A Daniel Azpiazu
¿Cómo se explica qué es una burguesía no-nacional? La historia de la empresa Acindar es la parábola de una burguesía reacia a invertir en su país de acuerdo al modelo eurocéntrico de sector social dominante en expansión, competitivo, industrialista, emprendedor y nacional, es decir, que toma para sí el sentido, el en sí y paraa sí de la nación. Asume ese en sí y para sí, pero para un modelo de país muy distante del que aquí se promueve. La Argentina de los Acevedo, por el contrario, es el país de Mitre: la colonia próspera.
Integrante primitiva del Grupo Bemberg archienemigo del peronismo junto con la chilena Aragón (desde las primeras décadas del siglo XX), la Acindar de los Acevedo vendía perfiles de hierro para la construcción de viviendas. Luego de la Segunda Guerra Mundial se separó de Aragón e inició una etapa de inversión en perfiles para uso agropecuario y en la construcción.
En los '70 se alió con su competidora Techint (repartiéndose el mercado) para destruir a la estatal Somisa, objetivo que ambas cumplen en los '90 con el menemismo. En efecto, Somisa es adquirida por Techint a precio vil y Acindar participa en la licitación (hecha a la medida de la primera) con un prestanombres o testaferro.
Para esa época, además, se estaba produciendo en toda la industria un cambio tecnológico que reducía el peso relativo de los trabajadores en la actividad. Acindar no escapó a esa reconversión: de casi 7.000 operarios en los '70, hoy tiene unos 2.000.
Entre los '90 y los primeros 2000 fue adquirida por un grupo brasileño que a su vez sería absorbido por una multinacional con sede en India. El objetivo de los Acevedo, muy alejados de la idea de "capitanes de industria", pareció ser la valorización de la empresa como paso previo a la venta,.
Esta nota abarca un período corto de los '70, donde confluyen la reconversión productiva de Acindar; el modelo de desindustrialización puesto en práctica por José Alfredo Martínez de Hoz, quien no casualmente saltó de la presidencia de la empresa al ministerio de economía; y la etapa más combativa del sector "clasista" de los trabajadores.
Nota de Acindar con la firma de Alcides López Aufranc, jefe del EMGE hasta la consagración de Héctor J. Cámpora.
Acindar en 1975
La represión en la planta de Acindar
en Villa Constitución, bautizada por quienes la diseñaron o ejecutaron como Operativo
Serpiente Roja del Paraná (significante, el color rojo, de esa hijuela de la Guerra Fría
que fue la doctrina de la Seguridad Nacional) se inició el 20 de marzo de 1975.
Provocó más de veinte muertos y desaparecidos y la instalación del primer
centro clandestino de detención y torturas del país. En aquel día, más de
cien personas fueron ilegalmente arrancadas de sus hogares o lugares de trabajo
por personal de las fuerzas armadas y de seguridad que luego serían trasladadas
a dependencias policiales y carcelarias en cumplimiento de directivas
empresarias.
Antecedentes
El año 1975 será recordado como una
etapa caótica, anómica y brutal en la historia de la Argentina. El terrorismo
de Estado se había desatado a partir de la muerte de Perón según algunos
autores
, o desde
la masacre de Ezeiza según otros
, en un
ciclo de violencia política creciente donde el enfrentamiento principal se
había trasladado al interior del peronismo en cuanto era este el que detentaba el poder institucional.
Esa violencia no habia surgido de improviso en
marzo de 1973 con el retorno de la democracia luego de dieciocho años de
proscripción del peronismo: por el contrario, se había generado -por el enfrentamiento
entre peronismo y antiperonismo- en el bárbaro bombardeo masivo a civiles de
junio de 1955 a Plaza Mayo, continuó con los fusilamientos de junio de 1956, y
se fue generalizando luego ante cada etapa de democracia proscriptiva hasta llegar a constituir el principal factor
de quiebre de la dictadura del general Lanusse.
Pero no se detuvo con el triunfo
del Frejuli y el ascenso de Héctor J. Cámpora porque el poder real se mantenía en sus lugares a despecho de los resultados electorales. Ya en 1975 se había agregado,
siguiendo a Eduardo Luis Duhalde
,
el terrorismo de Estado presente a través de
grupos clandestinos como la AAA y otras bandas paraestatales.
Por otra parte, existían -dentro de
los muy numerosos grupos y organizaciones que habían actuado hasta 1973
intentando representar o interpretar o ponerse al frente de los deseos de las
mayorías populares- dos grandes corrientes ideológicas o de conceptualización
de la realidad.
