lunes, 20 de mayo de 2013

MUERTO EL PERRO NO MURIÓ LA RABIA


El título de este post puede valer más que mil explicaciones. Hay que consolidar los avances logrados, ese es el fundamento.
Lo sucedido con el Banco de Hurlingham e Industrias Siderúrgicas Grassi (contado aquí), aunque menos conocido que los sucesos de conformación de Papel Prensa, es sintomático de cuál es el límite de estos tipos. Hace un tiempo se discutía si podía haber o no una derecha democrática, y se tomaba a Macri como ejemplo de ello.
No es así. Macri no es democrático: apenas lo simula. Macri pretende que él, o las minorías que él representa, haga o siga haciendo su voluntad en el país, como siempre. Las mayorías podrán ganar las elecciones, pero ellos, el poder económico-social-cultural, deciden qué hacer con la Argentina.
Este breve relato sobre lo sucedido con parte del grupo Graiver muestra que volverían a hacer estos tipos si nuevamente tuvieran el control del país.
Es la primera parte de un trabajo que, en el próximo post, incluirá el desenvolvimiento de la empresa Acindar, otrora nacional y hoy parte de un conglomerado de origen asiático. La presencia de Martínez de Hoz y Alcides López Aufranc al frente de la misma, en esos años, es característica del poder tal como se expresa en Argentina: Acindar producía acero para uso en el sector agrícola y de la construcción; su influencia en el gobierno era tal que las acciones de Acindar fueron durante muchos años, varias décadas, un negocio distintivo y casi excluyente del reducido mercado bursátil.
Pero también los Acevedo, antiperonistas furibundos, eligieron bien a sus directivos entre otros antiperonistas furibundos como ellos: eso algo debería significar.
No hay en la Argentina una derecha domesticada que pretenda algo distinto de lo que intentó en 1976. Esta pequeña historia quizás puede servir de advertencia. Juan Alfredo Etchebarne fue detenido por el juez Rafecas el mes pasado. La Secretaría de Derechos Humanos lo había denunciado años atrás junto a otros civiles.





Al asumir como ministro en marzo de 1976, José Alfredo Martínez de Hoz anunció la implementación de un plan económico de neto corte neoliberal, lo que suponía, en el terreno de las ideas, una mínima injerencia del Estado en el juego libre de los mercados.

Pero como el Estado es la herramienta principal para reconfigurar un país y expresa la relación de fuerzas en el bloque de poder, el objetivo político de Martínez de Hoz consistió en instrumentar una activa injerencia estatal para desarmar todo vestigio de intrusión que fuera contra el bloque dominante, en el marco de una tensión interior a éste donde con frecuencia se recurría al secuestro, la desaparición y el asesinato, la explicación más plausible de los casos Hidalgo Solá, Elena Holmberg, Miguel Tobías Padilla y Edgardo Sajón.
Las normas de promoción siderúrgica fueron promulgadas en 1974/75 y terminaron favoreciendo a Acindar. El decreto de nacionalización de la Ítalo Nº 648 de 1975 tuvo un origen distinto al que terminó dándole la dictadura, la que, lejos de derogarlo, lo utilizó para estatizarla en beneficio del grupo Motor Columbus. 
Martínez de Hoz había pertenecido a los directorios de ambas empresas.

La política de desindustrialización corrió paralela al crecimiento del sector financiero y en general del sector terciario.
El sistema bancario era central en la reconfiguración del país. Su piedra de toque fue la Ley 21.526 de Entidades Financieras sancionada en febrero de 1977. Como explica Eduardo Basualdo[i], el eje de la política financiera del plan de Martínez de Hoz fue una tasa diferencial, siempre superior a la tasa internacional: “...se trató de un proceso en el cual las fracciones  del capital dominante contrajeron deuda externa para luego realizar con esos recursos colocaciones en activos financieros en el mercado interno  (títulos, bonos, depósitos, etc.) para valorizarlos a partir de la existencia de un diferencial positivo entre la tasa de interés interna e internacional y posteriormente fugarlos al exterior...”. Nos estamos refiriendo a la época de la bicicleta financiera y la plata dulce.

