"Nuestros comerciantes se quejan mucho de los malos efectos de los altos salarios en el aumento de los precios y la disminución de la venta de bienes. No dicen nada acerca de los efectos negativos de los altos beneficios. Ellos no dicen nada con respecto a los efectos perniciosos de sus propios beneficios. Se quejan sólo de los de otras personas."
La puesta al díia de la Ley de Abastecimiento n° 20.680, de 1974, es indispensable en función de conformar un Estado moderno, actualizado, con herramientas para intervenir en la economía real.
De aquella época a esta, las ganancias empresarias se han multiplicado, el capital se ha concentrado, y ha habido una perniciosa desnacionalización. Muchos empresarios argentinos prefieren guardar sus ahorros en paraísos fiscales o cambiar máquinas-herramienta por cabezas de Aberdeen Angus o plantaciones del "yuyo".
El proyecto del equipo económico cosechó, como en un coro de lloronas de Eurípides, las críticas y lamentos corporativos previsibles de la UIA, Copal, SRA, AEA, IDEA, ADEBA Y ABA, es decir, de todas las grandes cámaras empresarias, calificándolo a coro de "confiscatorio" e "inconstitucional".
Algunas, por las dudas.
Con su habitual lloriqueo de sala de espera de dentista, Nelson Castro afirmó que el proyecto atenta contra la libertad de comercio, que es lo que Clarín y el propio Castro denominaban "libertad de expresión" cuando se discutía la ley de medios. También (Castro dixit) ataca la sagrada propiedad privada.
Existe una veintena de asociación de consumidores, algunas de ellas subsidiarias de grandes grupos económicos, un par de ellas meros sello de goma que sobreviven con subsidios y varias definitivamente inoperantes. Otra realidad, su unificación, es imposible o inconveniente por varias razones que sería largo explicar aquí.
Es el Estado el que tiene que proteger al consumidor de la "mano invisible del mercado", una figura utilizada por el pre-candidato Binner, militante del socialismo pre-socrático, es decir, de la cartelización.
Artemio López lo ha visto así:
En definitiva, nada nuevo nos deparan las críticas. Cambian quizás los personajes, pero los métodos son invariables:
Cristina sostuvo que el proyecto no era un "bando": por el contrario, se discutirá en el Congreso, como corresponde en un sistema democrático. Perón entregó la Patagonia a la Standard Oil of New Jersey, repetía la revolución fusiladora. Mentira: lo envió al Congreso para su discusión.
Entre paréntesis, EEUU tiene ley una anti-trust desde la década del '30, lo que obligó a la Standard Oil de los Rockefeller a dividir sus unidades operativas y vender parte de sus activos. Aquí todavía nos la debemos, pero la similitud con la resistencia de Clarín a adecuarse a la nueva ley de medios es evidente..
Y como frutilla del postre, contra agoreros fluviales como Ripoll, Pitrola o Altamira, la ley 26268, llamada "antiterrorista, no se ha usado para reprimir piquetes sino contra la quiebra fraudulenta de la imprenta multinacional RR Donnelley, parte de cuyos capitales son fondos-buitre.
¿Y los de Edesur?
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