Papel Prensa: intereses cruzados

Contexto

En los primeros años 60, la Argentina tenía un consumo creciente de papel para diarios y publicaciones, el mayor de América Latina. El primero se importaba en su totalidad, en aquel momento de Finlandia.

Los sectores medios, principales consumidores de publicaciones periódicas, constituían aproximadamente el 43% de la población; la desocupación total no superaba el 6%; y todos los parámetros educativos y culturales eran superiores a los de la actualidad. 
En más de un sentido, era esa una Argentina muy diferente de esta, mucho más rica, equitativa, dialogante, aún con la democracia restringida (el peronismo prohibido) que había arrancado en 1955. El consumo cultural ayudaba a retroalimentar el espejismo del país “blanco” que nos acercaba más a Europa que a América Latina.

Por caso, la tirada de todas las publicaciones periódicas de Editorial Abril no bajaba de 100 mil ejemplares, y algunas tenían más de 300 mil, lo que proporcionalmente nos acercaba más al consumo de EEUU que al de cualquier país latinoamericano. Y sin embargo, como se teorizaba entonces (Faleto, Cardoso, Furtado, Prebisch, Ferrer, etc, ) Argentina pertenecía a un tercer mundo dependiente en lo económico, tecnológico y cultural del un centro ubicado en el Norte. Y esas teorías se difundían ampliamente a través de los periódicos, diarios y revistas de entonces.  

La revolución tecnológica y ciertos cambios en las pautas de consumo cultural de las últimas décadas alteraron esa tendencia en medio de un cambio general en las propias condiciones del capitalismo.

El índice de consumo de papel per cápita era tenido tradicionalmente como indicador de la calidad de vida de un país, estimándose que está directamente relacionado con el nivel cultural educativo. En Argentina era de 19 Kg./persona en los primeros años 50, trepando a 33,7 en 1991 y a 42 Kg. en 2009 (fuentes: FAO y Greenpeace). Al comenzar la década de los ’70, éramos el mayor consumidor de papel en América Latina.

Pero la producción de papel para diario se reducirá de 206.661 (1990) a 188.770 ton en 2008, duplicándose la de papel para otros usos, de 720.402 a 1.542.944 ton en el mismo período (fuente: INDEC), siguiendo una tendencia mundial y dando otra dimensión al índice mencionado, por cuanto la mayor expansión se produce en envases y packaging.

A esta altura, es interesante mencionar dos hechos relacionados: por un lado, desde los años ’80, el Banco Mundial, dentro de una estrategia global de apropiación de recursos naturales en alianza con las corporaciones, implementó un plan de expansión en América Latina en diversos rubros, entre ellos la producción de pasta celulósica para fabricar papel a partir de madera, la minería a cielo abierto y la implementación de la llamada “revolución verde” (cereales y leguminosas transgénicas combinados con desfoliantes-fertilizantes) en una suerte de planificación transnacional.

Y por otro, desde mediados de los años 50, el diario Clarín, convertido entonces en vocero del grupo desarrollista-frigerista que dominaba la redacción y había aportado capitales, clamaba por las “batallas” que consideraba estratégicas en el desarrollo industria argentino: las del petróleo, la petroquímica, la del acero, y también la de la producción de soda solvay (carbonato de calcio, también conocido como soda cáustica) insumo básico para el blanqueo de papel.

Es decir, la regionalización supranacional de la producción primaria para consumo en el Primer Mundo como característica del modo de producción por un lado, y por otro la disputa ideológica entre modelos de crecimiento económico con inclusión y regulación estatal o el retorno de los paradigmas neoliberales; o en otras palabras, un conflicto global por la posesión y la democratización de los bienes materiales y simbólicos.

Esta referencia es pertinente por cuanto, además de los monopolios de la fuerza armada y las innovaciones tecnológicas, la tercera pata del capitalismo global es el control mediático para manipular los contenidos simbólicos (opiniones, sentido común, ideología, pautas de consumo, etc.) en términos de esa disputa ideológica.  

La diversificación de la comunicación masiva (del diario en papel a internet, la televisión por cable, satelital, el triple play, etc. etc.) requiere de cada vez más fuertes inversiones en una etapa en que domina el capitalismo financiero multinacional, por lo que es sencillo deducir que este control no es neutral, lo que pone en otros términos la idea de independencia periodística, objetividad, libertad de expresión, etc.: en una entrevista realizada recientemente para radio Nacional, el empresario Daniel Vila (Grupo Uno Multimedios) opinó que en sus diarios, los periodistas dicen lo que él quiere.

Los actuales socios mayoritarios de Papel Prensa S.A., se inscriben en este proceso financiero global. Parte del paquete accionario del Grupo Clarín estaba hasta la crisis financiera de Lehman Brothers en manos del fondo de inversiones Goldman Sachs, fuertemente relacionado con los acreedores externos de Argentina e incluso con procesos penales en el caso del llamado “megacanje”. Y algo similar ocurriría con el diario La Nación de la familia Mitre y una entidad financiera off-shore, Barton Corp., con sede en Gran Caimán.

En los ’70, Arturo Jauretche solía decir que cuando se habla de libertad de prensa, en realidad debemos referirnos a libertad de empresa. 

En este panorama se inscribe la privatización de Papel Prensa en los años de la dictadura cívico-militar.

El mercado del papel para diario en Argentina

Aunque se experimenta con otros desechos vegetales, el papel se fabrica actualmente con trapos o madera procesada. El papel para diarios, con una combinación variable de coníferas de fibra larga y salicáceas (sauce, álamo o eucalipto) de fibra corta. Una excepción es Papel de Tucumán, que usa bagazo de caña de azúcar, pero tiene una posición marginal en el mercado. El grueso lo abastece Papel Prensa, que vende a 170 diarios a 620 U$S la tonelada, y el resto es de importación.  

Papel Prensa produce 175.000 ton por año para un mercado de 260.000 ton en su planta de San Pedro-Baradero. El resto se importa o proviene de Papel de Tucumán, que produce 20.000 ton.

El Estado tiene el 27,5% de las acciones. El resto se reparte entre Clarín (49%) y La Nación (22,5). Cotiza en bolsa el 1%.

