EL JP MORGAN EN EL GOBIERNO DE MACRI

 Leemos en http://poesiayramosgenerales.blogspot.com.ar/2016/02/funcionario-extranjero-dehl-jpmorgan.html de Nando Bonatto

Un miembro del JP Morgan formará parte del gobierno de Macri como jefe de asesores del ministro de Hacienda Prat Gay.




Una nueva estrella del firmamento financiero global acaba de desembarcar en el Gobierno Nacional: se trata de  Vladimir Werning, Director ejecutivo y jefe para Latinoamérica de JP Morgan.
El mismo Werning le confirmó a Infobae que dejará el banco estadounidense para unirse al Ministerio de Economía como jefe de asesores del ministro Prat Gay. El especialista, dice el portal: “(Prat Gay) goza de alta reputación  en Wall Street”.
En una entrevista en el diario español El Mundo, Wening, asegura que los países emergentes como el nuestro deben si o si, promover un ajuste y bajar el consumo para sortear la “crisis” global.
Continua el economista: “Creo que varios Gobiernos tenían esa impresión a principios de año. Los precios son volátiles e igual que sorprenden a la baja podrían eventualmente rebotar. Pero, con el ajuste de precios internacionales más reciente y la incertidumbre sobre China, ha aumentado la conciencia de los funcionarios sobre la mayor probabilidad de escenarios difíciles para el crecimiento. Reconocer un diagnóstico más realista es sólo la mitad del desafío; el siguiente paso supone aplicar ajustes, lo que no es sencillo. En la época de bonanza se hicieron muchas promesas, se extendieron derechos económicos que ahora se perciben como adquiridos y creció el tamaño del Estado del bienestar.  
Reajustar las expectativas a la realidad es políticamente incómodo.”
“Los datos del segundo trimestre muestran contracciones en las tres regiones emergentes. Eso sí: la caída de los precios de materias primas afecta negativamente a América Latina y debería beneficiar a la Asia emergente. Así, el ajuste de Asia resulta relativamente más sorprendente. En América Latina, a diferencia de la crisis de 2008-2009, no hay espacio para relajar la política monetaria -debido a inflación alta o a los déficit de cuenta corriente- y tampoco la fiscal -por el alto nivel de gasto y la pérdida de recursos debida a la caída de los precios de materias primas-. Así que la inversión está deprimida y, debido a los déficit por cuenta corriente, hay poco espacio para que rebote. La única opción es que se modere el consumo, y en esa transición se encuentra hoy la región. Encima, estas economías también están en un proceso de ajuste de costos en dólares, pues perdieron mucha competitividad por la inflación generada por las políticas procíclicas fiscales y monetarias de años pasados.”

MILAGRO SALA. SECUESTRO LEGALIZADO

Leemos en http://rambletamble.blogspot.com.ar/2016/02/la-justicia-en-la-era-macri-secuestro.html

 

 

 

 

 

Por Raúl Eugenio Zaffaroni

A veces se hace necesario recapitular y explicar. En el caso de la detención de Milagro Sala, que va adquiriendo la dimensión de un escándalo institucional sin precedentes en los treinta y dos años de vida constitucional continuada que por suerte tenemos, es menester hacerlo, aunque la explicación requiera meterse en cosas algo técnicas, pero que el público debe conocer.

1) La detención la decide una Justicia cuya cabeza –el Superior Tribunal de la Provincia– se amplió en una sesión nocturna de la Legislatura. Dos de los diputados del oficialismo que votaron la ampliación fueron de inmediato nombrados jueces del Superior Tribunal “autoampliado”. Estas cosas no las hizo ni Menem en sus mejores tiempos, pues no se puede negar que en general fue mucho más prolijo.

2) Se la detiene por orden de un juez que, de inmediato, pide licencia. La imputa por el delito del art. 194 del código penal, es decir, por “impedir, estorbar o entorpecer el normal funcionamiento de los transportes por tierra”.

Este artículo fue introducido en 1968 por una ley “de facto” de Onganía, sin indicación de fuente ni referencia a derecho comparado, y reemplaza el antiguo texto original del código que penaba el levantamiento de rieles ferroviarios.

El mismo artículo requiere que no produzca “peligro común”, o sea, riesgo de catástrofe, porque en tal caso configuraría un delito contra la seguridad pública. Pero esto no significa que no requiera la producción de algún peligro, dado el antecedente del “levantamiento de rieles”.

No se trata de penar una simple molestia que puede ser motivo de una contravención provincial o municipal, sino cualquier peligro que no sea de catástrofe, pero que en el caso debe ser de vida o integridad física de alguien, porque levantar un riel de ferrocarril puede no producir el riesgo de una catástrofe, pero siempre implica un cierto riesgo para la vida o la integridad de alguna persona.