La liquidación del Banco de Hurlingham y la persecución a Industrias Siderúrgicas Grassi se inscribe en esta línea.
En lo que respecta al primero, la Comunicación A 3168 del BCRA da cuenta de que en el período desaparecieron unas 60 entidades bancarias y cooperativas de crédito.
Por el contrario, las entidades tradicionales (grupo Árbol Solo (Capozzollo), Tornquist, Shaw, Rural, Ganadero) tuvieron cobijo en el poder.
El Banco Shaw pertenecía al grupo Acevedo, anteriormente parte del grupo Bemberg, y los Acevedo eran dueños de Acindar.
Se abrieron las puertas a las entidades multinacionales y sus ejecutivos pasaron a formar parte del directorio y nivel gerencial del BCRA: Christian Zimermann, Enrique Folcini, Adolfo Diz, Alejandro Reynal, entre otros. Fueron los años en que David Rockefeller (Chase Manhattan Bank) alababa fervorosamente a Martínez de Hoz. Mientras tanto, los “advenedizos” del sistema bancario fueron perseguidos aún cuando fueran ideológicamente afines a Martínez de Hoz respecto de las bondades de un Estado no-intervencionista y libreempresista. Entre esos outsiders del poder tradicional podemos mencionar a los titulares de los bancos Los Andes, BIR, Latinoamericano, Oddone y el de Hurlingham.
Con el agravante, en este último, de que era propiedad del grupo Graiver (Egasa), a quien no se le podía tolerar no tanto que fuera un eventual consignatario de fondos de Montoneros, como que formara parte del conglomerado empresario soporte de José B. Gelbard al que se había desalojado del poder en marzo de 1976.

Para mejor entender, “(en 1974) David Graiver en su nombre y Manuel “Lito” Werner en el de Gelbard, habían comprado 125.000 acciones baratas (de la Cía Ítalo de Electricidad) en la bolsa de Ginebra”, agregando que en la posterior estatización “Ni Gelbard ni Graiver sacarían tajada pues ya no estaban en este mundo y porque habían vendido con antelación, a 100 francos cada una, las acciones que les costaron 55, ganando 5.625.000 dólares. Comprador fue: José Klein, el banquero húngaro-chileno que cedió a Graiver el Swiss-Israel Bank de Tel Aviv y el ABT de Nueva York”[ii].

Porque, en efecto, una de las primeras cuestiones que abordó Martínez de Hoz al asumir el ministerio fue resolver la de la Ítalo en beneficio del grupo Motor Columbus, y Graiver había sido un competidor de cuidado protegido por el gobierno derrocado. Eso explica la diferencia entre las distintas valuaciones de la empresa, anteriores y posteriores a marzo de 1976.
El hecho de que el Banco de Hurlingham fuera adquirido por el Grupo Chavanne a la sucesión de David Graiver, y que los Chavanne no tuvieran ninguna relación con los hechos que se atribuían a aquel sobre el dinero de Montoneros, sugiere que Martínez de Hoz debe haber tenido otros planes para hacerse de sus activos, y por eso destacó a un hombre de su confianza en la intervención: su ex-socio Aurelio Cid.
Pero Cid también fue a parar a Campo de Mayo, como muestra de la intensidad que tomaron las luchas de intereses internas al grupo de poder, y luego declaró como testigo en la Causa 13. Tampoco se salvó Enrique Lucio García Mansilla, que se jactaba de su relación con Masera, como lo declaró en sede judicial, con quien había cenado en el Maxim’s de París para charlar sobre el futuro del Banco de Hurlingham junto con Juan Claudio Chavanne y sus respectivas esposas.

La detención de los Chavanne y los Grassi por haber intentado comprar el Banco de Hurlingham a los herederos de Graiver se inscribe también, por lo tanto, en el caso del apoderamiento de Papel Prensa mientras en paralelo coincidía con la estrategia empresarial de Acindar tendiente a absorber a toda su competencia horizontal y verticalmente, desde la provisión de materias primas hasta la comercialización, cabalgando sobre la innovación tecnológica que significó la reducción directa y el reemplazo del carbón de coque por el horno eléctrico en la fabricación de acero.
Grassi fabricaba ferroaleaciones necesarias para endurecer el hierro, carburo de calcio y electrodos para soldadura.
      