El arancel de importación es 0%, pero aunque podría abastecer al 100% del mercado, trabaja al 75%. Usa unas 360.000 toneladas de madera de sauces y álamos al año, y mas de 300 millones Kw/h de energía, que hoy compra a precio promocional hasta las 176.000 ton por año. Superada esa cifra, aumenta el costo de electricidad.

El sistema de blanqueo es con agua oxigenada.

El papel importado proviene de Chile, Rusia o Finlandia, y es en promedio 50% más caro que el local.

Papel Prensa obtuvo de la dictadura, además del arancel 0%, la exención y reducción de impuestos a los réditos.

Durante cuatro años fue del 100%. Luego, por 6 años, fue del 85 por ciento. Exención por diez años del impuesto a los sellos y del impuesto a las ventas; del pago de los derechos de importación de maquinarias, equipos y repuestos; por diez años de los derechos de importación de pasta química (fibra larga) y de pasta mecánica (fibra corta).

En 1995, Domingo Cavallo impuso un 5% de derechos especiales de importación al papel de diario. La medida fue derogada en 1997.

Papel de Tucumán, por su parte, fue creada (1978) por el grupo Bulgheroni en Lules, Tucumán, mediante créditos del Banade, diferimientos fiscales y exenciones impositivas. Luego quebró y en 1995 vendió las instalaciones a Alberto Pierri. Los préstamos no fueron cancelados, y el proceso de quiebra no está definido, como lo informa la Auditoría General de la Nación. Cuando fue a la bancarrota, en 1993, el grupo Bulgheroni debía $ 198,3 millones. La empresa, quebrada, fue vendida en 14 millones de dólares. Opera con cloro elemental, y sus directivos están procesados por contaminación.

Comienzo

Por Decreto-Ley N° 18312 de agosto de 1969, la dictadura del general Juan Carlos Onganía creó el Fondo para el Desarrollo de la Producción de Papel y Celulosa, fijando una tasa del 10% a la importación de papel que estaría vigente hasta que el importado se reemplazara por producción nacional. Habida cuenta de que Onganía, jefe del sector azul que quería negociar con el peronismo proscripto, había llegado en 1966 para perpetuarse en el poder aliado con los sectores más tradicionales de la economía (Adalbert Krieger Vasena era su ministro de Economía, luego entusiasta defensor de Martínez de Hoz y Menem), creó el Fondo para contentar a los sectores industrialistas que, en alguna de las variantes desarrollistas, sobrevivían en el Ejército, como los que se agrupaban alrededor del general Guglialmelli, el coronel Cándido López, etc.

Pero fue su sucesor quien puso el Fondo en funcionamiento.

El general Roberto Levingston, oficial de inteligencia, reemplazó a Onganía tras abandonar el cargo de edecán militar en Washington. Diversos levantamientos populares, encabezados por el Cordobazo, habían hecho naufragar la política económica de Krieger Vasena no obstante su impulso de la obra pública y la aplicación de retenciones a la renta extraordinaria de la tierra combinadas con desnacionalización industrial. Los trabajadores que se rebelaron en Córdoba, nucleados alrededor de los sindicatos Sitrac-Sitram, estaban entre los mejor pagados del país, lo que revela la profundidad de las reivindicaciones que buscaban obtener.

El objetivo manifiesto de Levingston (detrás del cual estaba Lanusse) era alargar los plazos de la Revolución Argentina, retomando algunas herramientas de crecimiento económico, estimulando la industria local mediante el "compre nacional" aplicada por las empresas estatales, con préstamos a bajo costo a los industriales a través del Banade, ex-Banco de Crédito Industrial. Lo que se completaba con aumentos salariales y una evidente intención de negociar con los sindicatos entre los límites impuestos por la Doctrina de Seguridad Nacional, por un lado, y la decisión política de “amansar” al peronismo, integrándolo al circuito de una democracia restringida, a la medida de los “azules”.

Entra Graiver

El 31 de marzo de 1971, la Revolución Argentina, ahora en su tercera etapa conducida por el propio general Lanusse, dispuso que la fábrica de papel debía tener un 51% de capital nacional y que el Estado aportaría el resto.  

Ese mismo año ingresaba al gobierno David Graiver, joven financista dueño del banco Comercial de La Plata, quien fue designado subsecretario del capitán (RE) Francisco Manrique en el Ministerio de Bienestar Social. Según algunas publicaciones periodísticas, eso coincidió con el crecimiento de su constructora Fundar. Mientras trabajaba con Lanusse, mantenía contacto con José Ber Gelbard, el empresario y antiguo militante del Partido Comunista que había apoyado a Perón en el exilio, y que el viejo Líder había elegido para conducir la política económica en caso de que triunfara su “dispositivo”, obligando a Lanusse a dar elecciones sin proscripciones.

Sostiene Juan Gasparini en “David Graiver. Banquero de los Montoneros” (pág. 34/35: “David supo retribuir. Colaboró financieramente con la campaña presidencial de la oficialista Alianza Federalista Popular de Manrique-Martínez Raymonda mediante la “Fundación del Palo”, en la que todos los meses reunía gente importante que pagaba un millón de pesos por una comida. Ello no le impidió arrimar fondos a la fórmula peronista Cámpora-Solano Lima, o contratar a los hijos del dictador amigo: Marcos Lanusse en el directorio de Electro Erosión, una fábrica de jeringas descartables, y Virginia Lanusse, su primera secretaria privada. A ella la nombró empleada jerárquica en la sección personal del Banco Comercial de La Plata, y lo asistió en armonizar la labor de 600 empleados distribuidos en 18 sucursales desde Sarmiento 372, sede en la Capital del “banco fuerte” como se jactaba su eslogan publicitario. Virginia Lanusse sería esposa de Mario Bartolomé, de la Policía Federal, jefe de la custodia de los Graiver, el mismo Bartolomé que integraría más adelante la protección personal del siguiente dictador, general Jorge Rafael Videla. Decididamente David Graiver era de aquellos que no ponían todos los huevos en una sola canasta”.

Virginia asistía a las sesiones de terapia proporcionadas por una psicóloga: la licenciada Lidia Papaleo.