En este caso no hay riesgo alguno para nadie, porque lo único que se perturba es el transporte urbano, que deberá circular por otras arterias.

Aplicar literalmente el texto del artículo 194, sin tomar en cuenta el derecho a la protesta pública, considerando que toda reunión de personas perturba de alguna manera la circulación de personas y vehículos, implicaría cancelar el derecho constitucional de reunión y de petición colectiva.

Pero la perturbación del tránsito urbano no la produce Milagro Sala, sino miles de personas. Aun cuando esos miles de personas de reúnan en las aceras, obligarían a los transeúntes a circular por las calzadas y, por ende, perturbarían la circulación y estarían cometiendo un delito.

Esto es así porque el cuerpo de cada uno de nosotros ensucia o molesta, perturba, y muchos cuerpos juntos más aún, pero los humanos, individual o colectivamente, hasta hoy y en esta tierra, no podemos prescindir de nuestros cuerpos.

Tomar literalmente este artículo implica, pues, prohibir la reunión de personas.

3) Como esto es bastante endeble, se le imputa el delito de “sedición” del artículo 230, que se comete cuando “una fuerza armada” o “reunión de personas” peticiona a nombre del Pueblo.

Siempre se entendió que cuando se trata de una reunión de personas debe haber por lo menos una amenaza de violencia, es decir, un peligro análogo al de una “fuerza armada”, porque de lo contrario deberían ser procesados todos los políticos que en sus mítines de campaña invariablemente hablan en nombre del Pueblo.

Se pretende agravarlo porque hay niños, aplicando el artículo 41 del código, que agrava la pena de quien se vale de un menor para cometer un delito, pensado en general para el robo. De este modo, un signo de “no violencia” lo convierten en una agravante.

4) Como se considera que todo esto es delito y Milagro no cesa de apoyar la protesta pública, se la considera incursa en “instigación pública a cometer delitos” (art. 209 del código), o sea, en definitiva, sería una instigación pública a cometer “no delitos”.

5) Cuando todo esto se viene abajo y se la excarcela, se le imputa de inmediato “administración fraudulenta” (art. 173 inc. 7º) y de este modo sigue presa, pero como ese delito tiene una pena máxima de seis años, es excarcelable (creo que casi nadie sufre prisión preventiva por este delito en el país).

Para evitar la excarcelación por el nuevo “delito”, se le imputa “asociación ilícita” (artículo 210 del código).

La asociación ilícita se consuma si tres o más personas, aunque sea en una noche de borrachera, se ponen de acuerdo para cometer “delitos”, sin que luego hagan nada. Obviamente, esto, interpretado literalmente, es inconstitucional, al menos en delitos que no sean de genocidio, terrorismo o algo parecido.

Es sólo un acuerdo y está muy lejos del primer acto de tentativa de cualquier delito. Además, con la interpretación literal, la pena es irracional: el simple acuerdo para cometer hurtos en tiendas (pena de un mes a dos años del delito consumado) tiene una pena de hasta diez años, aun cuando ni se intente ningún delito de hurto.

Todos sabemos que el art. 210 (asociación ilícita) no es más que un instrumento que sirve para que en la instrucción se niegue la excarcelación, aunque luego no se llegue a ninguna condena.

En nuestro código originario de 1921 tenía una pena muy leve, pero en 1974, con motivo de la violencia política, se la aumentó y eso quedó y hasta se empeoró.

Además, como si todo esto fuera poco, no es posible negar que la genealogía de la asociación ilícita se remonta a los tiempos en que la huelga era delito, como instrumento de represión contra los sindicatos.

No decimos nada nuevo con esto, por cierto. Sólo recapitulamos la lógica retorcida, antijurídica y republicanamente inconstitucional con que se maneja este verdadero secuestro legalizado.

Si Milagro fue o no prolija en el manejo de fondos y eso quiere investigarse, que se lo haga, pero legal y constitucionalmente, en un proceso con jueces imparciales y no con parientes y correligionarios y, mientras tanto, que se la excarcele, como se hace con todos los procesados por ese delito.

Este festival de bochornosas aberraciones penales, de inventos pseudojurídicos sin mucha imaginación –por cierto–, es escandaloso.

A todo lo anterior, no es posible omitir algo que llama la atención: Milagro es diputada regional y, por ende, tiene fueros que no impiden el procesamiento, pero sí la detención.

No es cierto que esos fueros son “inconstitucionales” porque no se pueden crear por ley, dado que en este caso no están creados por ley sino por un tratado internacional que compromete al Estado Argentino.

