Con una nota titulada "Cuentas Pendientes" (1 de setiembre de 2013) donde epiloga su propio libro escrito en colaboración con Juan P. Bohoslavsky (ver artículo completo aquí)Horacio Verbitsky califica de "sectoriales" las iniciativas estatales en materia de investigación de cierto tipo de delitos cometidos durante la dictadura cívicomilitar (o dictadura a secas, porque todas las que padecimos fueron cívicomilitares) instaurada en marzo de 1976. Nos referimos a aquellos que habrían tenido una motivación económica, excluyente o no, y menciona las áreas creadas a tal efecto en la Secretaría de Derechos Humanos y en la Comisión Nacional de Valores.
Lo escribe así: "Si bien el Estado argentino ha implementado iniciativas de investigaciones en materia de complicidad económica, estas han sido sólo sectoriales. La investigación “Papel Prensa” se limitó a ese caso; la Unidad Especial de Investigación de los Delitos de Lesa Humanidad con Motivación Económica, creada por la Secretaría de Derechos Humanos, sólo aborda casos de desapoderamiento de bienes de víctimas de la dictadura; y la Oficina de Coordinación de Políticas de Derechos Humanos, Memoria, Verdad y Justicia, dentro de la Comisión Nacional de Valores, focaliza exclusivamente en el rol de esa institución y sus funcionarios en el período 1976-1983.
"Además de mencionar esas iniciativas "sectoriales", el autor propone la creación de un área multidisciplinaria denominada Comisión Nacional de la Verdad.
Según sus propias palabras:
El establecimiento de una nueva Comisión Nacional de la Verdad podría contribuir al proceso de verdad y memoria en términos de complicidad económica, investigando de manera integral y exponiendo en forma oficial y pública los aspectos salientes y las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera adoptadas durante aquel período.
Decían los chinos, casi siempre insoportablemente sutiles, que UNA COMISIÓN ES UN ANIMAL CON CUATRO PATAS TRASERAS, y Perón sostuvo, palabras más o menos, "si usted no quiere llegar a ninguna parte, cree una comisión".
"Además de mencionar esas iniciativas "sectoriales", el autor propone la creación de un área multidisciplinaria denominada Comisión Nacional de la Verdad.
Según sus propias palabras:
El establecimiento de una nueva Comisión Nacional de la Verdad podría contribuir al proceso de verdad y memoria en términos de complicidad económica, investigando de manera integral y exponiendo en forma oficial y pública los aspectos salientes y las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera adoptadas durante aquel período.
Decían los chinos, casi siempre insoportablemente sutiles, que UNA COMISIÓN ES UN ANIMAL CON CUATRO PATAS TRASERAS, y Perón sostuvo, palabras más o menos, "si usted no quiere llegar a ninguna parte, cree una comisión".
La iniciativa, sin embargo, es loable.
Aunque es inevitable que las iniciativas estatales sean sectoriales: así, por ejemplo, la Secretaría de Agricultura no puede dedicarse a investigar los alcances del barroco en la música de cámara, etc.
Más allá de esta propuesta de cuatro patas traseras, comparto el enfoque del trabajo de Verbitsky y Bohoslavsky en cuanto el objetivo fundamental de la dictadura consistió en retrotraer al país a la época del "granero del mundo", de cuyas bondades sólo puede dar cuenta el pequeño sector terrateniente y no los millones de argentinos que padecían miseria y exclusión.
En rigor (esto lo digo yo, no los autores de "Cuentas Pendientes") los sectores concentrados del agro y la banca tenían urgencia por destruir hasta los cimientos el estado de bienestar que en los 50 había armado el peronismo y cuya continuidad se esbozaba en el Plan Trienal del ministerio de Economía. Por ese pequeño espacio se abría un gran peligro para los grandes grupos económicos que se habían valido del Estado para afirmarse a costa de la población.
En notas anteriores he dado cuenta de ello.
Los casos de la estatización fraudulenta de la Compañía Ítalo de Electricidad, o el crecimiento de Acindar a costa de créditos a tasa blanda del Banco Industrial (40% de sus acciones habían sido caucionadas en esa entidad, y la empresa estaba a punto de pasar a la órbita estatal dentro de la Corporación de Empresas Nacionales), son algunos ejemplos de qué se proponía impedir Martínez de Hoz, que era parte de ambas empresas. El juez Oyarbide lo imputó en el caso de la Ítalo porque era evidente su participación en un fraude de 400 millones de dólares en francos suizos que hoy forman parte de la deuda del Club de París, una deuda que se arrastra desde 1956 cuando Argentina se vio obligada a indemnizar a empresas alemanas incautadas al Tercer Reich por el gobierno nazi de Perón (así lo tildaba gran parte de la izquierda nativa, que colaboró, salvo contadas excepciones, con la "Revolución Libertadora").
Un gobierno nazi que confiscaba bienes de los nazis. Y Martínez de Hoz se fue de este mundo mientras Oyarbide, a todas luces, había "pisado" la causa Ítalo.
Otros manejos, como el de Banco de Hurlingham del grupo Graiver, no pudieron configurar delitos, no porque no los hubiera habido, sino porque sus apoderadores, aunque parezca contradictorio, lo robaron con la ley en la mano, y sus activos fueron repartidos entre los grandes bancos extranjeros. Eso era fácil, y por eso mismo Papel Prensa no entró en el grupo intervenido de las empresas Graiver: porque la decisión cívicomilitar era entregárselo al Grupo Clarín.
