LEY 26913 Y DECRETO REGLAMENTARIO. PENSIÓN GRACIABLE PARA EX PRESOS POLITICOS, GREMIALES Y ESTUDIANTILES

Boletín Oficial Edición del día miércoles 18 de diciembre de 2013
Ley 26.913
Ex Presos Políticos de la República Argentina. Pensiones.
Sancionada: Noviembre 27 de 2013
Promulgada: Diciembre 16 de 2013
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos de la República Argentina

ARTICULO 1º — Establécese una PENSION GRACIABLE para aquellas personas que hasta el 10 de diciembre de 1983 reúnan alguno de los siguientes requisitos:

a) Haber sido privadas de su libertad en condición de civiles y/o militares condenados por un Consejo de Guerra, puestas a disposición del Poder Ejecutivo nacional, y/o privadas de su libertad como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o de cualquier otro grupo, por causas políticas, gremiales o estudiantiles. Serán beneficiarios indiscutiblemente por situación probada, quienes hayan sido alcanzados por las leyes 25.914 y 24.043, sus ampliaciones y complementarias;

b) Haber sido privadas de su libertad en condición de civiles y/o militares por actos emanados de unidades o tribunales militares especiales o consejos de guerra, haya habido o no sentencia condenatoria en este fuero, bajo la vigencia de la Doctrina de Seguridad Nacional;

c) Haber sido privadas de su libertad por tribunales civiles, en virtud de la aplicación de la ley 20.840/74 y/o del artículo 210 bis y/o 213 bis del Código Penal y/o cualquier otra ley, decreto o resolución de esa índole, habiendo permanecido detenidas bajo el régimen de “detenidos especiales”, violatorio de los derechos humanos amparados constitucionalmente.

ARTICULO 2° — La pensión graciable establecida en el presente régimen es de carácter independiente de cualquier otra reparación que hubiere lugar, para toda persona comprendida por el objeto de la presente ley, sin perjuicio de la indemnización que a cualquier persona afectada correspondiere, por daño moral; físico y/o psicológico a consecuencia de la tortura institucionalizada y la reclusión prolongada y vejatoria a la que haya sido sometida.
No serán comprendidas las personas que resulten beneficiarias de una prestación nacional, provincial o municipal de la misma naturaleza y emanadas de las mismas situaciones, quedando a su criterio el derecho de poder optar por ésta u otra pensión.

ARTICULO 3° — En caso de fallecimiento del beneficiario serán acreedores al beneficio los derechohabientes en el siguiente orden:
a) Cónyuge supérstite o concubina que pruebe la convivencia de acuerdo a la normativa previsional vigente;
b) Hijos menores de edad al momento del fallecimiento y hasta su mayoría de edad;
c) Hijos incapacitados para el trabajo, mientras dure la incapacidad.

ARTICULO 4° — La aplicación del presente régimen, al contribuir desde el Estado nacional a la reparación de delitos de lesa humanidad, se ampara en la imprescriptibilidad de los mismos, por lo que determina la no existencia de plazos máximos temporales de presentación para ejercer los derechos que el régimen otorga.

ARTICULO 5° — El beneficio que establece la presente ley será igual a la remuneración mensual asignada a la Categoría D Nivel 0 (cero), Planta Permanente Sin Tramo —Agrupamiento General— del Escalafón para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público —SINEP— en los términos que establezca la autoridad de aplicación.

ARTICULO 6° — La Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación será el órgano de aplicación del presente régimen, y tendrá a su cargo la articulación con las áreas del gobierno involucradas con la presente ley, quedando a su cargo la coordinación, difusión, asesoramiento de los beneficiarios y el diseño y la ejecución de un plan sistemático y riguroso de monitoreo de su aplicación pudiendo dictar las normas aclaratorias y complementarias que fueren necesarias a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la presente ley y resolver sobre la procedencia del beneficio en forma sumarísima.

ARTICULO 7° — Los fondos necesarios para implementar el presente régimen serán provistos por el Tesoro Nacional.

ARTICULO 8° — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, EL DIA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.
— REGISTRADO BAJO EL Nº 26.913 —
AMADO BOUDOU. — JULIAN A. DOMINGUEZ. — Juan H. Estrada. — Gervasio Bozzano.


REGIMEN REPARATORIO
Decreto 2162/2013
Promúlgase la Ley Nº 26.913.
Bs. As., 16/12/2013
POR TANTO:
Téngase por Ley de la Nación Nº 26.913 cúmplase, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Julio C. Alak.

REGIMEN REPARATORIO

Decreto 1058/2014

Ley Nº 26.913. Reglamentación.

Bs. As., 10/7/2014

VISTO el Expediente Nº S04:0019879/14 del registro del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, la Ley Nº 24.241, sus complementarias y modificatorias, las Leyes Nº 24.043, Nº 24.321, Nº 24.411, Nº 25.192, Nº 25.914 y Nº 26.564, sus complementarias y modificatorias, la Ley Nº 26.913, 