Una de ellas, a la que podemos
llamar genéricamente “peronista”, abarcaba o parecía abarcar al conjunto del
movimiento que lideraba Perón y cuyo retorno había alentado distintos sentidos
o significados, aunque eso no siempre se manifestara claramente. Alguien, no recuerdo quién, ha dicho: "Perón simulaba conducir el conjunto". Como en un determinado momento estalla una competencia excluyente" por la conducción de esta corriente (Perón por un lado, Montoneros por otro), este sector se escinde.
La otra era el “clasismo”,
denominación tan genérica como la anterior, y que recogía la antigua tradición
izquierdista o de raíz socialista, anarquista y marxista, aunque algunos
sectores de ese clasismo (el conocido como “izquierda nacional”) se habían
integrado al amplio movimiento peronista. Los mayores desarrollos del
“clasismo” eran lo que se denomina sindicalismo
de base, que disputaba la hegemonía con los sindicatos de tradición
peronista.
Ambas corrientes habían confluido,
se habían supuespuesto o enfrentado en el pasado en distintas oportunidades.
Básicamente, la diferencia
conceptual entre unos y otros se refería a la prioridad otorgada al conflicto
social (lucha de clases) o la existencia eventual de una cuestión “nacional”
que ponía aquel conflicto en un segundo plano y priorizaba la armonización paulatina de los conflictos de clase.
En 1975, algunos de los conjuntos agregados en el objetivo
de combatir a la dictadura se estaban disolviendo violentamente: la
organización Montoneros desafía a Perón, pretende competir con su liderazgo y
reinterpretar al peronismo de acuerdo al
“rol
histórico de los trabajadores” para inmediatamente pasar a la clandestinidad.
El ERP ataca militarmente al gobierno
de Perón (que había asumido poco antes con el 62% de los votos), para
destruir el injusto sistema de explotación y
opresión que sufren los trabajadores argentinos y una de cuyas principales
fuerzas son sus Fuerzas Armadas contrarrevolucionarias
Los hegemónicos sindicatos de origen peronista se abroquelan en el
poder, sin constituir un homogéneo, de acuerdo a cómo se sitúen en la
estructura productiva. Este “monopolio ideológico” se ve puesto en jaque por
primera vez allí donde existan
delegados
de base pertenecientes a la JTP o el “clasismo”, y los conflictos suelen
resolverse a los tiros.
Ese “clasismo”, en su vertiente no
armada, que abrevaba en liderazgos de distinto origen
, es el
sujeto político que produce lo que los historiadores del propio “clasismo”
denominan
Villazo, un enfrentamiento
entre trabajadores, conducciones sindicales y empresas que se extendió desde
San Nicolás (Pcia de BsAs) a Rosario, c
on centro en la planta de Acindar en
Villa Constitución aunque se extendió a otras empresas, y cuyo control militar por
parte del Estado (en los términos de lo que el general Osiris Villegas había llamado la
“guerra revolucionaria”) fue conocido como Operativo
Serpiente Roja del Paraná.
Otro punto de vista
Si la centralidad de la etapa era el enfrentamiento entre las OAP (Organizaciones Armadas Peronistas) y el poder institucional, se pierde de vista que el modelo económico estaba cambiando fuertemente con el impulso generalizado que le estaba dando el Estado al sector empresario pyme ligado a Gelbard. Esa es para mí la verdadera centralidad, y lo digo hoy, a la vuelta de los años.
Toda, o gran parte de la ilusión, el ideal, de la patria socialista era un bluff, un engaño, lo que no significa que lo fuera menos la patria peronista. La insurrección armada no auguraba sino baños de sangre y quizás cosas peores, como la desaparición de la Argentina. Nadie sabía en qué consistía el socialismo de esa patria. Todos eramos en aquel entonces incapaces (por ingenuidad) de comprender que LO IDEAL ES ENEMIGO DE LO BUENO. Comparto (muchos compartimos) esa resignificación del pasado, y por eso, porque creo que ESTO es lo ÚNICO BUENO QUE NOS PUEDE PASAR, LO APOYO.
La enfermedad del protagonismo infantil de aquel entonces derivaba de empuñar una pistola 9 mm. El poder, al contrario de lo que por aquel entonces se decía en Vietnam o en China, no proviene de un arma de fuego. Pero tampoco de movilizaciones callejeras, por mas numerosas o vociferantes que sean,
Hay tontos que todavía hoy lo siguen pensando: conozco a alguno.
