sábado, 28 de mayo de 2011

Un ex juez llamado Cavallo, del Grupo Clarín

El título juega sobre el de una excelente película de 1970, A Man called Horse ó Un Hombre llamado Cavallo, dirigida por Elliot Silverstein y protagonizada por Richard Harris, sobre la historia real de un aristócrata inglés que en 1825 fue apresado por los sioux y llegará a convertirse en su jefe luego de haber sido tratado como un esclavo por los originarios de allá, del Norte. Como se ve, hasta los originarios son un poco brutos. 

El amigo Juan Gasparini nos hace llegar desde Ginebra, una nota reveladora sobre la actuación de Gabriel Cavallo, ex-juez federal y actual abogado del Grupo Clarín.
Una renovación de la justicia sigue siendo tarea pendiente del gobierno, incluyendo los procedimientos judiciales. En estos momentos funciona una comisión de notables que trabaja sobre una reforma integral de los Cödigos Civil y Penal, pero se corre el riesgo de que dictamine el año del arquero porque, como es de suponer, no tiene plazos para expedirse.
Al contrario de la interesada opinión opositora, el Consejo de la Magistratura funciona bien pero debería funcionar mejor.
Que la causa por la identidad de los Noble Herrera recorra los juzgados desde hace diez o quince años; y que la vigencia plena de la Ley de Medios corran el riesgo, como la comisión antedicha, de dirimirse en sede judicial el año del arquero, es prueba de ello, y se sabe que justicia que no llega a tiempo, no es justicia.
Los interesados pueden bajar gratuitamente de aquí la investigación de Juan Gasparini, "La Injusticia Federal". ¡Es free, loco!



El anuncio que el próximo 22 de noviembre de 2011 arrancará el juicio oral por las coimas del Senado, ha motivado multiples notas de prensa. Algunas llevan a creer que la finalización de la investigación penal fue exclusivamente posible por las confesiones en diciembre de 2003 del arrepentido Mario Pontaquarto, y en viritud del descubrimiento de cruces telefónicos comprometedores, destapados con posterioridad por el último juez de instrucción, Daniel Rafecas.

Sin embargo, en mi libro La injusticia federal, publicado en abril de 2005, fue demostrado con pruebas fehacientemente establecidas en épocas del instructor precedente, Gabriel Cavallo, que ya era factible enviar las actuaciones a juicio oral, pero el entonces magistrado no lo hizo, presuntamente para obtener, a cambio, la promoción a camarista.

Tal es así que el gobierno nacional preparó un escrito de denuncia en 2004 para destituir a Cavallo, documento secreto que ahora se puede consultar en mi página web, junto a la integralidad del libro de mi autoria consagrado al caso. Desgraciadamente el proyecto de remover a este personaje de la función pública mediante un juicio político fue abandonado por el gobierno.

El 31 de diciembre de 2007 el camarista pasó a la actividad privada. Primero reapareció de financiero y periodista de ocasión, integrante de la sociedad que explotaba el diario Crítica de la Argentina, que terminó con todos sus trabajadores en la calle. Después empezó a operar de abogado. Descolla actualmente como defensor de Ernestina Herrera de Noble, propietaria del grupo Clarín, bajo sospecha de una irregular adopción de dos bebes durante el pasado régimen militar.

Mal que le pese a no pocos implicados y cómplices, se mantiene incólume mi reportaje periodístico. Para subir de juez a camarista, Cavallo obstruyó el avance del procedimiento penal mientras fuera responsable de esclarecer los sobornos del Senado, entre el 19 de febrero de 2001 y el 17 de agosto de 2001, dejando sin resolver la situación de los principales imputados (José Genoud, Fernando de Santibañes y Mario Alberto Flamarique).

Nada menos que la hoy Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, lo afirmó oportunamente hace casi diez años: “el juez Cavallo fue ascendido a camarista con el voto de los senadores que estaba investigando”, cargo que obtuvo “pese a que otros candidatos consiguieron mejor calificación al concursar por el puesto en el Consejo de la Magistratra” (La Prensa, 29 de octubre de 2001).

En efecto, durante su mandato de juez federal Cavallo logró que cambiaran el orden que arrojaba la mayoría de los exámenes, pasando a ocupar el primer lugar de una lista por jerarquía “alfabética”, acomodándose a la exigencia que había planteado el presidente De la Rúa de mandar al Senado para aprobación a quien, por mérito, encabezara la terna.

Cavallo no definió cargas penales contra nadie en las diligencias del sonado cohecho en la Cámara Alta, y alejó toda posibilidad de valorar los patrimonios de los senadores incriminados. Entorpeció la acción de los fiscales, Eduardo Freiler y Federico Delgado, apartando del expediente a Rafael Bielsa, responsable de la SIGEN, todos decididos a seguir la pista del dinero, quienes reclamaban la auditoria de las cuentas de la SIDE, y la desclasificación de documentos confidenciales.