Papel Prensa

El llamado a licitación se efectuó el 19 de abril de 1971 y el acto de apertura de sobre, el 18 de octubre. Se presentaron tres ofertas correspondientes a Editorial Abril, Impresit Sideco y Latino Consult. 

El gobierno adjudicó la oferta a la empresa de Civita, en forma condicional por 180 días, dentro de los cuales debía probarse la calidad de la fórmula química presentada por Abril, que invertía los componentes universales en la materia, al combinar 80% de fibras cortas y 20% de fibra larga. A tal fin, se produjo papel en Finlandia utilizando la nueva fórmula y las materias primas argentinas, lográndose un papel que fue probado exitosamente. 

El proyecto de Abril se denominó Papel Prensa. Se suscribió el contrato de adjudicación con la fianza solidaria de Editorial Abril y Civita, y durante el año y medio siguiente se avanzó en la contratación de las máquinas y la ejecución de las obras. La planta se localizó en San Pedro, lugar elegido para la radicación de la planta por su cercanía con las islas Lechiguanas, zona ideal para la forestación. El avance de las obras parecía demostrar que el acuerdo Lanusse-Civita era mucho más sólido de lo que sinificaban las decisiones estatales.

En mayo de 1972 Lanusse declaró desierto el concurso público y firmó una adjudicación directa a Abril a través de su controlada Proimpa SA, que recibió acciones clase A no transferibles mientras que el Estado se reservaba las acciones clase B. César Civita era el socio mayoritario de Proimpa, completada con los aportes de César Doretti y Luis Rey. A finales de 1973, Rey ya había comprado el ochenta por ciento de las acciones clase A porque al parecer, Civita ya había decidido instalar sus negocios en Brasil.

El contrato disponía distinto tipo de acciones: el 26%, clase A para el grupo fundador; el 25%, clase B para el Estado; el 20% de clase C para usuarios de papel; el 10% de clase D para el público y el 19% de clase E a proveedores, contratistas, etc. Además, el Estado se reservaba el control de la transferencia de acciones A y D.

Editorial Abril había sido creada en 1941 por ex-socialistas italianos, y estaba ligada con el Grupo Techint de la familia Rocca y con el grupo Mondadori. Entre fines de 1975 y mediados de 1976, vendió su participación en Fabril Financiera y Celulosa Argentina al grupo Rizzoli, propiedad de Licio Gelli y Umberto Ortolani, de la P2.

El interés de la dictadura cívico-militar por estas compras y ventas se reflejará en las actas de la Comisión Nacional de Valores, donde las acciones de Fabril Financiera y Celulosa eran celosamente vigiladas por el ministerio de Economía. Ese control también incluiría la privatización del Polo Petroquímico Bahía Blanca, una de cuyas empresas era Indupa, fabricante de soda solvay usada para para fabricar PVC pero también en el blanqueo de papel, que luego sería vendida a un grupo belga relacionado con Dow Chemical.

El gobierno surgido en marzo de 1973 no veía con buenos ojos la adjudicación de Papel Prensa a una Editorial que consideraba antiperonista, y que se había rodeado de la mejor intelectualidad “progresista” de la época: a nivel gerencial se desempeñaban Gino Germani y buena parte de los académicos cesanteados por la UBA en 1966, como Sadovsky y Varsavsky. Pero no era sólo ideológico el diferendo, o más bien, era sobre todo de intereses económicos en pugna.

La venta de Rey-Civita a Graiver se realizó el 27 de diciembre de 1973 mediante tres cheques, a favor de Civita y Editorial Abril, del Banco Comercial de La Plata, propiedad de David Graiver.

Según la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (Dr. Molinas): “A pesar de las expresas restricciones a la transferencia de las acciones de clase A, el grupo fundador comenzó, al poco tiempo de la suscripción de estas acciones, a transferir, por medio de cesiones privadas de derechos y acciones, el control del paquete accionario, entre los propios socios y nuevos aportantes de la empresa.

En poco más de un año desde la suscripción original de las acciones, Civita, Rey y Selasco poseían más del 80% del paquete accionario A. El 26 de diciembre de 1973, el Ing. Luis Rey adquirió a Civita, Editorial Abril, Kuhl, Lombardi, Levi, Zavala y Barreira, más de dos millones de acciones, pasando a poseer más de tres millones y medio de acciones.

Es en esta misma fecha -26 de diciembre de 1973- que apareció, al menos hasta donde se pudo probar, el denomi­nado ‘grupo Graiver’ en escena, pues integrantes de este grupo adquirieron en esa misma fecha a Rey, las acciones que éste previamente comprara a sus socios, lo cual hace suponer que Rey actuó solamente como intermediario o incluso, testaferro”.

Ese mismo año, la revista Claudia (uno de los íconos de Editorial Abril: los otros eran Panorama y 7 Días), eligió a Isabel Perón como “la mujer del año” tras la muerte del General. Estela Martínez desdeñó públicamente el elogio: “como decía Perón: el lobo se disfraza de cordero”.

La opinión de la Fiscalía

Escribe el ex-fiscal Ricardo Molinas en “Detrás del espejo. Quince años de despojo al patrimonio nacional”, Beas Ediciones, Colección Fax, 1ª Edición mayo 1993, Buenos Aires (págs. 225 a 262):

“En marzo de 1971, se aprobó el pliego del concurso, cuyo objeto era la presentación de proyectos para la instalación y explotación de una o más plantas productoras de papel prensa, con una capacidad total inicial, en conjunto, no inferior a 220.000 toneladas de producción anual efectiva, para llegar a los dos años a una producción total no inferior a 340.000 toneladas. En abril de 1971 se dispuso el llamado a concurso por el término de 180 días.

Se efectuaron varias ofertas pero ninguna de las mismas cumplió, a juicios de los organismos técnicos pertinentes, los requisitos exigidos por el pliego. Con posterioridad a la apertura de los sobres, Civita, Doretti, Rey y Editorial Abril que integraban uno de los consorcios oferentes, presentaron una nota mejorando los alcances de su propuesta.