Adquisición del Banco de Hurlingham 
El 7 de agosto de 1976, David Graiver murió en México al desplomarse a tierra el Falcon Jet matrícula NAR-888 que lo transportaba desde EEUU. El fallecido había adquirido en 1970 el Banco de Hurlingham, convirtiéndolo en muy poco tiempo en la institución preferida de la comunidad judía con sede en el barrio de Once.
Sus herederos comenzaron de inmediato a desprenderse de los activos del grupo, más por presión que por necesidad. 
Declaró Isidoro Graiver ante el Fiscal Molinas (1988): "En el mes de agosto de 1976, el Dr. Miguel de Anchorena, en ese entonces abogado apoderado de la sucesión de David Graiver, se puso en contacto con su cuñada para informarle que había recibido una informa­ción del señor Francisco Manrique, cuyo contenido era sintéticamente que el gobierno nacional vería con agra­do la desaparición del conjunto empresario Graiver como tal, para lo cual sería necesario la venta de los paquetes accionarios del Banco Comercial de La Plata, del Banco de Hurlingham y del ...control accionario de Papel Prensa S.A....”.

El 2 de noviembre de 1976, la sociedad Fapel (Diarios La Nación, Clarín y La Razón) compraron a Galerías Da Vinci y a Rafael Ianover la mayoría de las acciones que Graiver tenía en Papel Prensa.
El 27 de diciembre, los herederos de Graiver celebraron un convenio de compraventa del Banco de Hurlingham con el grupo Chavanne, que se habían consolidado económicamente mediante la comercialización de loteos en zonas turísticas, y estaban interesados en adquirir un banco mediano para financiar su comercialización.
Al concretarse la transacción se estipuló su perfeccionamiento sujeto a dos condiciones recomendadas por los asesores: a) una auditoría externa, y b) la aprobación de la transferencia por parte del Banco Central. Los resultados de la auditoría fueron satisfactorios pero el Banco Central puso dos objeciones para la transferencia del paquete accionario: la carencia del grupo comprador de capital líquido para desarrollar el banco y la falta de idoneidad de los compradores para operarlo.
El fallido Oddone[iii]) afirma que los compradores contrataron “...una gerencia profesional compuesta por los Sres Alejandro Reynal, Miguel Pérez, Carlos Etcheverrigaray y Rafael Seragopian. Todos estos funcionarios provenían de la Banca Morgan en la Argentina...”., dice Oddone.
La transacción fue similar a la de Papel Prensa: 10% al contado. El resto fue pagado en bonos totalizando unos 5 millones de dólares, cifra menor a la que había desembolsado David Graiver para comprar la entidad seis años atrás, es decir, un buen negocio para los Chavanne. La rumoreada relación entre Graiver, Montoneros y supuestos depósitos relacionados con el secuestro de los hermanos Born, llevaron a los Chavanne primero a comunicarse con autoridades de la dictadura para obtener seguridades (con el ministro Harguideguy y diversos militares), y más tarde a firmar un nuevo convenio para ponerse a resguardo de alguna futura investigación militar.

El directorio, luego de la compraventa, quedó conformado así: presidente, Jorge Tejerina; vicepresidente, Juan Claudio Chavanne; directores: general Mario Laprida, Rafael Olarra Giménez, Marcelo Augusto Chavanne y Federico Chavanne. Los Chavanne interesaron luego a Luis Arnoldo Grassi, titular de Industrias Siderúrgicas Grassi, a incorporarse al negocio, que se hizo efectiva mediante un préstamo con garantía real sobre empresas del Grupo Grassi. El 11 de agosto de 1978, Juan Claudio Chavanne cede a Industrias Grassi su participación en el Banco de Hurlingham. 
A los pocos días, la dictadura congela o interviene los bienes de Graiver mediante la Conarepa, entre ellos el Banco de Hurlingham.
Sin embargo, en noviembre de 1986, el vicepresidente de ese organismo informará en sede judicial “que después de una extensa búsqueda, en esta Comisión no se ha encontrado ningún tipo de antecedente, expedientes y/o resoluciones vinculados al Banco de Hurlingham... (y que esa tarea) fue asumida por el Banco Central de la República Argentina”. 
Lo que demuestra que esa repartición fue una fachada, y quienes conducirían el tema Banco de Hurlingham-Chavanne-Grassi fueron Christian Zimermann como vicepresidente del BCRA, y Juan Alfredo Echebarne como titular de la CNV, ambos reportando a Martínez de Hoz y a Juan Alemann. La Comisión Nacional de Reparación Patrimonial (Conarepa) había sido creada en octubre de 1977, dependiendo del ministerio del Interior a cargo del general Albano Harguindeguy. Como se sabe, Papel Prensa no fue incluido entre los bienes inhibidos por la Conarepa a fin de facilitar el traspaso a Fapel, el grupo que había elegido la dictadura.
El nuevo interventor, general de intendencia Alfredo Cassino, había circulado en varias de las comisiones ad-hoc creadas por Martínez de Hoz en el ámbito del ministerio de Economía para resolver la situación de empresas como la Ítalo (ya citada), Standard Electric (por el equipamiento de EnTel); Esso y Shell (por la “nacionalización de las bocas de expendio”), etc., y a posteriori, el ministro lo felicitó por “los patrióticos servicios prestados”. También perteneció al directorio de la Comisión Nacional de Valores en su carácter de vicepresidente (ver acta 579 de la CNV) y luego presidente.

