Hoy, al parecer, declarará el empresario Pedro Blaquier por
las desapariciones en el ingenio Ledesma. Es una buena oportunidad para
reflexionar sobre el entrelazamiento entre sectores sociales y fuerzas armadas
que instituyeron la dictadura, un tema abundantemente tratado desde distintas
visiones.
Se sigue hablando –desde mi punto de vista, incorrectamente-
de “complicidad civil” lo que sugiere que determinados individuos no
pertenecientes a las fuerzas armadas y de seguridad colaboraron, a título
personal, con la represión, o empujaron a estas a tomar una decisión impensada.
El agregado de “cívicomilitar” a la dictadura confirma esta
perspectiva simplificadora que quizás tiende a ocultar que amplios sectores
medios –los mismos desde donde habían emergido la mayor parte de los
estudiantes e intelectuales que optaron en aquel entonces por la vía armada-
toleraron, admitieron, adhirieron o aplaudieron la irrupción de los militares
al poder. El objetivo, visto los personajes que actuaron, fue destruir para siempre la posibilidad de que
Argentina se convierta en Nación, eso que históricamente había significado el
peronismo. Y agregaría en tren de hipótesis: producir una suerte de desempate histórico, disciplinando a esos sectores medios como ¿furgón de cola? del poder tradicional.
En ese sentido, invito a pensarlo desde otra perspectiva:
que hubo complicidad militar para instituir una dictadura con el fin de imponer por la
fuerza un régimen político, y que esa complicidad incluyó a la totalidad de las
fuerzas armadas por cuanto el Estado, ahora en poder de determinados sectores
económico-sociales parcialmente desplazados en 1973 pero todavía dueños del
poder real, orientó todo su monopolio de la violencia con el objetivo de instaurar
determinado modelo de país.
Este enfoque permite, en el presente, entender cuál es el
límite de la democracia toda vez que el 54% de los votos, por ejemplo, o una
mayoría legislativa, no significa que el poder real en la Argentina haya
cambiado de manos sino en un aspecto parcial (el político-institucional) de la
totalidad de ese poder. Que Cablevisión ni siquiera haya cambiado la grilla de su
programación a pesar de la vigente Ley de Medios es un síntoma, muy secundario
si se quiere, pero real, de lo que esto significa.
El privilegio del grupo Clarín tiene contacto con otras inmunidades
persistentes: en Ledesma, Blaquier se consideraba por encima de la ley así como
hoy Macri actúa con el mismo desprecio en el conflicto de los subtes. Las clases
dirigentes argentinas se han considerado históricamente por encima de la ley
que ellos mismos instituyeron, y el Estado fue diseñado para servir a sus
intereses aunque aparentara universalidad o lo imagináramos neutral.
Esa ausencia de universalidad o neutralidad explica, por
ejemplo, por qué el Gobierno Nacional actúa con mano de seda respecto del
sistema bancario. Sabemos que la reforma a la Carta Orgánica del BCRA no va a dar
vuelta el sistema para ponerlo al servicio del interés nacional, pero no es la
oportunidad de discutir una nueva ley de Entidades Financieras. Y sin embargo,
el nuevo rol del Banco Central permite reformular paulatinamente la estructura
financiera local en una época en que su centralidad universal no requiere
mayores aclaraciones.
Esta centralidad incluye imaginar hasta dónde son capaces de
llegar estos intereses cuando se sienten afectados. Se equivocan quienes creen
que estos tipos tienen límites.
Si bien los delitos de lesa humanidad son la manifestación feroz
de la dictadura, es necesario pensar (y pensarse) en los objetivos profundos de
esa etapa. Por eso resulta útil ir al pasado, volver al presente y resignificar
el pasado para, otra vez, hacerlo con el presente, para entender la
coincidencia entre cierta ingenuidad política que primó en los 70 y una
exigencia excesiva con el presente.
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