SEGURIDAD JURÍDICA

La Minera Vale, en Mendoza, argumenta inseguridad jurídica para buscar mejores condiciones. 

Los jueces, que una acordada de la Suprema Corte los exime de pagar Ganancias, dando a entender que todo cambio supone inseguridad jurídica. 

El 54% obtenido por Cristina sería cosa del pasado (en todo caso, no hay con qué darle a la legitimidad de origen) y ya corre, para algunos exageradamente visibilizados por los medios, la deslegitimidad de ejercicio.

La seguridad jurídica es uno de los argumentos históricos preferidos del poder reacio a todo cambio social, cultural y económico (hoy lo llamamos “opo”) tendiente a eternizar o naturalizar un privilegio.

Cuando se pierde uno de estos privilegios, se dice que FALTA SEGURIDAD JURÍDICA.

Otro de los argumentos históricos es la cuestión de la legitimidad. ¿Es legítimo este gobierno o programa de gobierno? Ambos están íntimamente relacionados o son dos aspectos de una sola cuestión. Cuando se altera determinado privilegio jurídicamente consagrado se pierde seguridad jurídica y se deslegitima el gobierno, y decimos (dicen) entonces que EL GOBIERNO TIENE LEGITIMIDAD DE ORIGEN PERO NO DE EJERCICIO.

A veces se ataca esa legitimidad de origen, pero no hay consenso entre ellos y a nadie puede convencer, por su debilidad, un argumento que se base en negar el 54% de votos a favor de este proyecto. 

Por eso van y vienen enarbolando supuestos estudios de opinión que demostrarían (con muestras que en ningún caso superan los mil, mil doscientos casos, mil quinientos con toda la furia sobre 40 millones de habitantes) que ese 54% se perdió más o menos rápidamente, por ejemplo, porque la economía se está desbocando. 

Entonce en un punto sí hay consenso: hay que demostrar de cualquier manera, no importa cómo, que esa mayoría electoral se esfumó, y con ella la legitimidad de origen.

Los más inteligentes sin embargo, no discuten esa tal legitimidad de origen porque no hay con qué darle (la única verdad es la realidad, y la realidad es el acto del sufragio, no las opiniones disparadas al voleo) y apuntan sus cañones en la legitimidad de ejercicio.

¿A qué se refieren?

También aquí se escuchará todo tipo de opiniones (de izquierda, de derecha y de la derecha que se oculta en el centro) pero no les preste mucha atención: cuando se pierde legitimidad de ejercicio también se pierde seguridad jurídica, es decir, toda ley o norma o decisión política que termine con algún privilegio significa, para ellos, que ya no hay seguridad jurídica y en su ejercicio también se ha perdido legitimidad. Porque para ellos, legitimidad equivale a dejar todo como está, donde todo privilegio corresponde al orden de lo natural, al orden natural. Uno tiene legitimidad (o seguridad jurídica, según corresponda) dicen, mientras no cambie nada.

Por caso, “los jueces no pagan Ganancias”, como si eso significara que los señores magistrados están naturalmente exentos; que no pagaron, pagan o pagarán ese impuesto porque son una suerte de seres singulares o únicos o especiales, distintos a todos nosotros los simples mortales, y por eso naturalmente privilegiados. Si pagaran un impuesto que nos descuentan obligatoriamente a todos nosotros, eso alteraría la objetividad de sus sentencias o no fallarían con libertad de consciencia. Falso.

También la Minera Vale, brasileña, argumenta inseguridad jurídica para abandonar (u obtener mayores concesiones de) el yacimiento de potasio en Malargüe, al sur de Mendoza. El potasio es un fertilizante abundante y barato, y el emprendimiento mendocino se convertiría en uno de los mayores del mundo junto a Pascualama. 

Vale lo había comprado a la multinacional de origen británico Rio Tinto que explota minas de zinc, bórax, diamantes, bauxita (aluminio), cobre, etc. Para avanzar hay todo tipo de limitaciones financieras, técnicas y legales.

Las cuestiones gemelas de la seguridad jurídica y la legitimidad de origen-ejercicio son históricas porque vienen siendo usadas en Argentina desde que somos un país, por Bernardino Rivadavia o Alfonso Prat Gay, pasando por Mariano Grondona, Lilita Carrió, el almirante Rojas y Bartolomé Mitre.

El Vaticano está exento de demostrar seguridad jurídica y nadie puede negar la legitimidad de origen de Francisco, supongo. Para el Papa tenemos otro fetiche: sería un Papa Peronista, de modo tal que todo lo que haga será significado en esa línea. El Papa no es peronista: es un cuadro de la Santa Madre Iglesia. Jesuíta.

A algunos de los que chamuyan sobre la seguridad jurídica o la legitimidad se los puede tomar en serio, a otros no aunque no por eso dejen de ser peligrosos.

Entre estos últimos anotamos a Paco De Narváez, Lilita Carrió y Pino Solanas, que ayer mismo aludió sin ponerse colorado a las cincuenta mil víctimas de la estación de Once. 

El show debe seguir.