El ministro de Justicia, brigadier Gómez, designó al abogado Gregorio Badeni como asesor de la intervención, y nótese que esa asesoría se mantuvo mientras todos los integrantes del directorio estaban ilegalmente retenidos en Campo de Mayo.
Y Cassino se permitió nombrar al propio Juan Claudio Chavanne como consejero en la administración de la entidad, cuando era parte de los desplazados.
Entre febrero y junio de 1978, Carlos Federico Chavanne, Jorge Tejerina, Marcelo Augusto Chavanne, Jaime Benedit, Jorge Bulleraich, Isidoro de Carabassa, Alberto Félix Cordeu, Jaime Fernández Madero, Alejandro Pinedo y Manuel Laprida (general RE), todos socios minoritarios, habían vendido sus participaciones en  el Banco de Hurlingham a Juan Claudio Chavanne. Y, como se expresó arriba, en agosto, éste las transfirió a Luis Grassi.

Es decir, Cassino nombraba a su lado para conducir el Banco de Hurlingham a un desplazado (Chavanne)  que era dueño de la mayoría del capital accionario mientras para otro sector de la dictadura, el consejero de un general a quien Martínez de Hoz había felicitado por sus patrióticos servicios prestados, tenía vínculos con la “subversión”.
Eso debía creer Christian Zimermann, vicepresidente del BCRA, por cuanto en un primer momento rechazó la transferencia de los Graiver a los Chavanne. O acaso no era por los vínculos subversivos, sino porque otros querían quedarse con la cartera y los activos del banco.
En el mismo período en que Juan Claudio Chavanne adquiría la participación mayoritaria del banco, el 8 de febrero de 1978 precisamente, la Comisión Nacional de Valores suspende la oferta de acciones de Industrias Siderúrgicas Grassi (acta 665 de la CNV). En ese entonces, y según los abogados defensores de Luis Arnoldo Grassi, la empresa controlaba el 69% del mercado. Téngase en cuenta que recién en agosto, Luis Grassi se incorporará a la inversión.
El núcleo de la suspensión, inspecciones y detenciones de los directivos de la empresa fue, según Juan Alfredo Etchebarne, que “si el objeto de Grassi era la fabricación y comercialización de ferroaleaciones y carburo de calcio”, al realizar operaciones financieras estaba desnaturalizando su objeto social (ver sucesivas resoluciones de la CNV).

Negocios en prisión
René Carlos Alberto Grassi fue privado de su libertad por efectivos del Ejército Argentino el 13 de setiembre de 1978. Juan Claudio Chavanne y su esposa Sara “Sharon” Duggan fueron detenidos el 14 de setiembre de 1978 por una fuerza de tareas dirigida por el “Mayor” Guastavino, Raúl Guglielminetti.
El 23 de setiembre de 1978, Luis Arnoldo Grassi fue privado de su libertad por efectivos del Ejército Argentino en el Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, con asiento en la ciudad de Rosario.
El 17 de octubre de 1978 fue detenido Marcelo Augusto Chavanne, y ese mismo día un grupo armado al mando de los teniente coroneles Gatica y D’Alessandri detuvo a Jorge Tejerina, todos ellos en Buenos Aires.
Un mes antes, el 13 de setiembre 78, el coronel Roberto Roualdes –jefe de Comando Subzona Capital Federal- había iniciado una “prevención militar por presuntas violaciones a la ley 20840” que, por instrucciones del jefe del Primer Cuerpo, general Suárez Mason, incluyen “la detención e interrogación de personas involucradas y testigos necesarios, secuestrar documentación y realizar toda otra diligencia que estime necesaria…”, todo esto en la Prisión Militar de Campo de Mayo. No especifica la prevención quiénes son los detenidos. Ni hay constancia de secuestro de documentación. 

