UN JUEZ SE SUMARÁ AL PANEL DE 678

La velocidad de reflejos está en la propia naturaleza del kirchnerismo. Al menos así dicen los más serios analistas políticos. 

Prueba de ello es que, a horas de que la corporación judicial sacara un comunicado donde solicitaba un espacio en los medios (en horario central, eh) para explicar los fallos –cuando hasta ahora lo hacían las propias sentencias- el vocero Soccimarro anunció que un juez se integrará al plantel de 678 si llegan a buen puerto las negociaciones con Daniel Wirtz. Nadie cree, en el ambiente, que el productor se niegue a un pedido semejante.

Al conocerse la decisión de la Casa Rosada, se inició en el más serio de los poderes institucionales argentinos una sorda lucha porque, claro, hay un solo lugar y los candidatos son muchos. 

Y no es por ese hábito de protagonismo (de los jueces) que tanto señalan algunos psicoanalistas como lamentable para las personas, sino porque el comunicado (de los jueces) sugiere que esos jueces, es decir ellos mismos, podrían ventilar, en 678, las diferencias que sostienen y que hasta ahora se expresaba en fallos con disidencias parciales y totales.

Y no sólo eso sugiere el comunicado de sus señorías: sugiere o insinúa o alude o esboza que sólo recibe presiones del Poder Ejecutivo y que no puede ser confundido con una corporación o mafia porque como Poder del

Estado tiene que decidir sobre cuestiones que atañen a intereses de terceros y no los propios. Como si la ley de Medios fuera un hecho producido por terceros. Y en cuanto a no mencionar las presiones privadas, bueno, al no mencionarlas parece dar por hecho de que lo que comparten es su opinión.

Este es el comunicado completo:

· La Comisión Nacional de la Independencia Judicial, a través

de las asociaciones que la integran, ha recibido la

preocupación de una importante cantidad de jueces y juezas

de todo el país, referida a hechos que agreden

institucionalmente a un Poder del Estado

y, como consecuencia de ello, a todos los ciudadanos de la Nación, ya

que la justicia es para todos.

· Ellos se exteriorizan mediante: a) la falta de cobertura de

cargos de magistrados, generando que los jueces

subrogantes designados no tengan garantías de estabilidad

suficiente; b) recusaciones y denuncias penales utilizadas de

modo excesivo o con el solo fin de separar a un juez de una

causa; c) campañas difamatorias contra jueces agraviándolos

de manera personal; d) pedidos de intervención a los poderes

judiciales provinciales; e) intentos de modificación de algunas

legislaciones locales en perjuicio de la estabilidad e

independencia de los magistrados.

· Ante ello, esta Comisión encuentra necesario reiterar que la

Independencia del Poder Judicial se encuentra protegida por

la Constitución Nacional (art 109 CN) y es un principio

fundamental del Estado de Derecho que es sustancial para el

funcionamiento de la democracia, y constituye una garantía

fundamental para la defensa de los derechos de los

ciudadanos;

· Este principio forma parte de la comunidad latinoamericana de

derecho, ya que es sostenido en la reunión de Cortes de las

Américas, en la Cumbre Iberoamericana de Cortes, en la

reunión de Cortes del Mercosur, así como por la Federación

Latinoamericana de Magistrados y en casi todos los países de

la región;

· Esta manifestación no puede ser confundida con la defensa

de intereses corporativos, puesto que se trata de hacer

pública la preocupación de la magistratura como Poder del

Estado por la afectación que recibe al tener que decidir sobre

cuestiones que atañen a intereses de terceros y no los

propios;

· Tampoco puede ser afectado el derecho de ejercer la defensa

y de criticar las sentencias, ya que ello forma parte de una

sociedad transparente y participativa;

· Sentadas estas bases, corresponde:

I). Exhortar a las autoridades competentes para que se cubran

los cargos de tribunales vacantes en tiempo oportuno, mediante

el procedimiento adecuado;

II) Exhortar al Poder Ejecutivo Nacional a cumplir

estrictamente con el artículo 109 de la Constitución Nacional y a

ejercer sus facultades como poder del estado dentro del marco

de las reglas procesales, evitando el uso de mecanismos

directos o indirectos de presión sobre los jueces que afecten su

independencia;

III). Exhortar a los demás poderes públicos del estado, para

que no avancen en la modificación de legislaciones locales en

perjuicio de la estabilidad de los magistrados.

IV). Exhortar a titulares de medios de comunicación públicos y

privados a ejercer el derecho de crítica sobre la base de

opiniones y argumentaciones, evitando el agravio personal o

familiar, siendo mesurados y prudentes al imputar faltas éticas o

criminales que luego quedan en la nada, pero que lesionan

gravemente a las personas y sus familias;

V). Exhortar a los medios de comunicación a promover el

debate democrático de ideas.

VI) Solicitar, teniendo en cuenta la protección constitucional

de la libertad de expresión, la pluralidad de voces que promueve

la ley 26.522 y el carácter público de los medios oficiales, al

Poder Ejecutivo Nacional, a la Jefatura de Gabinete y al Titular

de la AFSCA, que se habiliten espacios en los horarios y

noticieros centrales de la televisión pública para que el Poder

Judicial pueda expresar opiniones a través de su agencia de

noticias, así como la difusión de videos institucionales en

programas de difusión pública.

FIRMANTES

· Comisión Nacional de Protección de la Independencia

Judicial.

· Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores de las

Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires.

· Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia

Nacional.

· Federación Argentina de la Magistratura.