y CONSIDERANDO: Que mediante la Ley Nº 24.241 se instituyó el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Que para la reparación de los daños producidos por el terrorismo de Estado, se ha conformado un sistema integrado por las Leyes Nº 24.043, Nº 24.321, Nº 24.411, Nº 25.192, Nº 25.914 y Nº 26.564, sus complementarias y modificatorias, que han reconocido derechos a víctimas y familiares de víctimas por los hechos acontecidos. Que la Ley Nº 26.913, que otorga una pensión graciable para aquellas personas que acrediten haber estado detenidas por causas políticas, gremiales y/o estudiantiles, entre otros, hasta el 10 de diciembre de 1983, viene a insertarse en dicho sistema. Que a los efectos previstos en el artículo 1° de la ley citada, para establecer si la detención sufrida por el peticionario o su derechohabiente es de las que se encuentran comprendidas en la mencionada ley, deben tomarse en cuenta los parámetros establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los instrumentos nacionales o internacionales sobre Derechos Humanos. Que el segundo párrafo del artículo 2° de la Ley Nº 26.913 establece la incompatibilidad entre la percepción de la pensión graciable reconocida por el artículo 1° de la mencionada norma legal y cualquier otra prestación de carácter nacional, provincial o municipal de la misma naturaleza y emanada por las mismas situaciones detalladas en el texto legal aludido; quedando, no obstante ello, a criterio del interesado, el derecho a optar por ésta u otra pensión reconocida. Que, a los efectos de verificar y constatar la incompatibilidad prescripta, deviene necesario establecer la obligatoriedad, además de los otros requisitos exigidos, de que el solicitante de la pensión graciable presente y suscriba, al momento de la iniciación de la solicitud de la prestación, una declaración jurada en la cual conste que no se encuentra percibiendo ningún beneficio de carácter nacional, provincial o municipal derivado de las mismas situaciones por las que se solicita el otorgamiento de la pensión graciable en los términos de la Ley Nº 26.913, sin perjuicio de las facultades de fiscalización de los órganos estatales competentes de las informaciones provistas por los peticionarios en sus declaraciones juradas. Que, a los fines de evitar dudas o controversias interpretativas y con fundamento en el carácter esencialmente graciable y no contributivo de la prestación reconocida por el artículo 1° de la Ley Nº 26.913, resulta imprescindible aclarar que el cobro de la pensión de que se trata en la presente Reglamentación es compatible con la percepción de cualquier otro ingreso monetario, excepto el de las otras prestaciones consignadas en el segundo párrafo del artículo 2° de la norma legal precitada o el correspondiente a otros beneficios o subsidios no contributivos de carácter nacional, provincial o municipal de cualquier tipo o naturaleza. Que, por su parte, el artículo 3° de la Ley Nº 26.913 establece la nómina de los derechohabientes de la pensión graciable en el supuesto de fallecimiento del beneficiario titular y remite a las normas del Derecho Previsional vigente a fin de acreditar los vínculos definidos para acceder a la prestación prevista. Que la remisión a las normas previsionales actualmente vigentes, formulada en términos genéricos por el artículo mencionado en el Considerando precedente, debe considerarse en el sentido que resultan aplicables a los casos no previstos las normas legales y reglamentarias correspondientes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), instituido por la Ley Nº 24.241, sus complementarias y modificatorias, y los criterios de interpretación normativa dictados en la materia por la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), Organismo Descentralizado en jurisdicción del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Que el artículo 5° de la Ley Nº 26.913 determina que el haber de la pensión graciable instituida debe ser equivalente a la remuneración mensual asignada al personal de planta permanente que revista en la categoría de Nivel D, Grado 0, Sin Tramo, del Agrupamiento General del Escalafón del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), en los términos que establezca la Autoridad de Aplicación. Que el artículo 6° de la Ley Nº 26.913 establece que la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS es el órgano de aplicación del régimen reparatorio instituido por la aludida norma legal y tiene a su cargo la articulación con las otras áreas del Gobierno Nacional involucradas en su implementación; siendo, asimismo, responsable de la coordinación, difusión, asesoramiento a los beneficiarios y del diseño y ejecución de un plan sistemático y riguroso de monitoreo de su aplicación. Que el artículo referido en el Considerando precedente faculta a la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS a dictar las normas aclaratorias y complementarias necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el régimen establecido por la Ley Nº 26.913 y a resolver sobre la procedencia del beneficio en forma sumarísima. Que, sin perjuicio de las responsabilidades atribuidas por el artículo 6° de la Ley Nº 26.913 a la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, resulta necesario y conveniente asignar a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), Organismo Descentralizado en jurisdicción del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, las funciones correspondientes a los procesos de liquidación y pago de las prestaciones, como, asimismo, la administración de los beneficios que se otorguen a favor de sus legítimos beneficiarios, en virtud de su carácter de organismo del ESTADO NACIONAL administrador del Sistema Unico de la Seguridad Social (SUSS) y la organización de una vasta y eficiente red de unidades de atención al público distribuidas en todo el territorio nacional. Que han tomado su debida intervención los servicios jurídicos del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la CONSTITUCION NACIONAL. Por ello,

LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA DECRETA:

Artículo 1° — Apruébase la Reglamentación del Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos de la República Argentina, establecido por la Ley Nº 26.913, que como ANEXO I, forma parte integrante del presente Decreto.

Art. 2° — Facúltase a la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), Organismo Descentralizado en jurisdicción del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, dicten las normas complementarias y aclaratorias necesarias para la aplicación del presente Decreto.

Art. 3° — Facúltase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias a fin de transferir a la ENTIDAD 850 - ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), los créditos presupuestarios pertinentes asignados a la Jurisdicción 85 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL para sufragar las erogaciones originadas en la aplicación de la Ley Nº 26.913.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Julio C. Alak.

ANEXO I REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 26.913 REGIMEN REPARATORIO PARA EX PRESOS POLITICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

ARTICULO 1°.- El beneficio previsto por la Ley Nº 26.913 será otorgado a las personas que cumplan con los requisitos por ella dispuestos, que hayan sido privadas de su libertad hasta el 10 de diciembre de 1983. Las causas políticas, gremiales o estudiantiles de la privación de la libertad de los beneficiarios se determinarán conforme a los criterios establecidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y/o los instrumentos nacionales o internacionales sobre Derechos Humanos. Por “grupo”, debe entenderse al grupo parapolicial, paraestatal o paramilitar perteneciente o vinculado al aparato represivo estatal y/o que haya actuado bajo la aquiescencia estatal. A fin de comprobar los extremos requeridos deberá acompañarse, según los casos, copia debidamente certificada de los documentos públicos que se enuncian a continuación: 

a) Documentación emanada del MINISTERIO DE DEFENSA o de los Consejos de Guerra que acredite, que conforme a lo establecido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los instrumentos nacionales o internacionales sobre Derechos Humanos la detención pueda ser considerada como originada en causas políticas, gremiales o estudiantiles; Decreto de puesta a disposición del PODER EJECUTIVO NACIONAL por similares motivos o Resolución Ministerial que haya otorgado alguno de los beneficios previstos en las Leyes Nº 24.043 y 25.914, sus complementarias y/o modificatorias. 

b) Documentación emanada de unidades o tribunales militares o consejos de guerra, o certificación expedida por el MINISTERIO DE DEFENSA. 

c) Certificación que acredite la privación de la libertad por disposición de Tribunales Civiles que resultara violatoria de los Derechos Humanos amparados constitucionalmente, conforme a lo establecido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y/o los instrumentos nacionales o internacionales sobre Derechos Humanos. 