Entretanto, el interventor Cassino era reemplazado por el general Zoloaga y la Comisión Nacional de Valores iniciaba una investigación que culminaría en varias resoluciones donde se suspendía la cotización en la Bolsa de Industrias Siderúrgicas Grassi y se rechazaban todas las recusaciones contra Etchebarne, plantando además una causa penal que recayó en el juzgado a cargo del doctor Rafael Sarmiento. Esta suspensión se mantuvo en el tiempo, durante toda la dictadura, a pesar de lo cual la empresa siguió resistiendo las presiones sin bajar las persianas.
En julio de 1978, Etchebarne había destacado a los abogados Spinosa, Berini y Garris en la investigación de las supuestas irregularidades. Con presencia policial, los abogados realizaron allanamientos a las sedes de Grassi en Buenos Aires y Rosario.

En la causa Chavanne s/querella, Berini y Spinosa declaran que Etchebarne los citó a ambos en la puerta de su domicilio,...  y que los impulsaba a descubrir “los 20 millones de dólares de los montoneros". Sin embargo, declaró Juan Claudio Chavanne en la causa 13: ...“pedí una reunión con el teniente coronel Gatica y el teniente coronel D’Alexandre, para explicarles que yo tenía un conjunto de empresas, que las empresas estaban totalmente acéfalas, puesto que al retirar toda la documentación y los libros de las sociedades, y los síndicos estaban casi todos presos juntamente conmigo en Campo de Mayo, pedí que se tuviese una consideración porque se iba a perder absolutamente todo, a lo que Gatica me contestó: “¿Usted tiene algo para vender?”. Dije: “Sí, tengo muchas cosas para vender, pero hay cosas que se venden en forma inmediata y hay cosas que no se venden en forma inmediata”. Dije, por ejemplo, que tengo un campo en Pergamino que creo que se puede vender en el día. Y me dice: “¿Existe comprador?”. Tengo un comprador que si lo vamos a ver es muy probable que lo compre. “Perfecto —me dijo—,- lo vamos a estudiar”. Pasé tres o cuatro días directamente muy, muy mal, porque me pegaron muchísimo en esa época, nunca supe el motivo real, se me cortó el pelo totalmente, se me peló a la noche siguiente de habérseme pelado; me dijo: “Mañana vamos a un procedimiento”. Entonces, me dijeron: “Plánchese el traje, plánchese la camisa”. Me dieron todos los elementos. Planché todo; entonces le digo a Gatica: “¿Salgo en libertad?”. “No, todavía no, depende de la reunión de mañana”. Íbamos camino de Campo de Mayo, sin venda y sin nada, hacia Buenos Aires, y le dije: “¿Adonde vamos?”. Y me dijo: A vender el campo... Fuimos a la Compañía Financiera Agrícola, en Corrientes al 400, se hizo un procedimiento donde se llevaron 700 carpetas o 1000 carpetas, y doce menos cuarto entramos en el microcentro el Chevy verde del coronel Valdez y las dos camionetas con los soldados, y paramos en la puerta del Banco Rural...”. Y agrega Marcelo Chavanne en su querella: “(Juan Claudio Chavanne) relata que se presentó acompañado al Banco Rural acompañado por Gatica, D’Alesandri y Roualdes para venderle un campo (se refiere a la Ambógena, que luego sería adquirido por una empresa del Grupo Oddone) y que éste –Antuña- aceptó la compra en la medida en que el interventor Zoloaga aceptara la oferta y liberara de todos los créditos de Juan Chavanne que tenía en el banco”. Agrega Juan Claudio Chavanne: “... fuimos con el Ejército hasta Corrientes 2037 (sede del Banco de Hurlingham) y le planteamos la cuestión al Gral Zoloaga... Zoloaga estuvo totalmente de acuerdo”.