En 1974/75 se tensó la cuerda de tal manera que el baño de sangre y la virtual desaparición de la Argentina fueron realidades palpables.
El sujeto político de aquel entonces no era Montoneros sino Perón y el pueblo que lo apoyaba. Es cierto que esto tiene un costado trágico: la debilidad, la ancianidad, la enfermedad y finalmente la muerte del Líder, pero es hora de quitarle centralidad a las organizaciones armadas.
El siguiente punto aclara un poco más desde otra perspectiva, la del cambio paulatino del modelo de producción industrial.
Situación laboral en 1974/75
En 1974, los asalariados habían alcanzado una participación
en el PBI equivalente a la de 1954, cercana al 50%. El salario real, tomando
como base 100 el año 1970, era de 135 y el costo laboral ascendía a 115 para la
misma base a costa del aumento de la productividad.
Afirma Graña:
“Los dos
primeros años del tercer gobierno peronista muestran una situación
particularmente favorable, en la cual el salario real trepa más del 30%, lo que
evidentemente lleva su nivel al más alto de la serie analizada. Sin embargo, a
partir de la caótica situación de 1975, dictadura mediante, y hasta 1977 las remuneraciones
reales promedio del país se reducen un 50%”, mientras aumenta la
productividad laboral
.
El Convenio Colectivo N° 260 firmado por la UOM ese mismo
año (es el que rige en la actualidad) colocaba a los metalúrgicos en una
situación de ventaja respecto de otros sectores de la economía, con lo que de
alguna manera se repetía lo sucedido con Sitrac-Sitram en Córdoba (1969): la
rebelión estallaba en Villa Constitución entre trabajadores cuyos ingresos
estaban por encima de la media del salario general.
El eje del conflicto que se desató entre el gobierno
nacional y el “clasismo” con eje de Villa Constitución es que la nueva Ley 20.615/73
de Asociaciones Profesionales, firmada en el marco del Plan Trienal,
convalidaba y protegía la hegemonía peronista en los sindicatos, y por lo tanto
impedía o parecía impedir la democracia sindical “de base” que el clasismo
reclamaba. En la perspectiva del gobierno, por el contrario, además de
considerar vital el apoyo político de los sindicatos peronistas, el manejo de
la política económica requería centralizar la resolución del conflicto para
controlar los aumentos salariales en materia de distribución del ingreso.
Según Mónica Gordillo (Conicet-UNC),
“las medidas adoptadas al intentar reducir los costos laborales sin
modificar la forma centralizada de negociación del conflicto, contaron con el
apoyo inicial del empresariado y de la cúpula sindical que, conjuntamente, se
convirtieron en los principales defensores de la ortodoxia en materia laboral;
en ese contexto, la resistencia obrera se dio a nivel de las bases o en
dirigentes intermedios ya que las medidas afectaban derechos individuales y de representación
de los trabajadores, no las prerrogativas de las corporaciones sindicales”. Con la
firma de Agustín Tosco, el Movimiento Sindical Combativo de Córdoba firmó en noviembre
de 1974 una declaración donde se reclama
la
derogación de todas las cláusulas de la ley 20.615 de Asociaciones
Profesionales que favorece el centralismo autoritario y burocrático, atentando
contra la democracia sindical de bases.
Pero en Acindar la conflictividad gremial no se había
desatado sorpresivamente en 1975.
Desde 1970, la combinación de activistas de “clasismo”; una
intervención de la UOM que no respondía a los
reclamos de las bases y una conducción empresaria autoritaria y
paternalista (de lo que los Acevedo hacían gala), eran el marco de un clima de
gran conflictividad que -dictadura mediante- se mantuvo hasta los ’90.
En octubre de 1974, además, el ortodoxo Gómez Morales había
reemplazado a Gelbard, lo que auguraba una nueva etapa de acumulación del
capital y caída del salario cuyas consecuencias ya eran palpables.
Acindar, el conflicto gremial y la política empresaria
Las dos reivindicaciones principales de los activistas
gremiales que fueron reprimidos en 1975 eran: asegurar la fuente de trabajo y
elegir comisiones internas independientes de la conducción nacional de la UOM.