ARTICULO 2°.- Establécese que al momento de la iniciación de la petición de la pensión graciable, el peticionario deberá presentar y suscribir, conjuntamente con el Formulario de Solicitud, una declaración jurada en la cual conste que no se encuentra percibiendo ninguna prestación de carácter nacional, provincial o municipal derivada de las mismas situaciones y fundamentos por las que se solicita el otorgamiento de la pensión graciable prevista por el artículo 1° de la Ley Nº 26.913, ni de otros beneficios o subsidios no contributivos de carácter nacional, provincial o municipal de cualquier tipo o naturaleza. Lo antedicho es sin perjuicio de las facultades de fiscalización de las informaciones provistas por los peticionarios en sus declaraciones juradas, por parte de los órganos estatales competentes. En el caso de ejercer la opción prevista en el segundo párrafo del artículo 2° de la Ley Nº 26.913, el solicitante deberá denunciar el organismo otorgante y el tipo de prestación de la cual sea beneficiario y, asimismo, acreditar la renuncia al derecho a dicho beneficio documentada mediante el original o copia debidamente autenticada del acto administrativo y/o de la constancia correspondiente emanada de la autoridad competente que otorgó la prestación o el beneficio nacional, provincial o municipal del que gozaba. La percepción de la pensión graciable reconocida por el artículo 1° de la Ley Nº 26.913 es incompatible con cualquier otra prestación o beneficio de carácter nacional, provincial o municipal de la misma naturaleza y originada en virtud de las mismas situaciones y fundamentos contemplados por la norma legal citada o de otros beneficios o subsidios no contributivos de carácter nacional, provincial o municipal de cualquier tipo o naturaleza, sin perjuicio del derecho del interesado de optar por aquélla o por alguna de estas pensiones reconocidas. El cobro de la pensión graciable es compatible con la percepción de cualquier otro ingreso monetario, excepto con el de las otras prestaciones consignadas en el segundo párrafo del artículo 2° de la Ley Nº 26.913 o el correspondiente a otros beneficios o subsidios no contributivos de carácter nacional, provincial o municipal de cualquier tipo o naturaleza. 

ARTICULO 3°.- A los efectos de determinar el carácter y el orden de los derechohabientes de la pensión graciable establecida por el artículo 1° de la Ley Nº 26.913 en el supuesto de fallecimiento del beneficiario, se deberán aplicar las normas legales y reglamentarias correspondientes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), instituido por la Ley Nº 24.241, sus complementarias y modificatorias, y los criterios de interpretación normativa dictados en la materia por la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), Organismo Descentralizado en jurisdicción del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. 

ARTICULO 4°.- SIN REGLAMENTAR. 

ARTICULO 5°.- Instrúyese a la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO dependiente de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a informar con la periodicidad requerida y certificar ante el organismo responsable de la liquidación y pago de las pensiones graciables acordadas el monto total de la remuneración mensual referida en el artículo 5° de la Ley Nº 26.913, como, así también, a actualizar la información brindada en caso de producirse variaciones o ajustes en los montos remuneratorios. Establécese que las pensiones graciables reconocidas por la Ley Nº 26.913 se deberán abonar: 

a) En el caso del artículo 1° de la Ley Nº 26.913, a partir de la fecha del dictado de la Resolución Administrativa por la cual se reconoce y otorga el derecho a la pensión graciable; y, 

b) En los supuestos del artículo 3° de la Ley citada en el inciso precedente, desde el día siguiente al de la muerte del beneficiario titular, a quien ya se le hubiese otorgado la pensión graciable. Tratándose de incapaces que carezcan de representación, se abonarán desde las fechas indicadas en el párrafo anterior, conforme a lo establecido por los artículos 3966 y 3980 del Código Civil de la República Argentina. Los representantes legales y apoderados con facultad para percibir deberán cada SEIS (6) meses acreditar la supervivencia del representado o poderdante, mediante la presentación del certificado pertinente expedido por la autoridad policial del domicilio correspondiente a estos últimos. 

ARTICULO 6°.- La SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS es el órgano competente para tramitar y resolver sobre la procedencia de las solicitudes de reconocimiento y otorgamiento de las pensiones graciables establecidas por la Ley Nº 26.913, como así también, para disponer sobre su denegación en caso de que no se acrediten los requisitos exigidos legalmente. La ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), Organismo Descentralizado en jurisdicción del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, tendrá a su cargo la liquidación y pago de las pensiones graciables otorgadas a favor de los peticionarios y de sus derechohabientes. 

ARTICULO 7°.- SIN REGLAMENTAR.

También la OEA

Este es uno de esos momentos excepcionales en el que se verá si un gobierno y su pueblo tienen destino de nación o de colonia.

Algo similar ocurría cuando, en los primeros '40, el gobierno de EEUU presionaba a Argentina para que cambiara su política de neutralidad en la guerra contra el Eje de Alemania-Italia-Japón. La presión no fue sólo verbal: hubo continuas amenazas de embargo e intervención militar, obstáculos a las exportaciones, dumping, campañas de prensa, coacción diplomática, falsas denuncias (como El Libro Azul), etc. 

El secretario de estado de EEUU Cordel Hull mantuvo incólume su encono contra nuestro país durante sus 11 años (1933-1944) en funciones oficiales. Thomas Griesa parece el Cordel Hull del siglo XXI.

Un Roosevelt republicano (Teddy) había creado la “política del garrote” a principios del siglo XX. Otro Roosevelt demócrata (Franklin D.) la convirtió en “política del buen vecino” durante el ascenso, apogeo y caída estrepitosa de Hitler. En ambas se había puesto en práctica la versión de la doctrina Monroe que más convenía a los intereses norteamericanos del momento. 