El 8 de mayo de 1972, el entonces Presidente de facto Gral. Alejandro A. Lanusse y los integrantes de la Junta Militar Brigadier Carlos A. Rey, Vicealmirante Carlos G. N. Coda y General de División Carlos G. Casale, resolvieron declarar desierto el concurso público internacional, pero, al mismo tiempo, autorizar a uno de los oferentes, la firma Papel Prensa SACIFy M (en formación), con la garantía mancomu­nada y solidaria de los señores César Augusto Civita, César Alberto Doretti, Luis A. Rey y Editorial Abril S.A., a instalar una planta de papel prensa, con una capacidad de produc­ción menor a la del pliego, 105.600 toneladas anuales, a erigirse en la margen derecha de Paraná, al sur de San Nicolás, con una inversión total de U$S 62.000.000, de acuerdo a la ampliación que este consorcio efectuó con posterioridad a la apertura de las ofertas”.

Y concluye Molinas:

“En primer término, la adjudicación directa violó las condiciones del pliego, al autorizar la instalación de una planta con capacidad de producción de 105.600 toneladas anuales en lugar de adjudicar la instalación de una o más plantas con una capacidad total inicial, en conjunto, no inferior a las 220.000 toneladas anuales.

En segundo lugar, contra lo expresamente establecido en las bases, postergó la formalización del contrato otorgando un plazo mayor a la adjudicataria.

En tercer término, y pese a las diferencias entre el pliego y la propuesta, se otorgaron a la adjudicataria todos los beneficios fiscales previstos en el pliego aceptando la pro­puesta de los oferentes en forma íntegra”.

Dudi

Según los periodistas Olga Wornat (“Nuestra Santa Madre. Historia pública y privada de la Iglesia Católica Argentina”) y Juan Gasparini (op. cit.), David Graiver logró amasar una fortuna de 200 millones de dólares de la época. Poseía dos bancos en Argentina: el Comercial de La Plata y el de Hurlingham, empresas de construcción, campos, inmobiliarias, canales de televisión, radios, bancos en New York, Bruselas y Tel Aviv, etc.

En un enriquecimiento similar al de Gelbard (ver María Seoane, “El Burgués Maldito”), Dudi era el mayor de los hijos de Juan Graiver, quien había escalado de vendedor de corbatas a prestamista y banquero.

En 1967, Juan tenía un pasivo de 10 millones de dólares por la compra del banco Popular Argentino asociado con sectores de la Iglesia  Católica, y David acometió sacarlo del pozo. Para ello, consiguió garantías del banco Tornquist avaladas por el Crédit Suisse de Zurich, y con ello compró el banco Comercial de La Plata. Parte de esas garantías eran acciones de la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad, propiedad de la suiza Motor Columbus de la que eran directivos Martínez de Hoz, los Alemann y los Soldati.

Citando a Wornat, los periodistas Cecchini y Mancinelli (“Silencio por Sangre”) afirman que Graiver expandió su banco con clientes como sindicatos (UPCN y SMATA), el arzobispado de La Plata, el vicario castrense Tortolo, entre otros no menos famosos.

Según Gasparini (op. cit.) Lidia Papaleo confesó que Gelbard “detestaba” (sic) la idea de jugar económicamente en Papel Prensa a través de su amigo David Graiver.

Todo indica lo contrario: Graiver, que estaba cerca del grupo de empresarios “nacionales” beneficiados por el ministro de Economía, desde fines de 1973 comenzó a comprar las acciones de Papel Prensa a Luis Rey hasta convertirse, tres años mas tarde, en su principal accionista. Según Gasparini (op. cit.), Gelbard sometió enseguida a la Editorial Abril “a un ahogo reglamentario”, y esta terminaron cediendo el 51% de las acciones de Papel Prensa. El 26% le quedó a Graiver, el 25% al Estado, y el resto se repartió entre 30 mil anónimos pequeños inversores que compraron acciones en la Bolsa.

Según Cechini y Mancinelli (op. cit.) “otras fuentes desmienten que Civita estuviera siendo presionado desde el ministerio de Economía, sino que había apostado a la continuidad de Lanusse y que el fracaso político del dictador (a Perón le dio el cuero) lo decidió a mudar su negocio a Brasil. Ante esta situación, Graiver (usando sus influencias con Gelbard) no dejó caer la adjudicación a Civita y sus socios y se hizo cargo… de Papel Prensa. Lo cierto es que Dudi cubrió con créditos oficiales facilitados por Gelbard la posición privilegiada obtenida”.

Créditos blandos del Banco Nacional de Desarrollo, ex-Banco de Crédito Industrial, liquidado en los ’90, el mismo que financiará a Bulgheroni para levantar Papel de Tucumán y que no pagará el crédito; a William Reynal para adquirir Austral Líneas Aéreas al grupo Braun Menéndez y luego ser indemnizado con la estatización; a Motor Columbus para equipar la Ítalo y que luego el Estado avalista saliera a pagar lo que más tarde debería pagar nuevamente en concepto de estatización; a Hugo Biolcati para quedarse con Magnasco sin amortizar el préstamo, etc., y la misma situación se repite con varios cientos de empresas quebradas, absorbidas, liquidadas o cerradas en el período 76-83, de la que resulta paradigmática la política de Acindar (Martínez de Hoz) tendiente a eliminar la competencia, obtener todo tipo de beneficios estatales en una época en que estos eran mala palabra, y quedarse finalmente, en 1993, asociada con Techint, con una Somisa que se había comenzado a desmantelar durante el gobierno de Alfonsín.

La primera transferencia de acciones

Si la cesión de Lanusse a Civita no había sido muy clara, la de Civita a Graiver se produjo mediante documentos privados que nunca se dieron a publicidad.