El libro diseca el lenguaje de doble discurso practicado por Cavallo, de independencia hacia los medios de comunicación, pero de complicidad para con el poder de turno. Pone el ejemplo que esa conducta se vio al parecer manifestada en la excarcelación que ordenara el 7 de noviembre de 2001 en favor de doce genocidas de la ESMA y de otros seis de los centros clandestinos de la dictadura implantados en Santa Fé, solicitados en extradición por el juez español Baltasar Garzón, represores que no podían ser juzgados en Argentina por las leyes de amnistía vigentes en esa fecha.

El libro evoca también su fallo del 6 de marzo de 2001, que decretaba inconstitucionales tales leyes, supuestamente careció de jurisdicción al producirse en un caso de despojo y apropiación ilegal de una menor, hechos no cubiertos por esas normas, en apariencia tergiversando un Amicus Curiae del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), pidiendo esclarecer el secuestro y desaparición de los padres de aquella víctima, crímenes sí cubiertos por las mentadas leyes.

Quien tiró abajo las leyes fue la Cámara Federal de Buenos Aires, en el entendido que fueron inútiles al ser adoptadas con posterioridad a la ratificación por parte del Estado de instrumentos que las prohibían (la Convención Americana de Derechos Humanos de la OEA, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, y la Convención internacional contra la Tortura) subsanando así la presunta falta de Cavallo. El Amicus Curiae del CELS, retomado por tres prestigiosas ONGs a nivel mundial (Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Internacional de Juristas), fue desestimado por la Cámara Federal.

Juan Gasparini

5 comentarios:

Nando Bonatto dijo...

el ex juez llamado cavallo...excelente

Jorge Devincenzi dijo...

En su blog Pájaro Rojo, Juan Salinas toma la misma nota y la inicia así: "Tal como lo recibí de Juan Gasparini, con quien discrepo en muchas oportunidades aunque no en ésta... excepto en lo que hace a la última oración, ya que como se reveló hace unos días (ver acá), Human Right Watch fue pescada in fraganti distribuyendo fotografìas adulteradas con el objetivo de justificar la agresión a Libia por parte de la OTAN. Agresión injustificable que, por cierto, me parece que Gasparini justifica. JS"

Moscón dijo...

Siempre hubo connivencia del aparato judicial.Ningún golpe disolvió el poder de la "Justicia".
80 años de impunidad.

Almita dijo...

Desde adentro -laboralmente- adhiero a sus dichos: "...Una renovación de la justicia sigue siendo tarea pendiente del gobierno, incluyendo los procedimientos judiciales...". El Consejo de la Magistratura vá a los trompicones. Eso, en el fuero Federal. En el fuero de la Pcia. de Bs. As., las dilaciones son enormes. Como particular daminificada en una causa de homicidio, espero desde el 27 de enero resultados de análisis de adn, y acá estoy, sentada. El/la homicida, bien gracias. Y como a la tv no pienso ir, cero bola.
Es una tarea pendiente, necesaria, imprescindible, vital. Si bien conozco el medio hace casi 30 años, sólo desde enero pude resignificarlo.
Desde el ciudadano común, la impotencia es infinita, inestimable.
Desde causas como la que ud. cita, somos todos los ciudadanos "particulares damnificados".
La coorporación judicial (ciertos magistrados y funcionarios, con más muchos de los estudios jurídicos más importantes) forman un lobby infranqueable.
Rigen actitudes casi monárquicas. Jueces aferrados a sus sillones de respaldo alto como a un rencor. Los cambios de figuritas (cajoneo, errores "forzados" como en el tennis, dilaciones sin sentido, pesquisas inconducentes desde el vamos) forman parte del día a día, llegando a extremos absurdos. No todos, es cierto, pero sí muchos. No todos afortunadamente.
Guardo como recuerdo una anécdota que prescribió.
3 jueces de una Sala Penal de una Cámara, emitían sentencia. A, B y C.
A y B votan emitir resolución de una sentencia de prisión efectiva en perjuicio del procesado. C, en disidencia.
En el pasillo, escucho la discusión: A le decía a B que el auto oficial, ese día, le tocaba a él, que tenía que ir a hacer una diligencia particular. C miraba. La discusión progresa, B insiste y no cede en su postura. A entonces le dice a C: "cambio mi voto, y voto como vos, que quede libre el tipo. Llevate el auto nomás".

Gracias por compartir la nota, muy ilustrativa. Lamentablemente, ojalá me sorprendiera el contenido.

Jorge Devincenzi dijo...

El poder judicial es el hueso más duro, por su propia naturaleza creo. Allí es donde se defienden los intereses creados, donde nada debe cambiar y todo es inmutable.

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