La del "buen vecino" significaba usar el reconocimiento diplomático de Washington siempre y cuando los países de América del Sur fueran obedientes a EEUU. El primer Roosevelt , en canbio, aplicaba un emético: bombardear con la flota a todo país díscolo, invadirlo y colocar un virrey en la casa de gobierno con protección de los marines.

Argentina tenía y tiene particularidades que la hacen competir con EEUU: su territorio, apto para cereales y cría, es similar al de las praderas  del Medio Oeste en la oferta de trigo y carnes. Pero la aristocracia local, dueña de la tierra, prefería seguir siendo aliada del Reino Unido, su principal comprador. Estaba vigente el pacto Roca-Runciman.

Por eso, si eran anti norteamericanos durante la década infame, no eran menos pro-británicos. 

Al producirse la revolución de junio del ’43, el enfrentamiento se profundizó aunque por razones muy diferentes: ahora, el país dejaba de ser “buen vecino” de EEUU si intentaba un desarrollo industrial autónomo. La condición necesaria para congraciarse con Washington consistía en seguir siendo proveedor de materias primas, fueran éstas caña de azúcar, cacao, trigo, carne o minerales porque en caso contrario, la política de sustitución de importaciones competía con la libre introducción de bienes de la industria norteamericana y eso era intolerable para Washington.   

Esta no es, de todas maneras, una historia de la intervención de EEUU en su patio trasero. Para los interesados en el tema, ver http://patria-o-colonia.blogspot.com.ar/2013/03/historia-de-la-intervencion-de-eeuu-en.html

En el ’43 se acusaba de “filonazi” al gobierno surgido de la revolución de junio; hoy se le atribuye no haber hecho los deberes según las recetas neoliberales que llevaron al país al 2001, al default, a una deuda externa impagable y a cifras inéditas de pobreza y exclusión, una suerte de “filoestatismo” en una época en la que las corporaciones multinacionales superan el poder de los Estados, como lo revelan las declaraciones de Obama sobre el conflicto de fondos-buitre y las decisiones de su Corte Suprema, independiente del poder político pero no del poder fáctico que busca otorgar sentido universal. Paralelamente se verifica la paulatina quiebra del Estado de Bienestar en Europa y la lenta declinación del Imperio.

En el conflicto con el juez Griesa ya se han pronunciado a favor de nuestro país el G77+China, Rusia, Unasur, la Cepal, el Brics, la OEA.

Y el Vaticano, que cumplirá un papel central en la negociación.

La oposición ha declamado su alineamiento con el gobierno. Declamado, porque la verdadera oposición son los medios concentrados.

La diputada privatizada representante del NML Laura Alonso, por ejemplo, no puede ocultar su gozo por el entuerto y el resultado que imagina: la Argentina de rodillas.

También se esperan los demorados pronunciamientos de la Corte Suprema; y de las Cámaras de Diputados y Senadores: los tres poderes del Estado deberían pronunciarse, habida cuenta de que este es un contencioso entre un juez de condado (así lo calificó el diputado -FPV Mendoza- Guillermo Carmona) y un Estado soberano.

 

Debemos separar cuidadosamente la posición asumida de la relación de fuerzas en lo internacional, porque es bueno ser pragmático, pero es mejor tener un objetivo. Y este Gobierno ha demostrado tenerlo. 
Por eso el apoyo de la OEA interesa, aunque en los hechos sea un organismo anquilosado y sujeto a los vaivenes de la política internacional.

Tan anquilosado que su Secretario Insulsa aseguró recientemente la falta de fondos para seguir actuando, aunque se sabe que está financiada mayoritariamente por EEUU: el aporte societario está definido por PBI y número de habitantes, pero Washington los retacea al advertir que América del Sur se decide por la Celac, Unasur, etc.

El capitalismo sin reglas ha traspasado sus propios límites. Lo que preocupa es que Argentina quiera ser tomada nuevamente como caso testigo de algún experimento mundial, y que el pueblo sufra las consecuencias. 

No se entiende qué significa realmente un Nuevo Orden Internacional, pero lo cierto es que la organización institucional actual, producto del fin de la segunda guerra y de la llamada Guerra Fría, ha entrado en crisis. Por ejemplo, si el FMI fue creado para estabilizar las balanzas de pago del área dólar, el fin de la convertibilidad decretado por Nixon y la avalancha de petrodólares lo hirieron de muerte. Pero sobrevive, y hasta pudo aplaudir calurosamente las políticas desreguladoras de Menem-Cavallo.

El artículo 15 de la Carta de la OEA (Bogotá, 1948) estipula:

Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir, directa o indirectamente, por ninguna razón, en las cuestiones internas o externas de cualquier otro Estado. El principio precedente no solo prohibe la fuerza armada, sino cualquier otra forma de interferencia o amenaza intentada contra el Estado o contra sus elementos políticos, económicos y culturales.

El artículo 16 de la Carta establece:

Ningún Estado puede usar o incitar al uso de medidas coercitivas de carácter económico o político con el objeto de forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de él ventajas de cualquier tipo.

El juez Griesa es el Estado de EEUU. Los fondos-buitre pretenden una ventaja ante el 93% de los holdsin. La posibilidad de desatar un default, arrastrando a otros países endeudados como Perú, Panamá, Congo, etc., es una interferencia contra una política legítima del Estado. ¿Por qué se cedió con la deuda de Bélgica?

No obsatante Obama en la Casa Blanca, la OEA sigue siendo la oficina colonial de EEUU para "las Americas". La Doctrina Monroe sigue vigente, hoy en "la versión Griesa".

MÁS INJERENCIA DE EEUU EN ARGENTINA (II)

Para algunos, la Suprema Corte de EEUU es independiente; para otros, expresa el interés de los fondos buitre. 
Quizás es independiente del Poder Ejecutivo, sí, pero no de los poderes económico-sociales. Y el NML Fund de Paul Singer es, aparentemente, de capitales norteamericanos. En este sentido, que la administración Obama haya dado un guiño favorable a Argentina es un elemento más a tener en cuenta, pero no el decisivo, en este ajedrez internacional. 
Aunque la CNN nos recuerde cada tanto el origen afroamericano de Obama, lo veo más cerca del tío Tom de la novela de Beecher Stowe, o del Segundo Sombra de Güiraldes, que de Malcom X. Y no hay que ser demasiado perspicaz para advertir que las calificaciones étnicas refieren a conceptos en las que sobrevuela una suerte de nazi-fascismo propio de las ideologías actualmente dominantes.
Pero eso sería adentrarse en la génesis dePartido Demócrata alejándonos mucho del tema que ahora nos convoca, a saber, una breve historia de la ingerencia de EEUU en Argentina.