¿La “prevención militar” conducida por el coronel Roualdes tenía por objetivo encontrar el dinero depositado por Montoneros al banco de Graiver, proveniente del secuestro de los hermanos Born, o por el contrario, se trataba de un modo ilegal de hacer negocios y transferir bienes a los favorecidos por la dictadura?
Ese modo ilegal se expresaba crudamente en las propias declaraciones de Juan Claudio Chavanne: estuvo alrededor de un mes alojado en una celda de 80 centímetros de lado, continuamente parado, que en la jerga del lugar se denominaba “cepo”. Y desde el cepo era conducido al interrogatorio, esposado y encapuchado.
En octubre de 1983, cuando la causa iniciada por Rafael Sarmiento había pasado a otro juzgado a cargo del doctor Salvi, los abogados defensores de Luis Arnoldo Grassi, Luis Pignataro, Edgardo Cardona y Aristodemo Alberici (el resto había sido sobreseído), expresan en su presentación:
“El día 31 de agosto de 1978 el entonces presidente de la Comisión Nacional de Valores. Dr. Juan Alfredo Etchebarne, formalizó denuncia por presuntas irregularidades en el Banco de Hurlingham y en Industrias Siderúrgicas Grassi. A partir de esa denuncia hubo dos actuaciones paralelas, con aparente desconexión entre una y otra... Una de esas actuaciones la constituye el trámite impuesto en la causa por el entonces Juez Federal Dr. Sarmiento. Era la actuación de superficie, anodina... Su lectura nos permite concluir que no se estaba investigando: se estaba haciendo tiempo; se estaba la espera de obtener mayor efectividad con otros métodos...”.
En efecto, el Juzgado nunca respondió a las reiteradas denuncias de familiares de los Grassi sobre su detención en un establecimiento militar, y que estuvieron en condición de “incomunicados” por cuatro meses como mínimo. Agregan los abogados: “sólo a un cabal conocimiento del magistrado sobre lo que estaba sucediendo o a previa complacencia con la actuación militar, podemos atribuir esta falta de reacción”...
Rafael Sarmiento fue reconocido como uno de los interrogadores por el arrepentido ex – sargento Víctor Ibáñez, tal como lo relata el periodista Fernando Almirón en “Campo Santo”.
En sus minuciosas declaraciones por escrito ante el coronel Roualdes, obrantes en la causa Grassi y otros, s/infracción ley 20840, René Carlos Alberto Grassi, sin ocultar el clima de terror que vivía, se refiere frecuentemente a las preguntas efectuadas “por el señor de la izquierda.. y el señor de la derecha”, diferenciándolos del “Sr. Coronel” refiriéndose al propio Roualdes.
Con fecha 7 de marzo de 1979, el coronel Roualdes envió a la CNV una nota en la que expresa, entre otros conceptos laudatorios, “la vocación de servicio, el espíritu de trabajo, sacrificio, idoneidad, celo, escrupulosidad y responsabilidad” demostradas por Spinosa como perito de la entidad.
Las muy extensas declaraciones por escrito de las víctimas, directivos del Banco de Hurlingham y de Industrias Grassi, parecen demostrar que en una primera instancia, Martínez de Hoz, Alemann, Zimermann y Etchebarne los arrojaron a la crudeza de la prevención militar con el objeto de ablandarlos en Campo de Mayo. Pero la información brindada era de tal magnitud y complejidad que enseguida los interrogadores militares acordaron con éstos la colaboración de técnicos de la Comisión de Valores y BCRA, a los que se sumó la participación vocacional del juez Sarmiento “por motivos patrióticos”, ya que la ley 20840 perseguía a la subversión económica en su modificación efectuada por la dictadura.
En su presentación judicial, Marcelo Chavanne declara: “...b) en las declaraciones vertidas por los militares involucrados (en esta causa) ante la audiencia pública, todos fueron coincidentes en reconocer la falta de idoneidad de la unidad de combate para encaminar siquiera la investigación, por lo que solicitaron peritos al Banco Central y a la Comisión Nacional de Valores...”.
En este sentido, es fundamental el texto del acta Nº 711 de la CNV, de fecha 11 de enero de 1979: Nota 063/78 del Comando Cuerpo de Ejército I requiriendo cuatro peritos en comisión para desarrollar tareas en dicho Comando: luego de un análisis de la nota mencionada que tiene carácter estrictamente secreto y confidencial y de la nota Nº IJ9-0045/30/79 del mismo Comando en la cual se informa que las tareas a desarrollar por los peritos se harán fuera de la jurisdicción de la Capital Federal... se designa a distintos peritos hasta el 11 de abril inclusive del corriente año.