Escribió a posteriori el ex-fiscal Ricardo Molinas:

Aquel 26 de diciembre de 1973, integrantes del grupo compraron al Ing. Rey las acciones que éste había adquirido el mismo día a otros integrantes del "Grupo Fundador". Pero si esta operación de Rey llamaba, de por sí, la atención, al punto de hacernos afirmar que actuó como mero intermediario o, incluso, testaferro del Grupo Graiver, su actuación posterior no dejó margen de dudas y más allá de las excusas intentadas por el mismo, su desempeño se ajustaba al de un típico "hombre de paja". Con las operaciones realizadas aquel 26 de diciembre de 1973, se desvincularon para siempre de Papel Prensa: Edito­rial Abril, Levi, Lombardi, Kuhl, Zavala, Barreira, y Civita, y aparecieron en escena: Rafael Ianover, lng. Tauro, de la cual era Presidente el Dr. Selasco; Pedro Martínez Segovia y Papelera Pedotti S.A. A partir de esa fecha, el Ing. Rey realizó otras suscripciones de acciones, por sí o por cuenta y orden de Galería Da Vinci -del Grupo Graiver-, y lo mismo hizo Rafael Ianover.

Durante los años 1974, 1975, 1976, el Grupo Graiver, representado por Galerías Da Vinci y Rafael Ianover efectuó aportes de capital en Papel Prensa en distintas fechas y por distintas cantidades, que sumaban $ 40.000.000 en el años 1974, $ 104.000.000 en 1975 y $ 12.000.000 en 1976, confor­mando un total de $ 156.000.000. En algunas ocasiones, los pagos fueron efectuados por Galerías Da Vinci, por cuenta y orden de Rafael Ianover, del Ing. Luis Rey y del lng. Doretti, indicándose que el concepto de tales pagos era a cuenta de aportes de capital "según convenio firmado". Pese a ello, los presuntos convenios nunca aparecieron, lo que hace suponer que nunca existie­ron y reafirma la presunción de la íntima confianza y relación entre Rey y el Grupo Graiver. En febrero de 1976, se complementaron los aportes con fondos de Galería Da Vinci para adquirir para sí, pero a nombre del Ing. Rey y de los otros accionistas indicados. Estas operaciones efectuadas por Rey, tuvieron su correlato en los "contratos" celebrados entre el propio Rey y el Grupo Graiver constatándose la realización de las siguientes "ope­raciones" de venta:

1°) Con fecha 27 de diciembre de 1973, Rey vendió un total de 2.648.850 acciones clase "A" en la siguiente forma, 2.000.000 a Rafael lanover; 500.000 a Papelera Pedotti; 148.650 a Ing. Tauro S.A.; 100 al Dr. Martínez Segovia y 100 al Sr. Pérez Martínez.

2°) Con fecha 2 de enero de 1976 el Ing. Rey vendió a Galerías Da Vinci 271.050 acciones.

3°) EI resto de las acciones que quedaron en poder de Rey, habían sido entregadas por el mismo a Galerías Da Vinci S.A. el 5 de septiembre de 1975, en concepto de garantía y dación en pago de una letra por $ 9.688.353, suscripta dos días antes. Junto a estas acciones se transfirió el derecho preferencial a suscribir las subsiguientes series correspondientes a dichas acciones.

Con posterioridad a la "desaparición" o "muerte" de David Graiver, el 8 de septiembre de 1976, el Ing. Rey se retractó de su dación en pago que no había sido oficialmente aceptada, e inmediatamente el 18 de octubre, ingresó en Papel Prensa S.A. la suma de $ 17.200.000 para la suscripción de las series 3 y 4 del mismo paquete oponiéndose a que lo hiciera Galerías Da Vinci S.A., que también había participado dichos fondos. Este conflicto derivó en una cuestión que recién finalizó con la compra por parte de los actuales titulares de las acciones clase "A", los diarios La Nación y Clarín, y, también en aquel momento el diario La Razón, quienes reconocieron en un acuerdo extra judicial los derechos de Rey. Similar fue la situación del Ing. César Doretti. Durante los años 1974, 1975 y 1976 el Grupo Graiver, por intermedio de Galerías Da Vinci y de Rafael Ianover, efectuaron aportes en Papel Prensa S.A. a cuenta de futura suscripción, imputando a nombre de Doretti los fondos para la adquisición de 420.000 acciones. En el año 1976, se imputaron nuevamente a nombre de Doretti los fondos correspondientes a la com­pra de 840.000.

La maniobra se repitió en el caso de Ingeniería Tauro, cuyo Presidente era el Dr. Selasco. Esta empresa adquirió 1.148.650 acciones en el año 1973 con fondos propios, directamente a Papel Prensa S.A. o a otros integrantes del "Grupo fundador". A esa suma debían adicionar se 100.434 de revalúo del año 1974, lo que hizo un total de 1.249.084 acciones de clase" A". En marzo de 1975, vendió a Galerías Da Vinci, 1.148.650 acciones y los derechos de preferencia sobre las mismas. Ejerciendo dichos derechos, Galerías Da Vinci adquirió -con aportes efectuados en los años 1974, 1975 y 1976- en diciem­bre de 1975 similar cantidad de acciones, es decir, 1.148.650, de la serie 2 de Ingeniería Tauro. Posteriormente, con el mismo procedimiento, el 18 de octubre de 1976 adquirió las series 3 y 4 por un total de 2.297.300 acciones clase" A".

Finalmente, por análoga situación atravesó Papelera Pedotti S.A. que compró el 27 de diciembre de 1973 quinientas mil acciones a integrantes del "grupo fundador", para transferir­las sólo cuatro meses después –el 26 de abril de 1974- a Rafael Ianover.

Resumiendo, en octubre de 1976, mes de la muerte o desaparición de David Graiver, su grupo tenía el control absoluto de la empresa, salvo las acciones discutidas por el Ing. Rey.

Esta realidad quedó encubierta, apareciendo Doretti, Rey, Ianover y Tauro como accionistas mayoritarios, junto con Martínez Segovia y Pérez Martínez, socios absoluta­mente minoritarios -100 acciones cada uno-, pese a aparecer el primero de los nombrados como Presidente de la empresa.

La explicación para esta conducta engañosa de los prin­cipales protagonistas, fue que la instrumentación definitiva del traspaso del paquete accionario dependía de dos autori­zaciones oficiales que desde marzo de 1976 no podía lograr el Grupo Graiver: la cesión de acciones Clase "A" en la Asamblea de Accionistas y la emisión de nuevas acciones. De ahí que Galerías Da Vinci continuara haciendo aportes por cuenta de aquéllos.

