

COMUNICADO DE PRENSA

Ref. Un nuevo freno en la causa Noble.

Abuelas de Plaza de Mayo comunica que la Cámara Federal de San Martín elevó la causa que investiga la identidad de los jóvenes Marcela y Felipe Noble Herrera a la Cámara Nacional de Casación Penal para que este Tribunal resuelva los recursos interpuestos por sus abogados, Roxana Piña y Alejandro Carrió, contra la orden de obtener ADN con o sin su consentimiento.

Esto significa que hasta que la cámara de Casación no se pronuncie, los estudios genéticos no podrán practicarse, demorando una vez más la resolución del caso. Si bien la Cámara de San Martín había confirmado la realización de los estudios, una vez más este sistema judicial favorece la dilación de la causa. Ahora la Cámara de Casación  tiene 30 días para responder, según lo previsto en la ley.

Esta decisión llega a pocos días de que la causa cumpla diez años en la justicia, no obstante, como en todos los casos, las Abuelas esperamos que finalmente se sepa la verdad y que los nietos que aún esperamos recuperen su identidad.

Buenos Aires, 12 de abril de 2011

DANTESCA EXPERIENCIA. Hijos de Herrera obligados a desnudarse en vía pública

Según denunció la abogada de la familia Noble Herrera, Marcela y Felipe, la jueza de San Isidro, doctora Arroyo Salgado, ordenó a la policía obtener las muestras de ADN incluso en la vía pública de ser necesario.

Los jóvenes fueron obligados a desnudarse en plena calle luego de que una patrulla de policías fuertemente armados los persiguiera en medio del bucólico paisaje de Lomas de San Isidro donde conviven estrellas de la farándula, dueñas de medios concentrados, miembros empobrecidos de la patria financiera, la familia Yabrán y algunos exiliados colombianos.
"La dictadura K no tiene límites", dijo la doctora Roxana Piña luego de aclarar que no tiene parentesco con el historiógrafo kirchnerista Felipe Pigna.
La foto, antes de los increíbles detalles de la dantesca experiencia.