Pero la lista no se agotaba allí: se exigían
“salarios que posibilitaran condiciones
dignas de vida para los trabajadores y sus familias, el cumplimiento del
convenio especialmente por parte de talleres y contratistas en lo que se refiere
a categorías, trabajo peligroso e insalubre, calorías, etc., más las
reivindicaciones que hacen a otros aspectos de las condiciones de trabajo y
ritmos de producción para evitar el agobio de los trabajadores y la
superexplotación, el atraso en los pagos, la falta de pago de las horas extras
y la miseria salarial y la expoliación a que se somete a los menores
aprovechándose de su necesidad imperiosa de trabajar. A eso hay que agregar el
grave problema de la falta de servicios sociales, particularmente en lo que
hace a la asistencia médica y medicinal, pues a pesar de que la dirección
nacional de la UOM se lleva de Villa Constitución 80 millones de pesos por mes
(por cuota sindical y ley 18610), sólo devuelven una ínfima parte que no
alcanza para cubrir ni las menores necesidades”.
Entretanto, las previsiones de Acindar respecto de la
cantidad de trabajadores empleados eran muy distintas por la caída de la
producción y la reconversión tecnológica.
Según Ceruti (op.cit) “a
fines de 1972, con una producción de 456.000 toneladas de laminados,
participaba con un 22% de la producción nacional, mientras que en acero crudo,
fabricaba 155.000 toneladas. Contaba con un personal de 3.500 obreros y 1600
empleados,; más 600 obreros y 100 empleados en Marathon”.
La empresa necesitaba reducir su plantilla laboral por la
planificada reconversión tecnológica (ver más abajo). “
Entre los años 1979 y 1981 y reduce su plantel de personal de 12.795 a
8.155”
En 1975 el consumo de acero (183 Kg/habitante) había sido el
más alto en la historia argentina. A partir de allí se inicia un proceso
ininterrumpido de caída de la demanda que implicó una reducción de puestos de
trabajo en el sector de 47.000 en 1975 a 17.000 en 1992. Entre 1978 y 1981 fueron expulsados más de 11.100 trabajadores en el
sector.
Esta reducción de personal estuvo
acompañada de una acelerada concentración: entre 1975 y 1985, las plantas
integradas pasaron de dos (Somisa y Zapla) a cuatro (Somisa, Zapla, Acindar y
Siderca).
Las semi-integradas se redujeron de
diez a una.
Las laminadoras pasaron de cuarenta
y siete a veintiuna, varias de las cuales fueron adquiridas por Acindar.
El total de empresas siderúrgicas
se reducirá, entre 1975 y 1985, de cincuenta y nueve a veintiséis
.
Contexto económico
El “clasismo” era plenamente
consciente de que las nuevas alianzas económicas del gobierno de Isabel se
estaban desplazado de la CGE al Consejo Empresario Argentino.
Alfredo Gómez Morales, con un plan
monetarista ortodoxo y cierto diálogo con el sector sindical peronista (pasó
del BCRA al ministerio de Economía, y había sido funcionario durante el primer peronismo),
remplazó a José Ber Gelbard en una difícil situación: baja de exportaciones por
cierre de mercados, suba de importaciones, aumento de precios de petróleo,
desajustes en el Pacto Social que la muerte de Perón había acentuado, puja
distributiva, incremento de la economía “informal” y creciente indisciplina en
todos los actores sociales, todo ello en el marco de un avance de dictaduras
militares en América Latina (Uruguay, Bolivia, Chile, Brasil, Paraguay) que
aplicaban planes neoliberales, incompatibles con un gobierno que, al menos en
sus comienzos, había marcado un rumbo distinto en términos de cambio social,
político y económico.
La Marrón
Desde 1970, y a raíz de una huelga en
Acindar donde se acusó a la comisión interna de la UOM de connivencia con la
patronal (y que los trabajadores tomaron como derrota propia)
, se
conformó la lista Marrón opositora a la conducción nacional del entonces poderoso
sindicato, uno de cuyos dirigentes (Ricardo Otero) ocupará el ministerio de
Trabajo en 1973
.
Liderando esa lista contra todo el
“aparato” y con una amplia movilización política y social en la zona, el opositor
Alberto Piccinini ganó la seccional Villa Constitución de la UOM, triunfo que
el gobierno de Isabel calificó como “un complot de
características inusuales en Argentina”. Afirmó además, por cadena
nacional, que “la gravedad de los hechos
es de tal naturaleza que permiten calificarla como el comienzo de una vasta operación
subversiva terrorista puesta en marcha por una deleznable minoría”.
En setiembre de 1974 el Congreso había
dictado la ley 20.840 para reprimir las actividades subversivas de las
organizaciones armadas.
Un mes antes de que diera comienzo
la represión en Acindar, el 4 de febrero, se había dictado el Decreto 261 cuyo
primer artículo ordenaba al Ejército “ejecutar
las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o
aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de
Tucumán”.