Como aun en medio de los trances más dramáticos no podemos caer en la tristeza ni perder el humor, me permito reprocharme como profesor de derecho, que he reprobado a muy pocos alumnos. También, ya que estamos y de paso, me permitiría sugerir a los jueces “creativos” que exploren otras posibilidades: quizá pueda pensarse que toda reunión de personas es contaminante y apelar a alguna figura de protección del medio ambiente. Pero por las dudas les advierto que no existe ninguna figura de “aborto calificado por escalamiento”.

ARANGUREN. LA EXCELENCIA, 12 AÑOS ATRÁS

El monumental aumento de las tarifas eléctricas domiciliarias en el Gran Buenos Aires es un anticipo de lo que espera a Argentina en el futuro. El pueblo a veces se equivoca.

Sobre la excelencia a la que se refirió ayer el actual ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren

relataré algunos hechos, entre personales y políticos, capaces de ponerle un marco más o menos completo al tarifazo anunciado.

Aranguren puede dar múltiples falsos argumentos que sólo convencerían a un  incauto.

Doce o trece años atrás tenía mi domicilio en Pavón al 3000, entre Urguiza y La Rioja,en el barrio de San Cristóbal. 

En aquellos tiempos veía con creciente interés que una cuadrilla de Edesur iba rompiendo las veredas haciendo pozos de unos 2,50 metros de longitud y descubriendo un tramo de un viejo cable oscuro; a continuación le empatillaban un nuevo cable de color celeste. Luego cubrían con tierra, reponían las baldosas rotas y se retiraban. Al día siguiente repetían la operación en otro tramo de la vereda. Y así, hasta completar toda la cuadra con un cable nuevo.

Pasaron unos días.

De pronto, una tardecita, toda la instalación eléctrica de mi casa (y las de todas las viviendas de la cuadra) estalló.

Las lamparitas encendidas se convirtieron en luminarias: algunas explotaron.

Ya no había computadora, televisor, heladera, radio. Todos los aparatos eléctricos conectados a un cable se habían quemado, estuvieran en uso o no. Como se sabe, los artefactos eléctricos consumen electricidad incluso cuando están en la modalidad de espera

Tras el subsiguiente apagón, los vecinos de la cuadra salimos a la calle y no tardamos en entender: en algún lugar del reparado nuevo cable habían entrado en cortocircuito los dos polos positivos, llevando el doble (entre 380 y 440 volts) de electricidad para el que estaba preparado el sistema eléctrico: 220/230.

La responsable de la excelencia en la prestación era Edesur, en la época en que Aranguren, ex CEO de una multinacional anglo-holandesa, reivindica.

No había sido un lamentable e imprevisto accidente.

Era la consecuencia del abandono de una empresa que no había invertido un peso en muchos años.

De inmediato, los vecinos reclamamos a la prestadora, que primero negó toda responsabilidad, luego nos ofreció un resarcimiento con la condición de que les presentáramos tres presupuestos por cada reparación.

Imagínense.

Pasados largos días y semanas al fin los tuvimos, no sin superar numerosas dificultades.

Hagámosla corta. No recuerdo los valores, pero estimo que estos presupuestos totalizaban unos 150.000 pesos. Nos acercamos al edificio San José, sede de Edesur, y luego de una larga cola, ingresamos al despacho de un ejecutivo que nos ofreció la mitad de lo que representaba el presupuesto más económico. Inútil protestar. Si firmábamos bajo protesta, no nos daban el dinero. Si nos negábamos, había que llevar el asunto a la justicia con un final largo e incierto. En una verdadera actitud mafiosa, tampoco nos dieron un comprobante de pago. A esta excelencia se refiere Aranguren.   

Años después pude conocer más sobre la propia historia de Edesur, que convertí en una investigación periodística y con el correr del tiempo como colaborador en una presentación judicial donde el Estado Nacional acusaba a José Alfredo Martínez de Hoz, Roberto y Juan Aleman, Guillermo W. Klein y otros por la estatización fraudulenta de la Compañía Ítalo de Electricidad, nombre anterior de Edesur.

En el curso de esa estatización había desaparecido un funcionario medio del ministerio de Economía, por lo que posteriormente fue condenado el represor Héctor Vergez a 24 años de prisión en una causa anexa donde se investigó también la desaparición de otras tres personas y que incluia una reducción a esclavitud sexual y otros aspectos escalofriantes.

Los detalles los he relatado in extenso en post anteriores. Esta excelencia y esas condenas forman parte del curro de los derechos humanos a los que alude Macri en una pasmosa síntesis de pensamiento.

La Ítalo, luego Edesur (hoy pertenece al grupo Midlin) había sido propiedad de la suiza Motor Columbus, controlada por la Unión de Bancos Suizos, y prestado servicio eléctrico desde la primera década del siglo XX. En esa larga historia hubo sonados casos de corrupción privada y pública.

El edificio San José sigue siendo la sede central de Edesur, y la generadora de electricidad es hoy la señorial Usina del Arte.