Martínez Segovia era primo de José Alfredo Martínez de Hoz, el ministro de Economía. Ingeniería Tauro participará de algunos contratos otorgados por YPF en condiciones leoninas desde 1976 en adelante. Las acciones del Estado en Papel Prensa quedaron en las arcas del Banade.

David Graiver murió en un accidente aéreo el 7 de agosto de 1976, con lo que la oscuridad sobre la segunda transferencia se acentuó: como Gelbard, Dudi manejaba sus negocios de modo personalísimo.

Osvaldo Papaleo y la segunda transferencia

En una entrevista a la revista “Debate” (31-03-2010), Osvaldo Papaleo relató cómo su hermana Lidia, esposa de Graiver, fue presionada para venderle la papelera a los tres diarios. Asegura que esas presiones vinieron de un primo de José Alfredo Martínez de Hoz, de apellido Martínez Segovia, intermediario en las negociaciones.

- Durante las audiencias públicas por la Ley de Medios, usted dijo que había estado en la reunión del Banco Nacional de Desarrollo (Banade) donde se consolidó la operación de Papel Prensa. ¿Qué quiso decir?
- La reunión que mencioné del Banade ocurrió recién a fines de 1979. Fue una asamblea pensada para licuar las acciones que la familia Graiver tenía sobre Papel Prensa. Todo esto ocurrió después de la operación donde los militares y los diarios (Clarín, La Nación y La Razón) se apoderaron de la empresa. Esa asamblea había sido convocada para multiplicar el capital y repartirse las acciones. La muerte de David Graiver es el 7 de agosto de 1976 y toda la familia quedó presa a partir de marzo de 1977. David y Lidia Papaleo de Graiver, mi hermana, tenían una hija menor de edad. Con el padre muerto y mi hermana presa, yo quedé como su tutor a partir de las acciones realizadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos motivadas por el juicio del seguro por la muerte accidental de Graiver.
-¿Entonces?
- Cuando llega la reunión en el Banade, nos presentamos junto a un abogado norteamericano, como uno más de los accionistas gracias al poder de tutoría que tenía sobre la hija menor de la familia. No nos dejaron entrar. De todas maneras, pude ver a los representantes del Ministerio de Economía, a los miembros de la Comisión Nacional de Recuperación Patrimonial (Conadepa), junto a Héctor Magnetto (Clarín), Bartolomé Mitre (La Nación) y Patricio Peralta Ramos (La Razón). Después de esa reunión, me llamó Bernardo Sofovich, el tío de Gerardo, quien era abogado de Clarín y tenía una buena relación con los Graiver. Me llamó para pedirme disculpas por la licuación de acciones que se había hecho en Papel Prensa.
- Si hubo una reunión para licuar las acciones de Papel Prensa, quiere decir que nunca hubo una venta formal, como indicó Clarín en su editorial del último sábado. Incluso, señalaron que, en marzo de 1977, Lidia Papaleo participó de una asamblea de accionistas.
- Existía un convenio mediante el cual los Graiver se comprometían a vender Papel Prensa. Esto fue previo a la detención de toda la familia y después de la muerte de David. Con relación a mi hermana, cuando se muere David, el grupo toma la decisión de desprenderse de sus bienes. Ahí apareció un tipo de Montoneros, que amenazó a Lidia con una pastilla de cianuro, donde le reclamaba plata de la organización.
- ¿Qué pasó después?
- Después de ese episodio, todos los Graiver se reunieron para analizar el tema y decidieron mandarle una carta a Videla, diciendo que eran los herederos de David Graiver y que tenían temas económicos relevantes para discutir. En ningún momento mencionaron nada relacionado con Papel Prensa. Estamos hablando de octubre de 1976, cuando yo todavía estaba preso. Luego de la reunión familiar donde se decidió escribirle la carta a Videla, apareció un señor, primo de José Alfredo Martínez de Hoz, de apellido Martínez Segovia. Se acercó a la familia Graiver aduciendo su condición de primo del ministro de Economía para recomendarle la venta de Papel Prensa a los diarios. Videla nunca los recibió y las negociaciones con Clarín, La Nación y La Razón comenzaron con el primo de Martínez de Hoz como intermediador. Se firmó un acta con el compromiso de venta. Esto ocurrió recién en marzo de 1977. Clarín dice que pagó las cuotas, pero ese convenio está en discusión.
En el libro “Decíamos ayer”, de Eduardo Blaustein y Martín Zubieta se publica una tapa del diario Clarín del 19 de mayo de 1977, donde aparece un editorial sobre Papel Prensa. Los tres diarios dicen que el contrato de compraventa se firmó el 2 de noviembre de 1976, con la autorización de las Fuerzas Armadas y el consentimiento de los Graiver.
- Los Graiver nunca recibieron la plata. Clarín le pagaba a la Conadepa. Pero hay un dato que nadie tiene en cuenta, que fue la presencia del juez de menores que se presentó diciendo que la hija menor de David y Lidia era la única heredera de Papel Prensa. El juez intervino para decir que no podía hacerse la venta. Esto es un dato muy relevante…
- Clarín, en su editorial del 27 de marzo, dice que la compra fue en noviembre del 76; que en marzo del 77, Lidia Papaleo -que conservaba una parte minoritaria-, estuvo en una asamblea de accionistas y que, al mes siguiente, fue secuestrada. ¿Fue así?
- Lidia fue secuestrada aproximadamente el 20 de marzo del 1977. Antes de su detención, estábamos reunidos en la oficina de Antonio Cafiero, ubicada en Lavalle 1118. Ahí Lidia nos dijo que tenía serios problemas con las empresas del Grupo Graiver. El padre de David -Juan Graiver- ya había desaparecido una semana antes, sabíamos que estaba vivo porque mandaban señales en ese sentido, y que estaba en la provincia de Buenos Aires porque Ramón Camps andaba rumoreando que lo tenía en su poder. Antes de salir de la reunión, Lidia nos comentó que había estado reunida ese mismo día con los representantes de los diarios de Papel Prensa, quienes estaban presionando mucho para concretar la venta. Al día siguiente, fue secuestrada.
…
¿Por qué Alfonsín tomó la decisión de indemnizar a los Graiver?
- Si la venta de Papel Prensa se hubiera formalizado a través de una reunión de accionistas y de manera transparente, Alfonsín no hubiese realizado ningún pago. La indemnización a los Graiver fue por el despojo de los militares, junto a Clarín, La Nación y La Razón.