En octubre, ahora con la firma del
presidente provisional del Senado Ítalo Luder se ampliaría esa directiva a todo
el territorio del país. Para ese entonces ya había sucedido el “rodrigazo”, un
shock monetarista que provocó una brusca redistribución del ingreso, echó leña
al fuego del conflicto social y preparó el terreno para la política económica
que se iniciaría en marzo de 1976.
Quien estaba al frente de Acindar
en 1975 cuando se produjo el operativo y será designado ministro de economía de
la dictadura un año más tarde es José Alfredo Martínez de Hoz.
Pero no sería Videla quien elegiría
a su ministro entre varios postulantes, como repetía la propaganda oficial,
sino el gran empresariado liderado por Martínez de Hoz el que, en ese año
crucial, convino con la cúpula de las fuerzas armadas la toma del poder luego
de una reunión del Consejo Empresario Argentino con los tres comandantes en
jefe.
Es decir, a principios de 1975 ya se había concretado una
sólida alianza empresaria-militar que, tarde o temprano, desembocaría en un
golpe de estado. En febrero de 1975 se constituye APEGE (Asamblea Permanente de
Entidades Gremiales Empresarias) integrada por el Consejo Empresario Argentino
(presidido por José Alfredo Martínez de Hoz en representación de Acindar), la
Sociedad Rural, Confederaciones
Rurales Argentinas (CRA) y otras entidades empresarias que coinciden en
calificar al sindicalismo peronista como “demagogo y corrupto”) y en
estar preocupados por la influencia del sindicalismo “combativo” y “clasista”
al que califican como “
guerrilla fabril”
o “
subversión Industrial”
.
APEGE organizará el
lock-out patronal general de febrero de 1976, el primero en la historia
argentina que abarcaba a la industria, el comercio y las actividades
agropecuarias, aunque estas últimas ya había producido cinco paros.
Llegaba la hora de la espada, como había anticipado Lugones para otra chirinada.
El bloque de intereses
Al uso del aparato represivo del
Estado por parte del sindicalismo peronista y la participación directa de
grupos políticos y gremiales contrarios a la Tendencia en los sucesos de Villa
Constitución y el triunfo de la Lista Marrón, se debe sumar la alianza
establecida por la cúpula militar con el gran empresariado en el que se contaba
a Arturo Acevedo, dueño de Acindar.
Por eso, las fuerzas armadas y de
seguridad respondieron rápidamente a la solicitud de Acindar de “reimponer el
orden” en las plantas paralizadas por el activismo gremial ya que se lo
señalaba como el “enemigo marxista” contra el cual ya estaba empeñado el
Ejército en Tucumán (Operativo Independencia, al frente de cual se nombró al
general Acdel Vilas).
Ante la Comisión Investigadora de
la estatización fraudulenta de la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad constituida
en el Congreso Nacional que en 1975, Martínez de Hoz declarará en 1985 que se
había reunido con los comandantes en jefe junto con otros miembros del Consejo
Empresario Argentino para exigirles que restablecieran el orden en momentos en
que las circunstancias impedían "la
libertad de trabajo, la producción y la productividad”.
Por otra parte, la actividad
siderúrgica estaba íntimamente entrelazada con el Estado y directamente relacionada
con el Ejército en una época en que esa actividad se consideraba “estratégica”
para la defensa militar del territorio y los recursos.
Por sus mismos orígenes (ley Savio)
y porque la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) era el
organismo de planificación estatal y el que le asignaba roles al sector.
Es decir, había una íntima ligazón
entre las empresas y las fuerzas armadas. Sostiene Azpiazu y otros (op. cit):
“Esta ubicación estratégica de Fabricaciones
Militares en el sector trajo como consecuencia que a partir de su articulación
con el sector privado se conformara un bloque de intereses que, en los hechos
definía el rumbo productivo y el destino de las transferencias que recibía el
sector siderúrgico privado”.
El sindicalismo peronista, en esas
condiciones, era funcional al bloque de intereses:
a) tradicionalmente era más
dialoguista que la nueva cúpula gremial elegida en Villa Constitución;
b) esta última competía por la
conducción nacional y amenazaba con desplazarla exitosamente;
c) el dialoguismo de los sindicatos
peronistas entraba en colisión con su propia base, por cuanto el poder
creciente del gran empresariado significaba paralelamente una caída en el nivel
del salario y las condiciones laborales, como se comprobaría tres meses más
tarde cuando se implementó el plan de Rodrigo-Zinn
;
d) ideológicamente, la cúpula
sindical peronista expresaba cierta afinidad, en su rechazo a las posturas
izquierdistas, con la doctrina militar de la Seguridad Nacional. Este aspecto
está relacionado con la naturaleza del peronismo, su origen, doctrina y
conformación, pero también a la relación entre esa doctrina y la Guerra Fría, y
escapa a los límites de esta presentación; e) esta coincidencia facilitaba el
establecimiento de lazos con las fuerzas armadas y de seguridad (y con el
ministerio de Bienestar Social al frente del cual se encontraba José López
Rega) para “compartir”, desde el Estado, operaciones clandestinas de represión,
por cuanto semejante doctrina incluía interrogatorios mediante torturas. infiltración, inteligencia, secuestros y desapariciones de opositores políticos.