A siete meses de producida la batalla de Caseros, la provincia de Buenos Aires se separa de la Confederación Arentina y en esa situación continuará por una década con el liderazgo de Bartolomé Mitre. La mayor hazaña de Mitre había consistido en realizar una pésima traducción de la Divina Comedia de Dante que publicó Editorial Sopena en edición bilingüe.
Recién en 1962 la provincia díscola se reintegrará a la Confederación, no sin antes haber propuesto la conformación de una República del Río de La Plata. 
Ni EEUU ni Gran Bretaña querían una Patria Grande sino un collar de republiquetas: las Misiones para el imperio brasileño, la Patagonia para Chile, una república ribereña al Plata, otra (desaparecido Artigas) en las provincias mesopotámicas, Panamá desprendido de Colombia, etc.

La reincorporación de Buenos Aires a la Confederación no es gratuita: lo hace a condición de seguir administrando las rentas aduaneras del puerto, con lo que se condenaba a las economías regionales; y si la Constitución del '53 incorporaba en su texto los cambios que Mitre exigía. Así se hizo.
Para impedir que la Confederación acabara con la secesión de Buenos Aires, los comerciantes porteños habían coimeado generosamente al almirante Coe, jefe de la flota de la Confederación, de nacionalidad norteamericana, que se pasó de bando sin vacilaciones.

En 1856, EEUU estaba dispuesto a invadir Paraguay por un altercado que sostenía con Carlos Antonio López, padre del mártir de la Triple Alianza. Para ello, destacó una flota artillada en el río de la Plata, que se terminó alejando gracias a los buenos oficios de López Jordán y de Urquiza, aunque éste tenia otros intereses en mente.
Paraguay se destacaba del resto de las naciones sudamericanas por tener una poítica tan aslacionista como la de EEUU, y además era el único país de la región con industrias siderúrgica, metalúrgica y armamentista propias.
Ocho años después, Mitre conducirá a las tropas argentinas contra Asunción, haciendo un tristísimo papel, esta vez con los auspicios de Gran Bretaña. En Curupaytìi las tropas conducidas por el dueño del diario La Nación tuvieron 4.000 bajas contra 90 de los paraguayos.
Aunque según Monroe, "las Américas eran para los norteamericanos", EEUU se replegaba utilizando, por ejemplo, los servicios del médico, abogado y pirata norteamericano William Walker. Ni Walker (ni Cole, antiguo jefe de la escuadra de la Confederación Argentina) habían actuado a título personal, sino aplicando a su manera la Doctrina Monroe. 

Walker intentó crear en territorio mexicano las republiquetas de Sonora y Baja California, ambas con bandera yanqui, y luego se autoproclamó presidente en Nicaragua con la idea de construir, con financiamiento del empresario Vanderbilt, un canal interoceánico en la segunda mitad del siglo XIX, con la idea de que compitiera con el que se construiria en Panamá.
El canal de Suez fue inaugurado en 1860 y el de Panamá en 1914: en ambos, los británicos y franceses se habían ocupado de impedir la participación de EEUU, pero luego éste, mediante un golpe de Estado contra Colombia, logró -mediante el tratado Vuneau-Barilla) la secesión de Panamá, una de sus provincias, se hizo fuerte en el itsmo y se apropió del canal.

Los ferrocarriles ingleses en Argentina habían sido concesionados mediante la cesión de 4 leguas (unos 20 kms) al costado de las vías. Los presidentes Ortiz y Justo, luego de caído Yrigoyen, fomentaron la instalación de armadurías de autos y camiones de origen norteamericano (Ford, Chevrolet), la construcción de caminos paralelos a las vías para competir con el ferrocarril inglés, la destilación de nafta y la exploración petrolífera en Salta, donde su gobernador (Cornejo y luego Patrón Costas) reportaba a la embajada de EEUU y a la Standard Oil.  
Las rutas se construyeron, expropiando e indemnizando a los ingleses, dentro de esas 4 leguas originariamente de las empresas británicas, para que sobre ellas circularan autos y camiones de origen norteamericano.
Se dijo alguna vez que la revolución del 30 había tenido "olor a petróleo": Yrigoyen intentaba comprar petróleo ruso para romper el monopolio de la Royal Dutch Shell y la Standard Oil. 
Terminada la década infame por la revolución de 1943, EEUU combatió al gobierno argentino por su neutralidad. También la URSS lo combatía, y por los mismos motivos, de modo que no fue estrambótica la confluencia de ambas en la Unión Democrática (Tamborini, Braden y el PC), aunque para EEUU Hitler habia sido una valla eficaz contra el comunismo.

El secretario de Estado Cordell Hull, tras una ardua lucha diplomática, logró que el gobierno de EEUU, siempre acompañado por los "atlantistas" de Gran Bretaña, embargara las cuentas argentinas en el exterior con el objetivo de presionar para que declarara la guerra a Hitler y porque se hablaba, sin pruebas serias, de la simpatía del gobierno argentino con el nacionalsocialismo mientras se diluía tras un manto de neblina que los conservadores whigs de Gran Bretaña sí las tenían. Muchos trabajos eruditos provenientes de EEUU, sin embargo, desmenuzaban la "ideología" de los generales argentinos buscando con lupa simpatías pro-nazis.
Nuestro país rompió relaciones con el Eje simbólicamente unas horas antes de que cayera Berlín (en manos de los rusos, no del general Patton). Perón convirtió esa dificultad en un triunfo estatizando los ferrocarriles ingleses con los fondos embargados.
Aunque Gran Bretaña había provisto espoletas a la Flota Naval comandada por el almirante Rojas en 1955, no hay pruebas de que EEUU interviniera directamente en la Revolución Libertadora.