En su descargo en la causa Chavanne, Marcelo s/querella, Spinosa dirá ante sede judicial que sólo concurrió a un asado en sede militar (Campo de Mayo) donde estaba presente Suárez Mason, el juez Sarmiento, Etchebarne, y otros. Y Garris, que fue a Campo de Mayo a dar una conferencia aunque anteriormente Spinosa había declarado que “Garris se encargaba de la parte penal”. Spinosa dice que el trabajo en Campo de Mayo duró a lo sumo 20 días, y Berini que había comenzado en la primavera de 1978. Sarmiento fue reconocido como uno de los interrogadores: el coronel Sola declaró en sede judicial (27/11/86) “que entre setiembre y fines de diciembre de 1978 fue jefe de la Prisión Militar de Campo de Mayo... que respecto a Sarmiento que, no sabe si antes o después de esa fecha, escuchó decir que podría haber ido”.
Spinosa es citado como un interrogador civil “asesor de Etchebarne” por el arrepentido ex – sargento Víctor Ibáñez, tal como lo relata el periodista Fernando Almirón en “Campo Santo” sobre el centro de detención de Campo de Mayo.
En el expte Chavanne, Marcelo s/ querrella incorporada a la Causa 41712 (Rei), la víctima interpreta que: “...se puede observar que el General Zoloaga (Interventor del Banco de Hurlingham), libraba una verdadera batalla con Zimmermann para que éste le aceptara volcar en el patrimonio los intereses devengados de créditos que poseían garantía hipotecaria y cuyos titulares estaban secuestrados. En síntesis, Zoloaga se daba cuenta que se retenía a deudores del Banco para que no pudieran pagar”.
El señor Jorge Tejerina abonó el 26 de enero de 1979, estando detenido ilegalmente, la suma de 1, 5 millones de dólares y el banco fue liquidado, según pericia oficial en la causa 40.528 (ver fs.534).
En su declaración en sede judicial del 14 de setiembre de 1984, Christian Zimermann, repitiendo la metodología evasiva e impune evidente entre todos los involucrados en el caso Ítalo que declararon ante la Comisión de Diputados, y habitual en esa época, respondió que recuerda que el Ejército realizó un operativo en el BCRA respecto de distintas entidades entre las que habría estado el Banco de Hurlingham; que si hubo un pedido expreso del Primer Cuerpo de Ejército, “que no recuerda que haya existido pero es posible que así haya ocurrido y que sea el dicente que autorizó a una comisión”; “que conoció al coronel Roualdes... que cree que lo vio u habló alguna otra vez”, etc.
Pero lo más importante: “Preguntado para que se diga cómo puede explicarse la diferencia que existe entre las cifras señaladas como pérdida en la resolución por la cual se liquidó dicha entidad y en el informe del veedor de dicho banco, Carlos Broggi, obrantes a fs. 2208 y 1705 de la causa 40.528 de esta Secretaría, los que le fueron exhibidos, respondió: Que la mencionada resolución fue firmada por el dicente junto con el Almirante Covas en uso de las atribuciones que le confería el art. 11 de la Carta Orgánica del BCRA, y firmaron en representación del directorio, y éste posteriormente tuvo que ratificarlo. Que los datos que se mencionan en dicha resolución fueron extraídos del expte instruido al respecto, que lleva el número 100.035/79. Que, en cambio, el otro informe es uno de tantos realizados por funcionarios de la entidad, y que se trata solamente de un papel de trabajo que no tiene valor formal”.
Ese “papel de trabajo sin valor formal” demostraba que la entidad era viable. ¿Y si no se había encontrado ninguna vinculación ni directa ni remota con el mítico “dinero de los Montoneros”, por qué se liquidó el Banco de Hurlingham?



[i] Basualdo, Eduardo M. La reestructuración de la economía argentina durante las últimas décadas de la sustitución de importaciones a la valorización financiera. En: Neoliberalismo y sectores dominantes. Tendencias globales y experiencias nacionales. Basualdo, Eduardo M.; Arceo, Enrique. CLACSO, Buenos Aires. Agosto 2006. ISBN: 987-1183-56-9
[ii] Gasparini, Juan. David Graiver, banquero de los Montoneros, versión pdf, pág. 39
[iii] Oddone Luis Alberto, “Justicia cómplice en la Argentina”, pdf

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