Isidoro Graiver, hermano de David, declaró en la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas ante el doctor Molinas:

En el mes de agosto de 1976, el Dr. Miguel de Anchorena, en ese entonces abogado apoderado de la sucesión de David Graiver, se puso en contacto con su cuñada para informarle que había recibido una informa­ción del señor Francisco Manrique, cuyo contenido era sintéticamente que el gobierno nacional vería con agra­do la desaparición del conjunto empresario Graiver como tal, para lo cual sería necesario la venta de los paquetes accionarios del Banco Comercial de La Plata, del Banco de Hurlingham y del paquete de control o mejor dicho, del control accionario de Papel Prensa S.A., estimando que los compradores lógicos de este último paquete eran los diarios La Nación, Clarín y La Razón. A los pocos días lo visitó en su oficina el señor Guillermo Gainza Paz, quien manifestando representar a los mencionados diarios, propició una reunión con directores y/o funcionarios y/o apoderados de dichos diarios, la que se efectuó en fecha que no recuerda en las oficinas del diario "Clarín", recordando que entre otras personas que re­presentaban a los compradores, estaban el Sr. Bernardo Sofovich, el señor Patricio Peralta Ramos y otros. Dicha reunión fue muy breve ya que la oferta que ellos formu­laron en ese momento se consideraba totalmente inadecuada, quedando así suspendidas las tratativas. Esta situación continúa así hasta el día anterior al previsto para la asamblea en la cual debía autorizarse la transferencia, que no iba a ser autorizada dado que el Sr. Manrique en el ínterin, había ratificado lo adelantado por el Sr. Anchorena y por lo tanto, se produciría el grave riesgo de no obtener el reintegro del precio abonado al primitivo grupo vendedor con más los intereses y actua­lizaciones correspondientes, así como las sumas importantes que se habían invertido en el interior para continuar con la construcción de la planta. Retomando, ese día anterior a efectuarse la Asamblea, en horas del mediodía tornó contacto con el grupo Graiver el Dr. Miguel de Anchorena para decirles que los tres diarios ya mencionados proponían una reunión urgente con el propósito de hacer una oferta para la compra de las acciones. Así fue que, en forma inmediata, se trasladaron a las oficinas de la calle Florida, entre Corrientes y Sarmiento, sede del diario "La Nación", donde estaban aguardando los representantes del diario ya mencionado y cree recordar que lo acompañaron su cuñada Lidia Papaleo de Graiver, el Dr. Reinoso, el Dr. Abuin, el contador Bogani y el Dr. Miguel de Anchorena. Después de arduas negociaciones llegaron a un acuerdo que se cristalizó esa misma noche con la firma de los instru­mentos respectivos, a ese efecto se apersonaron sus apoderados y el señor Rafael Ianover.

La “impura”

Lidia Papaleo denunció que en las sesiones de torturas efectuadas por la patota del general Camps era llamada con un alias escatológico: “la impura”.

Investigaciones periodísticas recientes de los diarios Miradas al Sur y Tiempo Argentino han puesto el acento en la condición religiosa de los Graiver como razón principal del despojo. 

Tiempo Argentino del 6 de junio de 2010: Seis meses después del golpe del ’76, la orden fue clara y terminante: un grupo judío no podía ser propietario de Papel Prensa.

En “Silencio por Sangre” publicado por Miradas al Sur” (pág. 17): … el Grupo Graiver fue despojado ilegalmente de Papel Prensa S.A. en una operación que –más allá de sus motivaciones políticas y económicas- desnudó el feroz antisemitismo de los militares….

También el banquero Saiegh se presentó ante la justicia alegando que por su condición de judío se lo había despojado ilegalmente del Banco Latinoamericano.

Sin embargo, la cuestión no puede entenderse como un conflicto religioso.

Existían bolsones de ideología antisemita en las fuerzas armadas por el influjo de la Iglesia Católica cuyo dogma atribuía al pueblo judío la muerte de Jesucristo  y la influencia de las sectas integristas (fundamentalistas) que lideraban Jordán Bruno Genta, el padre Menvielle y la revista “Cabildo”.

Los Graiver fueron secuestrados por orden de Suárez Mason, quien como Massera, pertenecía a la Logia P2 de conocidos vínculos con pliegues oscuros del Vaticano.

Se sostiene, sin que se pueda comprobar, que la Editorial Abril habría sido obligada a vender sus acciones en Celulosa Argentina y Cía Gral Fabril Financiera a la Edit. Rizzoli relacionada con Licio Gelli en el marco del enfrentamiento entre sectores antifascistas, socialistas y sionistas (que representaría Abril) con el poder ideológico-financiero del Vaticano que pretendía desplegar una estrategia de enfrentamiento universal contra el “poder sinárquico” representado por lo que Henry Ford bautizó como “el judío internacional” de los estrambóticos “protocolos” hitlerianos que anhelaban el poder mundial.capit{a

Pero es imposible concluir por ello que el despojo a los Graiver fuera motivado por razones religiosas o geopolíticas en el sentido que podría darle la logia P2.

En rigor, es más probable que el antisemitismo haya sido el argumento utilizado para mover a la tropa que hacía el trabajo sucio pero no el fondo de la cuestión.

Desde la aplicación del Plan Trienal diseñado por el equipo de Gelbard, la estructura económica había incorporado nuevos actores que pujaban por compartir negocios con el poder tradicional. Al fin y al cabo, la impunidad, travestida de seguridad jurídica, había sido la conducta habitual de ese poder ligado a la vieja fantasía del granero del mundo, y que para ello había diseñado el Estado según sus propios intereses y visión del mundo. El golpe de marzo de 1976 cortó de cuajo ese cambio que apenas se llegó a esbozar. Uno de los aspectos de la política financiera llevada adelante por Martínez de Hoz desde 1976, fue la concentración bancaria a favor de las instituciones multinacionales (y por eso el apoyo entusiasta de David Rockefeller) y aquellas otras que pertenecían a las tradicionales familas de banqueros locales: Tornquist, Shaw, etc. Martínez de Hoz operó ferozmente contra los intrusos o advenedizos que habían florecido con la “patria financiera”: los Oddone, Trozzo, Saiegh, Bassil, Greco, etc. Graiver entra perfectamente en esa larga lista.