La ingerencia norteamericana vino luego de la mano del general Thomas Larkin (U.S. Army) diseñó un plan de reducción de la red ferrovaria (unos 10 mil kilómetros) durante la presidencia de Frondizi.
Con el avance del capital financiero, la influencia de EEUU se acrecienta a partir de la  dictadura cívicomilitar, aunque no faltan voces que denuncian el papel de la CIA detrás de López Rega, preparando el golpe de marzo.

(continuará)

INJERENCIA DE EEUU EN ARGENTINA, CONFIAR

Ya ganamos a los persas con un gol de Messi, y mientras tanto la vida continúa, los países siguen teniendo sus problemas y alegrías, la gente nace y muere, el mundo, en fin, sigue andando. 
Posiblemente estemos ante la peor crisis desde 2003, pero los gobiernos  no suelen suicidarse. Al menos no el nuestro, que ha probado su voluntad de cumplir con promesas y realizaciones. 
Los pueblos a veces se suicidan: suicidados son los que siguen creyendo en la fantasía de la convertibilidad.
Eso no lo hace al gobierno inmune al error, ni a los avances y retrocesos propios de todo mundo que cambia vertiginosamente. Pero para decirlo fácil: los que anhelan más o menos secretamente que este gobierno se ponga de rodillas, olvídense.
El conjunto de la oposición ha verbalizado su apoyo al gobierno en esta situación, pero así como somos optimistas sobre la conducta del gobierno, descreemos de los cantos de sirena de los que hundieron la nación.
Consultado Carlos Melconian, economista de Macri, respondió sin pelos en la lengua: "hay que pagarles sí o sí, y si no es con dinero será con especies". 
Luego, otro periodista consultó a Federico Stuzenegger: "los compromisos están para ser cumplidos".
La corresponsal de Clarín en Nueva York, a su turno, fue tan elocuente com el anterior. Ana Baron se extendió sobre lo que ella anhelaba haber escuchado en la audiencia entre el juez Griesa, los representantes de los fondos-buitre y los abogados que representan a Argentina. "El juez es muy duro y recto", dijo.
La CNN titula: "Hacia la cesación de pagos".
En esos instantes, Mariano Grondona balbuceaba: "somos malos pagadores y no es hora de buscar culpables". 
Estos son algunos ejemplos del apoyo de la oposición. ¿A que clase de "especies" se refiere Melconian? ¿Que a falta de dólares entreguemos parte del territorio? La propuesta no deja de tener un secreto atractivo: podríamos ceder la soberanía de Barrio Parque, con Mirta Legrand incluida. O por el contrario, la villa 11-14, a fin de que se arreglen ellos de la miseria que provocaron. 
Pero no la quieren a la Legrand sino a Vaca Muerta.
En cuanto a Sturzenegger, es uno de los ejecutores, junto con Daniel Marx, del megacanje, y ha quedado fuera de la investigación por prescripción, no por inocencia.
Ana Baron es amiga íntima de Ernestina Herrera, con quien comparte largas sesiones de bridge.
Todos en conjunto desean el default porque hacen cuentas de cuánto ganarían con ello. En cuanto a las críticas del faunen, son previsibles y no aportarán mucho, o en todo caso restarán, que es lo que suelen hacer: Tumini despotricará desde la izquierda y seguirá a la derecha; Solanas teatralizará otro "escándalo"; conoceremos otro capítulo de la telenovela psiccópata de Lilita...

¿Por qué la injerencia de la justicia norteamericana en las cuestiones argentinas?
¿En virtud de qué circunstancias un juez pedorro de New York, de primera instancia además, puede decidir sobre el destino, la felicidad y el bienestar de todos los argentinos? Imaginemos por ejemplo las consecuencias de que el juez Ercolini osara embargar los fondos de Papel Prensa-Clarín en el paraíso fiscal de Delaware, EEUU.
El actual conflicto con los hedge-funds, holdouts, fondos-buitre o vultur-funds (en rigor de verdad, más les valdría denominarse edge-funds, sin hache, porque están en los bordes del sistema financiero) habilita un par de precisiones.
Es cierto que New York es la capital financiera del mundo, pero también es el escenario natural de las películas neuróticas de Woody Allen, de los dibujitos anticomunistas de Walt Disney y el área de mayor consumo mundial de drogas.
Es preciso reconocer cierta relación de fuerzas, aunque el juez cascarrabias, que merece una rápida jubilación, cree estar en la cima del mundo manejándose con la impunidad derivada de tal ausencia de alteridad. 
Y hay una relación de fuerzas porque hay hipótesis de conflicto.
No debe confundirse optimismo con ingenuidad. Es difícil salir de esta crisis,pero se saldrá-

La justicia norteamericana decide sobre nuestros problemas internos desde 1981, a raíz de un préstamo externo para Aerolíneas Argentinas que tomó la dictadura cívicomilitar a tasas usurarias y luego de una habilitación del BCRA. Cierto juez federal de Usuahia o Tierra del Fuego puso el grito en el cielo: era Federico Pinto Kramer, pero no lo animaba el patriotismo. Estaba relacionado con la Fuerza Aérea. Es que en el negociado, habían dejado afuera a los brigadieres.
En aquel entonces Domingo Felipe Cavallo presidía el Banco Central, ese que en la misma época estatizó la deuda privada externa. Dagnino Pastore era ministro de Economía, ahora asociado con otros empresarios-lobistas-empresarios como Mario Brodersohn y Alieto Guadagni.
Si los fondos-buitre son parte del sistema financiero, está por verse. En rigor, son filibusteros que nos están apuntando con artillería pesada desde los bordes mismos del sistema financiero, allí donde desaparecen las reglas, la razón y la legalidad. La actuación de los fondos-buitre derriba las mismas bases de la Modernidad, demostrando que la fuerza es el derecho de las bestias, que no hay una categoría denominada razón, independiente del poder, y subsdiariamente que las maniobras denominadas ESTATIZACIÓN DE LA DEUDA, CONVERTIBILIDAD, PLAN BRADY, BLINDAJE y MEGACANJE fueron una gran estafa al pueblo argentino, porque se terminó pagando el doble de lo que se debía, y careciendo para colmo de constancias fehacientes de esa deuda.
Bien puede recordarse que esta visión colonizada de Argentina comenzó en 1824 con el famoso préstamo de la Banca Baring Brothers, que se terminó pagando en 1948, luego de abonar 20 veces las libras esterlinas que nunca se entregaron. Lo contrajo Bernardino González Rivadavia hipotecando la tierra pública, y entre sus negociadores había un señor Pinedo.
Sin duda, como sostuvo Jauretche irónicamente, Rivadavia fue el hombre que se adelantó a su época. 
Y no es casual que el empréstito Baring lo amortizara Perón, quien en ese entonces se negó al ingreso de Argentina al FMI. Aparece clara la coincidencia con los canjes de deuda del período Néstor-Cristina por un lastre de 160 mil millones de dólares, deuda adquirida en su totalidad antes de 2003; y la liquidación de la cuenta con el FMI. 
No es cosa de hacerse los guapitos y luego actuar como el enemigo quiere.
El relato de los endeudamientos ruinosos con el exterior es la historia de los sectores dominantes en Argentina desde 1810.
Por eso, es imprescindible CONFIAR.
Y no desperdigarse.

