ECHAR NAFTA AL FUEGO

El aumento del precio de los combustibles ha sido una de las tradicionales medidas tomadas por los seguidores de los ajustes económicos para redistribuir ingresos. Frente a otros impuestos, tiene la cualidad de recaudarse rápidamente. 

El objetivo de este impuesto recesivo solía ser, y para eso se lo decidía, que el Estado tuviera mayor capacidad financiera para el sector externo.

Siempre iba acompañado de una devaluación, por supuesto.

Pero, mucho más que eso, era un factor decisivo en el incremento del espiral inflacionario: el aumento del combustible genera aumentos en el transporte, éste en el de los alimentos, y a poco se derrama en todo el proceso económico.

La provincia de Córdoba decidió aumentar unilateralmente las naftas. Una decisión similar se discutió en la provincia de Buenos Aires (aunque ahora mismo, Alberto Pérez anuncia que se dio marcha atrás con la decisión) y el gobierno de Macri comunicó que financiará con ello el traspaso de subtes.

Uno debería preguntarse por qué precisamente De la Sota y Macri, Córdoba y la ciudad de Buenos Aires son los que recurren a medidas semejantes, si no fuera porque así echan leña al fuego de la inflación nacional que, objetivamente, existe hoy en día. Y también, cómo es que una provincia y una ciudad autónoma con ínfulas inconstitucionales de ser tratada como nueva provincia, puedan tomar semejantes medidas.

La respuesta está en la Constitución Nacional de 1994, que tanto facultaría a las provincias a tomar semejantes decisiones como a aceptar que un juez del distrito de Manhattan a punto de jubilarse decida sobre los ingresos de todos los argentinos.

Aún así, hay otro elemento, al que llamaríamos paradigma cultural, como manifestación de un sentido común trabajado por los medios de comunicación a través de décadas, según el cual la diversidad es en todos los casos preferible a la uniformidad. A caballo del repliegue de los Estados Nacionales en favor de “los mercados”, y también a caballo del reinado de la diversidad en la oferta de bienes tangibles y simbólicos, la diversidad recorre toda la condición humana impidiéndonos, muchas veces, entender que en algunas circunstancias sólo la uniformidad permite desplegar verdaderas políticas públicas que incluyan a todos los argentinos.

Paradojalmente, la Constitución establece que todos somos iguales ante la ley, y no diversos. Es decir, las apelaciones a la diversidad encuentran su propio límite en la igualdad como condición básica de la existencia de una sociedad humana organizada.

El federalismo es, forzando un tanto la interpretación, una de las formas que adquiere la diversidad. En una provincia, las empanadas llevarán o no papas o pasas de uva, pero en cuanto a decisiones económicas públicas, es preciso atenerse a una política nacional.

Cuando, como resultado de la discusión sobre la 125 algunos pícaros incendiaron campos en el sur de Entre Ríos y el Paraná bonaerense, se descubrió que la provincia de Buenos Aires no había ratificado el Plan Nacional de Manejo de Fuego y resultó arduo coordinar tareas con las autoridades entrerrianas. En materia de seguridad, salud y educación, los ministerios respectivos no tienen autoridad real sobre los procesos provinciales.

Y todo eso en nombre de un eventual federalismo.

En este sentido, el Gobierno Nacional anunció que recurrirá a la Suprema Corte para resolver la cuestión del aumento de las naftas, reconociendo de hecho que carece de herramientas como para obligar a los distritos a dar marcha atrás. Con ser este organismo uno de los lujos que produjo la gestión de Néstor Kirchner, no debemos olvidar que en el caso de ATE contra el Ministerio de Defensa, hace unos años, la Corte resolvió por la diversidad gremial.

No me imagino a De la Sota recibiendo a Tezanos Pinto cuando, como enviado de Rivadavia, entregó el texto de la Constitución de 1826 al caudillo santiagueño Juan Felipe Ibarra. Este recibió al porteño con chiripá, facón al cinto y pinta feroz: a De la Sota se le podría desprender el peluquín en el intento.