Graiver y Montoneros

Es por eso que el Fiscal Molinas, que investigó la cuestión Papel Prensa luego de 1983, no encuentra una explicación plausible al silencio de la Junta Militar respecto de los vínculos que habría tenido Graiver con los Montoneros. La conjunción de “judío” más “financista de Montoneros” era atractiva a los oidos de los represores, pero parecía haber otras poderosas razones.

Dice Molinas:

… la Junta asistió impávidamente al enajenamiento de todos los principales bienes del Grupo y, recién después que aquéllos fueron transferidos, procedió a detenerlos e intervenir su pa­trimonio.

Resta interrogarse si la Junta Militar permitió esto por desconocimiento, de todos modos injustificado por la públi­ca repercusión, o si lo hizo conociendo ya las relaciones del Grupo Graiver con Montoneros. Y no cabe sino contestar que la Junta conocía esta situación. Así lo han confesado en la Fiscalía algunos de sus integrantes.

Al respecto es contundente la declaración prestada por el entonces integrante de la Junta Militar Almirante Eduardo Emilio Massera.

Quedaba pues, plenamente acreditado que las máximas autoridades del país no sólo sabían la gravedad de la situa­ción económica del Grupo sino, además, habían realizado investigaciones que según sus propios dichos probaban la vinculación del Grupo con Montoneros.

Pese a ello, llevado al seno de la Junta el problema de la transferencia accionaria del Grupo, lejos de oponerse y orde­nar las acciones judiciales pertinentes, trataron y resolvie­ron la aprobación de la misma como si fuese una cuestión estrictamente comercial.

Ello surge con claridad del Acta N° 14 de la Junta Militar, fechada en diciembre de 1976.

Y agrega más abajo:

En la práctica la Junta Militar ocultó todo lo referente a la vinculación Graiver-Montoneros hasta la finalización de la transferencia del paquete accionario de Papel Prensa S.A.

Papel Prensa fue la única empresa de Graiver que no entró en la “interdicción” de la Conarepa.

Irregularidades pasadas por alto

El bloque de poder que había usurpado el gobierno en marzo de 1976 estaba muy lejos de constituir un homogéneo. Por el contrario, había fuertes tensiones que se dirimían con los mismos métodos ilegales usados para “combatir a la subversión”.

Ocho meses después de la transfe­rencia accionaría a los tres diarios, y a cinco de las detenciones del grupo Graiver, por “ley” 21.618 de agosto de 1977, Jorge Rafael Videla intervino Papel Prensa con la directiva de investigar el origen del capital de compra de sus acciones.  El Capitán de navío Alberto D'Agostino, hombre de confianza de Massera, fue nombrando veedor-interventor.

D’Agostino participó también en la comisión oficial que simulaba analizar la probable estatización de la Compañía Ítalo de Electricidad de la que Martínez de Hoz era director (falsamente) apartado del caso.

El informe elevado por D’Agostino el 27 de diciembre de 1977 constantó muy serias irregularidades en el traspaso de Graiver a los diarios. Anota Molinas:

Dicho informe presenta una grave omisión, pues en ningún momento se hace referencia a la relación entre David Graiver y la Organización Montoneros.

El Almirante Cero pretendía negociar la represión con la conducción de Montoneros.

Critica D’Agostino:

1°) No haberse erigido, ni realizado por parte de la Secre­taría de Desarrollo Industrial el estudio técnico-económico­ financiero de dichos diarios, a fin de asegurar la financia­ción del proyecto tal como lo exigía el pliego.

2°) Consentir que los diarios innovaran la práctica de utilizar acciones Clase "A" con el beneficio del diferimiento Impositivo, responsabilidad de los Directores, y de la Secre­taría de Desarrollo Industrial y el Ministerio de Economía.

3°) Consentir los depósitos en bancos privados naciona­les y extranjeros, en violación a lo establecido en el contrato, de sumas provenientes de capital y de préstamos del Banco Nacional de Desarrollo cuya obligación de contralor tam­bién estaba a cargo de la Secretaría de Desarrollo Industrial y el Ministerio de Economía.

4°) No haber exigido la constitución de la garantía por multas.

5°) No haber exigido el cumplimiento en término del cronograma de obras, al igual que la anterior a cargo de la S.E.D.I.

6°) Haber otorgado el Banco Nacional de Desarrollo un adelanto sobre un préstamo condicionado a que la Empresa integraría nuevos capitales, correspondiendo un 25% del mismo a aportes del Estado, cuando la obligación de entrega del Estado, era sólo contra acciones debidamente suscriptas.

7°) Omisión de exigir el compromiso asumido por los tres diarios de garantizar o avalar, con sus propios patrimonios sus obligaciones contractuales, tarea también a cargo de la S.E.D.I.

El secretario de Desarrollo Industrial era Raymundo Juan Pío Podestá (hoy un próspero cabañerocon propiedades en Uruguay y en ese entonces titular de Celulosa Argentina, la empresa que César Cívita había vendido a capitales relacionados con la P2) y el ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz.

El ministro de Justicia, brigadier Gómez, archivó las actuaciones y el gobierno no tomó ninguna medida ulterior.

La dictadura cívico-militar había comprado el silencio de los tres grandes diarios argentinos no solo para sepultar las graves violaciones a los derechos humanos, sino también a fin de construir una imagen benévola de la reingeniería social cuyas consecuencias todavía padecemos. El resto de la historia es conocido y ha sido ampliamente difundido por el Informe Oficial sobre Papel Prensa y las publicaciones citadas, en especial “Tuvimos que esperar 27 años...” publicado por Tiempo Argentino. Además de los militares, desde Videla a Camps, los personajes civiles de la dictadura que intervinieron en el apoderamiento de Papel Prensa están procesados.

La Justicia tiene la palabra.