La violación a los derechos humanos
era parte constitutiva de la doctrina militar.
e) El sindicalismo peronista no era
un homogéneo en marzo de 1975 porque se había abierto un frente de resistencia
al enfriamiento de la economía decidido por Alfredo Gómez Morales (un sector
liderado por la UOM, el otro por el gremio textil).
En plena vigencia del Plan Trienal que Torcuato Di Tella
define como
“fuertemente
intervencionista, moderadamente nacionalista y distribucionista”,
el gobierno constitucional había puesto una cuña en este férreo bloque de
intereses dictando el Decreto 619/74, reglamentario de la ley 20.560/74 de promoción
industrial, según el cual el organismo responsable de evaluar los planes de
inversión privada
dejaría de ser la Dirección General de Fabricaciones
Militares y pasaría a ser el ministerio de Defensa conducido por un civil
(Savino, de quien se mencionaban contactos con la P2).
Sin embargo, no se reducían los beneficios para la
actividad: la norma establecía participación estatal en el capital de las
empresas a solicitud de éstas, líneas especiales de avales y créditos del
Banco Nacional de Desarrollo, garantías en la adquisición de bienes de capital;
incentivos fiscales, diferimientos impositivos, y deducción del monto
imponible del impuesto a las ganancias de las sumas invertidas.
El Plan de Expansión
La primitiva alianza empresaria en la constructora Acevedo y
Shaw perteneciente al Grupo Bemberg señalaba un entrelazamiento histórico con
grandes productores agropecuarios y la Iglesia Católica, es decir, con el poder
tradicional.
Así, por ejemplo, Enrique Shaw, dueño del Banco Shaw y casado
con Cecilia Bunge, fue oficial de la Marina, creador de la ACDE (Asociación
Cristiana de Dirigentes de Empresa), y se pediría su canonización vaticana.
Se lee en la página web de Acindar sobre su creación:
Por supuesto Acindar
debió afrontar las vicisitudes propias de la errática economía argentina.
...
Desde el inicio, fue
intención del Ing. Acevedo llegar a una planta integral, es decir que partiendo
del mineral de hierro se hiciera el proceso completo hasta llegar a los
productos terminados. Varios fueron los intentos que no prosperaron básicamente
por la oposición del Gobierno. Finalmente, en 1975 se aprobó el nuevo plan de
Acindar, e inmediatamente se inició la construcción de una planta de reducción
directa, una acería con tres hornos eléctricos y una colada continua, además de
las instalaciones auxiliares que incluían un puerto mineralero. Este fue un
hito de suma importancia para la empresa que pudo controlar la producción de su
propia palanquilla, no dependiendo del suministro por parte de Somisa.
...
Con los altibajos
propios de esos años, llegamos a la década de los 90 donde en lo que respecta a
la siderurgia se produce un acontecimiento de fundamental importancia. Se
privatizan las empresas del sector que estaban en manos del gobierno, con lo
que desaparece un factor distorsivo para la actividad privada.
El Plan de Expansión de Acindar (que había sido rechazado
durante la revolución Argentina, etapa Levingston) se aprobó por gestión
personal de Martínez de Hoz ante la DGFM-Ministerio de Defensa. No queda claro
si para ese entonces Somisa seguía siendo prioritaria para el Ejército aunque
sí se verá, ya promediando la dictadura, que ese plan perjudicaría a la empresa
estatal
. Esto
podría explicarse en relación con las tensiones interiores a las fuerzas
armadas
donde
convivían sectores “desarrollistas” y “liberales”, a lo que debe agregarse un
fuerte estado deliberativo, antiperonismo en unos y otros (fueran azules o
colorados) y adscripción a la doctrina de la guerra revolucionaria o de
Seguridad Nacional
.