AL DIABLO CON EL PERIODISMO

Escribe: Teodoro Boot

A menudo, los periodistas se enfrascan en abstrusas disquisiciones y polémicas acerca de la naturaleza, límites y alcances de su oficio. 

Nos sorprenderíamos mucho si otro tanto hicieran los plomeros o los cloaquistas.

 Los plomeros y los cloaquistas suelen ser gentes modestas y conscientes que no suelen filosofar sobre la naturaleza y alcances de la plomería. Los periodistas en cambio, creen al suyo uno de los más trascendentes y esenciales de la sociedad, equiparable a la cirugía de tórax, la pediatría o la obstetricia. Sin embargo, si es posible (y a veces saludable) pasársela sin noticias, ya no es tan sencillo tener una canilla rota o tapado el inodoro. Pero ocurre que, a diferencia de los plomeros, debido a su proximidad y hasta familiaridad con los protagonistas de los hechos que informa, el periodista (sea político, deportivo, económico, policial) suele a veces confundir su importancia y significación social con la de esos mismos protagonistas, lo cual puede llevarlo a no pocas desmesuras.

Esta no es una visión compartida por la totalidad de las gentes.

Con su proverbial acidez, el escritor (y periodista) Gilbert K. Chesterton sostenía que el periodismo vendría a ser el arte de escribir el reverso de los avisos publicitarios. Para Lepoldo Marechal, por su parte, “el periodista es un ente, que por fatalidad de oficio, está condenado a escribir todo de todo, sin saber nada de nada”, mientras que en una historia que se solía contar alguna vez, estando dos viajeros a bordo de un globo aerostático, perdidos y sin rumbo en una región desconocida, al pasar sobre un pueblo uno de ellos se asomó al borde de la canastilla para preguntar a un lugareño:

–¿Dónde estamos?

–En un globo –respondió el de abajo.

El viajero se volvió a su compañero y comentó:

–Este hombre debe ser periodista, pues contesta correctamente pero no de lo que queremos saber.

Vaya uno a saber si alguna de estas definiciones se aproxima a la realidad. Lo cierto es que el periodismo argentino se esfuerza denodadamente por volverlas reales.

Para quien en la tarde del 9 de junio haya hecho zapping frente al televisor, agotador ejercicio del pulgar practicado por los espectadores a velocidad proporcional a su nivel de aburrimiento, los programas noticiosos mostraban un panorama inquietante. Por ejemplo, no es materia de interpretación cuántas horas el vicepresidente Bodou había declarado ante el juez Lijo. Sin embargo, para TN la declaración indagatoria se había prolongado durante ocho horas, para Crónica TV, nueve, para Canal 26, siete, y para América TV y Canal 23, cinco. Es difícil saber de dónde pudo haber surgido tamaña disparidad, como no sea de distintos relojes descompuestos o de la ingestión abusiva de sustancias tóxicas.

De casi igual manera, porque sí hay aquí interpretación, mientras para América TV Boudou contestó las cinco preguntas que le hizo el juez, a juicio de Canal 26 el vicepresidente habría respondido a sólo cinco de las preguntas del juez.

Y si ya era difícil saber a qué atenerse, el mismo Canal 26 presentó como “invitado” al gobernador de Córdoba José Manuel De la Sota, a fin de que comentara la noticia.

“Por fin un experto”, suspiró quien les habla, cansado de tantos y tan extraordinarios improvisadores, de creatividad suficiente como para dejar chiquitos así a payadores de la talla de Ramón Vieytes, Federico Curlando o el mismísimo Gabino Ezeiza.

 

Una acreditada experiencia

A fin de mejor calibrar el conocimiento de José Manuel De la Sota en todo cuanto se refiera a la impresión de billetes, vale recordar que en noviembre del año 2001, Olga Ruitort, entonces secretaria general de la Gobernación de Córdoba y a la sazón esposa del entonces gobernador y ahora gobernador y columnista José Manuel, estuvo demorada en el aeropuerto Merino Martínez de Santiago de Chile al haber sido sorprendida en poder de diez paquetes conteniendo 100 mil billetes de 50 Lecor cada uno, lo que hacía un total de un millón de billetes por un valor de 50 millones de pesos-dólar, aunque en Lecor, serie E.

Las autoridades del país vecino la acusaban de contrabando, en razón de que había declarado no llevar carga alguna.

La secretaria general de la Gobernación de Córdoba permaneció tres días en el aeropuerto de Santiago de Chile a bordo del Fairchild Swearingen Metro III, con capacidad para 1.600 kilogramos de carga, alquilado a la empresa porteña Baires Fly SA por 5.400 dólares, con un costo adicional por día de demora de 1500 dólares, lo que hizo un total de 9900 dólares. Pero no fue el costo ni el carácter subrepticio del viaje de la funcionaria ni el contenido de los paquetes (nadie tenía idea de qué era un “Lecor”) lo que despertó las iras de la oposición y sorprendió a los cordobeses, sino lo ocurrido después.

A fin de librarse del grave cargo por contrabando, la esposa del gobernador tuvo que presentar la factura de exportación de los Lecor emitida por la Casa de Moneda de Chile, de fecha 2 de noviembre de 2001 con el número 0129326. Según  esta factura, la Gobernación de Córdoba pagó 12,5 centavos de dólar por cada billete de Lecor, precio que, dicho sea de paso, era tan exorbitante que fue tildado de “estafa” por la mayoría de los observadores y la oposición en su conjunto.

Pero sería recién el 9 de noviembre y a través de Noticiero Doce, que la oposición, y la ciudadanía de Córdoba, así como gran parte del oficialismo se enterarían de que el gobierno de la provincia había mandado emitir cuasimoneda. La revelación obligó a José Manuel a hacer precipitadamente lo que debía haber hecho desde un primer momento: declarar a la provincia en estado de emergencia económica y poner a los cordobeses en estado de psicosis colectiva. 

Pero eso ocurrió algunos días después de que tuvieran lugar otros extraños episodios.

El día 5, por ejemplo, luego de que la esposa del gobernador partiera de Chile, el Swearingen Metro III con los diez paquetes y la única pasajera a bordo, hizo una escala de más de 20 horas en Mendoza, no se sabe bien para qué, ya que, de seguir vuelo la funcionaria habría llegado a Córdoba en menos de dos horas.

Recién el día 6 la señora De la Sota arribó al aeropuerto de Pajas Blancas, donde no la esperaba el sonriente José Manuel sino un funcionario de la Aduana, que labró  un acta de interdicción a los billetes, puesto que se trataba de mercadería en infracción, si puede llamarse así a un contrabando, encima, de billetes. De todos modos, la Aduana dejó que el gobierno cordobés llevase la mercadería, ya por razones de seguridad, ya porque tampoco el funcionario de Aduana sabía qué diablos era un Lecor.

En la correspondiente acta, el funcionario aduanero dejó constancia de que el señor Gustavo Fadda, director general de Administración de la Secretaría General de la Gobernación, cuya titularidad ejercía la propia interdicta, solicitó le fueran entregados los diez paquetes “por razones de estricta urgencia del gobierno público”.

La pregunta del millón (o más bien de los cincuenta millones) era en virtud de qué la esposa del gobernador traía personalmente a la provincia “un anticipo” del total de billetes emitidos, ya que, no obstante los argumentos esgrimidos por el licenciado Gustavo Fadda, no podía haber urgencia de ningún tipo puesto que ninguna ley autorizaba la circulación ni la existencia de las letras de la tesorería de Córdoba.

El gobierno provincial declaró que no respondería a la prensa preguntas sobre ese viaje. Y ya está.

El viaje mereció alguna nota en La Voz del Interior, otra en el matutino Clarín, curiosamente en su sección Política y no en Policiales y alguna indignada mención de diario de los Mitre. Pero poco más: a la noticia se la devoró la crisis. Y la amnesia.

Es la misma amnesia que permite que, a la luz de la experiencia, el gobernador José Manuel de la Sota haya devenido en columnista televisivo para comentar la indagatoria judicial a que en ese día era sometido el vicepresidente Amado Boudou, hasta el momento acusado de “negociaciones incompatibles con la función pública”.

“Si es culpable, que pague”, pontificó el periodista-gobernador.

Si Bismarck tenía razón al decir que “El periodista es un hombre que se ha equivocado de carrera”, vista la nueva adquisición periodística de canal 26, no quisiéramos saber qué es un gobernador.

RECUERDOS DE OTROS 9 DE JUNIO

Quizás no haya pluma que supere lo relatado por Rodolfo Walsh en “Operación Masacre”. 

El fusilado que vive. Un recurso literario, en rigor, porque varios fueron los sobrevivientes.

Pero puedo sí relatar lo que cree recordar la memoria de quien fuera un pibe de 10 años en 1957. 

Ese chico tomaba habitualmente el colectivo 9 (actual 127) en Villa Maipú. En algunas oportunidades, se asombró con cierto indefinible horror cuando vio que el chofer tenía la cara grotescamente deformada.

Por un disparo, sabrá más adelante.
De un fusil Máuser calibre 7.62, sabrá más adelante.

En esa época, Villa Maipú era una zona fabril del partido de San Martín. Nada, poco y nada queda de ello.

Su padre tenía un pequeño aserradero y fábrica de casillas de madera puestos con créditos del IAPI. El colectivo 9 lo llevaba hasta Constituyentes y General Paz, desde donde abordaba, en la terminal, los resoplantes Mack de la línea 102 hasta Álvarez Thomas y El Cano. El adoquinado esta ennegrecido por el gasoil que pierden los ómnibus.

(Julio Troxler, otro de los sobrevivientes).

Quince años después, ese mismo pibe estaba sentado en la caja de una pickup Volkswagen carrozada, sobre un banquito y con un balde a mano por si había que orinar. Está observando (desde un agujerito abierto en la partev trasera de la caja del vehículo) a un hombre con horarios rutinarios para entrar y salir de un edificio ubicado en Sarmiento casi Florida. Pero ese hombre morirá recién en 2001: el diario La Nación le hará un panegírico, en su más pura tradición mitrista.

En un párrafo, y refiriéndose a los fusilamientos del 9 de junio de 1956, escribirá el columnista Jorge Rouillon en La Nación: “En ese momento, quizá teniendo frescas las anteriores persecuciones políticas, que habían vivido como una dictadura, no hubo pronunciamientos contrarios a los fusilamientos -de civiles y de militares- de los partidos políticos actuantes, ni siquiera de la Unión Cívica Radical, cuyo Comité Nacional presidía Arturo Frondizi, que en 1958 llegaría a la presidencia con los votos del peronismo, sumados a los del radicalismo intransigente”. La nota apologética (porque precisamente eso es “apología del delito”) se titulaba: “A los 92 años, murió el coronel Desiderio Fernández Suárez”.

Como jefe de la policía bonaerense, el coronel Desiderio Fernández Suárez había dirigido los fusilamientos de José León Suárez.

El chofer de la línea 9 era Juan Carlos Livraga, uno de los fusilados que sobrevivieron.