El plan empresario puesto en marcha en 1975 implicaba
simultáneamente:
a) su reconversión tecnológica a la reducción directa,
b) dejar de depender de Somisa para la provisión de
palanquilla, y
c) desprenderse de la tutela del Plan Siderúrgico Nacional
vigente desde 1973 (extensión del viejo pero todavía efectivo Plan Savio) como
parte del Plan Trienal que, desde la visión de la empresa, la “condenaba” a ser
una planta semi-integrada cuando su objetivo era convertirse en integrada
horizontal y verticalmente absorbiendo a la competencia
.
Paradojalmente, la empresa de Arturo Acevedo y presidida por
José Alfredo Martínez de Hoz anhelaba desprenderse de la tutela estatal aunque
gozaban de un régimen especial establecido en el Decreto 619/74, y de los
beneficios de las leyes 20.560 de promoción industrial y 20.545 de protección a las importaciones.
Ese “desprendimiento” se pondrá de manifiesto en 1979/80
cuando, en el marco de tensiones internas dentro del elenco de la dictadura (un
sector del Ejército atrincherado en Somisa pretendía sostener el rol rector del
Estado en la industria del acero), Somisa se ve obligada a vender al extranjero
sus excedentes.
Para lograr estos fines, la empresa consideraba prioritario
“restablecer la disciplina fabril”, lo que en términos militares significaba
“acabar con la subversión”. Paradójicamente, y aunque Acevedo mantenía una insanable inquina con el peronismo por su pertenencia al Grupo Bemberg, fue un
gobierno peronista el que le otorgó, en plena era Gelbard, los mayores
beneficios en términos de protección arancelaria, desgravación impositiva y
promoción industrial.
Que la dictadura mantendrá y ampliará.
Mediante el Decreto 619/74 citado arriba se aprobó la
primera etapa del plan de expansión por un monto de 251 millones de
dólares
que
saldrán primordialmente de fondos estatales.
Una empresa enfrentada al gobierno
El remplazo de Gelbard por Gómez Morales era una buena señal
para Acindar, pero insuficiente.
El Plan Trienal teóricamente había sido desactivado, pero
las leyes que se produjeron para desplegarlo todavía estaban vigentes.
Sostienen Belini y otros: “A mediados de los años setenta, el Banade tenía el 20% de las acciones
de Acindar... había hecho distintas suscripciones de deventures y acumulaba un
crédito importante por préstamos ordinarios. Sumados las inversiones y los
créditos, el monto de las acreencias al Banade representaba el 125% sobre el
capital de la empresa, hecho que refleja la relativa vulnerabilidad que Acindar
tenía ante potenciales exigencias del acreedor público”.
Y agrega
: “En 1973, el
ministro de Economía José Ber Gelbard había incluido a Acindar entre las
empresas cuyas acreencias serían incorporadas a la nueva Corporación de
Empresas Nacionales (CEN)”
.
Es decir, si no cambiaba la orientación de la economía, Acindar
podía convertirse rápidamente en una empresa estatal o con participación
estatal (mixta) por las deudas que mantenía con el Banade.
Pero sobreviene la dictadura: en 1982 se estatizó la deuda
externa privada de casi 700 millones de dólares que Acindar había tomado en el
exterior para convertirse en planta integrada con reducción directa.
Ese pasivo fue el cuarto en magnitud del total de la deuda
externa privada, luego del de Cogasco (1.338 millones de dólares), Autopistas
Urbanas AUSA (951) y Celulosa Argentina (836)
.
Como la demanda de acero (entre 1966 y 1975, a un ritmo de
15.8% anual acumulativo) aumentaba mucho más rápido que la oferta, a principios
de los 70 eran insuficientes la producción de arrabio y la provisión de
chatarra, y el acero total colado no alcanzaba a satisfacer la demanda de
semielaborados.
“Esta estructura de
estrangulamiento ha llamado la atención sobre el comportamiento de las empresas
privadas”, refieren Azpiazu, Basualdo y Kulfas
, porque
a contrapelo de lo sucedido en países como México, la India o Francia, las
locales no respondieron con inversión al empujón (
push) público inicial y prefirieron
“aprovechar las quasi rentas y subsidios directos o indirectos
provistos por el Estado”, lo que, junto con cambios tecnológicos como el
uso cada vez más generalizado de la reducción directa, tendieron a ir
perfilando las decisiones estratégicas de las principales empresas del sector
privado: Dálmine-Siderca y Acindar, “
tanto
en materia de orientación productiva como del tipo de políticas públicas y
subsidios que demandarían y obtendrían”.
Esta actitud explicaba los datos del comercio exterior, con
un déficit en el rubro acero (arrabio, chatarra, planchones, bobinas laminadas
en caliente y aceros especiales) de 1.500 millones de dólares en el trienio
1973/75.
Los Acevedo y Martínez de Hoz desplegaban el “ideario”
neoliberal del Estado subsidiario entendiéndolo como un Estado que sirviera a
sus propios intereses.
Lo que se estaba preparando
José Alfredo Martínez de Hoz pasó de la presidencia (luego
de ser síndico) de Acindar al Ministerio de Economía, al que se sumó el
ex-gerente Juan Alfredo Etchebarne al frente de la Comisión de Valores. Este
último declaró en la Causa 41712, cuerpo 2, folio 257 haber sido gerente de la
empresa, “a la que ingresó por intermedio
del doctor Jaime Perriaux y de su presidente, José Alfredo Martínez de Hoz”
La empresa será especialmente beneficiada por la dictadura. Los
beneficios concedidos a partir de 1976 fueron: deducción del monto imponible de
las sumas invertidas en el proyecto; el diferimiento no indexado del impuesto a las ganancias, provisión de gas y
electricidad, apoyo crediticio, garantías y avales. De este régimen de
promoción, según el estudio de Flacso citado, el 61,4% corresponde a Acindar,
porcentaje que se convierte en el 89.5% si excluimos los proyectos que nunca
entraron en etapa operativa, y al 93% si
consideramos que Tamet, titular de uno de los proyectos, era una empresa
controlada por Acindar.
Los beneficios otorgados a Acindar ascendieron, según el
estudio de la Flacso, a unos 300 millones de dólares restados a los ingresos
públicos.
En otras palabras, puede decirse que en materia siderúrgica
y en el sector de no-planos, el Estado Argentino (la dictadura cívico-militar)
era una extensión del directorio de Acindar.
Según el diario “Ámbito Financiero” (3/1072007) “Acindar supo crecer con el capital de
otros”, refiriéndose a la invariable solidez del precio de sus acciones en
el mercado bursátil local: desde 1976 en adelante, los inversores advertían que
la protección especial brindada a la empresa por la dictadura era garantía de
ganancia.
Escribió Alfredo
Zaiat en Página 12 (6/10/2007 que durante la dictadura, (Acindar) “recibió avales
otorgados por el Tesoro Nacional por 148,5 millones de dólares; gozó también de
créditos por 231 millones de dólares del Banade que jamás devolvió; tuvo además
una importante protección arancelaria, que le permitió ejercer sin amenaza de
competencia externa su poder oligopólico sobre el mercado; y recibió tarifas
diferenciales para el consumo energético de sus plantas, lo que implicó otro
subsidio relevante”.
La alta protección arancelaria (de un 40%) era antagónica con la
apertura de la economía que constituía el eje de la política de la dictadura y
significaba
“la virtual prohibición de importaciones
potencialmente competitivas”.
La
represión de Acindar en 1975 se explica en el marco del bloque de intereses
entre la empresa y las Fuerzas Armadas por un lado, en el conflicto violento
entre el clasismo y el sindicalismo peronista por otro. Se constata además que
el objetivo empresario era agudizar el estado de caos y anomia a fin de
facilitar lo que llegaría en marzo de 1976, y que la situación se planteó en un
sector de los trabajadores asalariados que recibían salarios por encima del
promedio de la economía.
Apéndice:
A. Operarios y empleados de Acindar muertos/desaparecidos: Ramón Alberto Cabassi, Miguel Angel Lobotti,
Juan Carlos Ponce de León, Adelaido Viribay, Rodolfo Ángel Mancini, Jorge
Chaparro, Juan Bautista Corbalán, José García, Concepción De Grandis, Carlos
Ruescas, Julio Palacios, Juan Carlos Taborda, Fabián Rodríguez, Juan Carlos
Salinas, Oscar Raúl Ojeda, Domingo Salinas, Carlos Antonio Tonso, Pedro Antonio
Reche y Jorge Andino.
B. De los 6.672 operarios de la firma a mediados
de la década del 70, para 1981 conservaban sus puestos laborales solamente
4.794 obreros metalúrgicos. Para finales de la década del 90, suman apenas
2.300 operarios.
Duhalde,
Eduardo L.: “El Estado terrorista argentino”, Eudeba, Buenos Aires 1999 y
Cieza, Daniel: “Gran empresa y represión. Antecedentes y consecuencias de la
represión en el ámbito laboral durante la última dictadura cívico militar”, en http://www.derhuman.jus.gov.ar/pdf.