El Estado también acompañó como querellante a Eduardo Saiegh por el desapoderamiento del Banco Latinoamericano y Austral Líneas Aéreas. En este caso, existe un contencioso con el Banco Central por una diferencia en la valuación de los bienes desapoderados.
Entretanto, los archivos del Banco Industrial fueron destruidos por un incendio en 1995. Las constancias desaparecieron, pero en la memoria de algunos quedará indeleble el recuerdo de algunas deudas impagas, como los 400 millones de dólares de Alsogaray. O los casi 800 de Menem.
Por otra parte, la frase sólo aborda casos de desapoderamiento de bienes de víctimas de la dictadura refiriéndose a la Unidad que existió en la Secretaría de Derechos Humanos y creada por Resolución 3216/2010 a instancias del entonces secretario Eduardo Luis Duhalde, significa poco y nada.
Esas víctimas no eran militantes revolucionarios ni tenían ideales políticos: eran pequeños y medianos empresarios que no en todos los casos invertían capitales de riesgo.
En Argentina existió una fenomenal transferencia de bienes en favor de los sectores sociales que detentaban el poder. Detentar significa retenerlo indebidamente.
¿Que otro sentido tendría la Comisión que propone Verbitsky? El Estado viene gastando fondos públicos para reparar los ingentes daños que provocó la dictadura entre desaparecidos, presos ilegales y personas con daños físicos.
Para recuperar esos bienes, que es legítimo hacerlo, hace falta una nueva ecuación política que la Argentina real no esta en condiciones de conformar por ahora. Una nueva Comisión no es un primer paso en ese sentido: es una vidriera de lustre para sus propios integrantes, sólo eso.
Más allá de esta propuesta de cuatro patas traseras, comparto el enfoque del trabajo de Verbitsky y Bohoslavsky en cuanto el objetivo fundamental de la dictadura consistió en retrotraer al país a la época del "granero del mundo", de cuyas bondades sólo puede dar cuenta el pequeño sector terrateniente y no los millones de argentinos que padecían miseria y exclusión.
En rigor (esto lo digo yo, no los autores de "Cuentas Pendientes") los sectores concentrados del agro y la banca tenían urgencia por destruir hasta los cimientos el estado de bienestar que en los 50 había armado el peronismo y cuya continuidad se esbozaba en el Plan Trienal del ministerio de Economía. Por ese pequeño espacio se abría un gran peligro para los grandes grupos económicos que se habían valido del Estado para afirmarse a costa de la población.
En notas anteriores he dado cuenta de ello.
Los casos de la estatización fraudulenta de la Compañía Ítalo de Electricidad, o el crecimiento de Acindar a costa de créditos a tasa blanda del Banco Industrial (40% de sus acciones habían sido caucionadas en esa entidad, y la empresa estaba a punto de pasar a la órbita estatal dentro de la Corporación de Empresas Nacionales), son algunos ejemplos de qué se proponía impedir Martínez de Hoz, que era parte de ambas empresas. El juez Oyarbide lo imputó en el caso de la Ítalo porque era evidente su participación en un fraude de 400 millones de dólares en francos suizos que hoy forman parte de la deuda del Club de París, una deuda que se arrastra desde 1956 cuando Argentina se vio obligada a indemnizar a empresas alemanas incautadas al Tercer Reich por el gobierno nazi de Perón (así lo tildaba gran parte de la izquierda nativa, que colaboró, salvo contadas excepciones, con la "Revolución Libertadora").
Un gobierno nazi que confiscaba bienes de los nazis. Y Martínez de Hoz se fue de este mundo mientras Oyarbide, a todas luces, había "pisado" la causa Ítalo.
Otros manejos, como el de Banco de Hurlingham del grupo Graiver, no pudieron configurar delitos, no porque no los hubiera habido, sino porque sus apoderadores, aunque parezca contradictorio, lo robaron con la ley en la mano, y sus activos fueron repartidos entre los grandes bancos extranjeros. Eso era fácil, y por eso mismo Papel Prensa no entró en el grupo intervenido de las empresas Graiver: porque la decisión cívicomilitar era entregárselo al Grupo Clarín.
El Estado también acompañó como querellante a Eduardo Saiegh por el desapoderamiento del Banco Latinoamericano y Austral Líneas Aéreas. En este caso, existe un contencioso con el Banco Central por una diferencia en la valuación de los bienes desapoderados.
Entretanto, los archivos del Banco Industrial fueron destruidos por un incendio en 1995. Las constancias desaparecieron, pero en la memoria de algunos quedará indeleble el recuerdo de algunas deudas impagas, como los 400 millones de dólares de Alsogaray. O los casi 800 de Menem.
Por otra parte, la frase sólo aborda casos de desapoderamiento de bienes de víctimas de la dictadura refiriéndose a la Unidad que existió en la Secretaría de Derechos Humanos y creada por Resolución 3216/2010 a instancias del entonces secretario Eduardo Luis Duhalde, significa poco y nada.
Esas víctimas no eran militantes revolucionarios ni tenían ideales políticos: eran pequeños y medianos empresarios que no en todos los casos invertían capitales de riesgo.
En Argentina existió una fenomenal transferencia de bienes en favor de los sectores sociales que detentaban el poder. Detentar significa retenerlo indebidamente.
¿Que otro sentido tendría la Comisión que propone Verbitsky? El Estado viene gastando fondos públicos para reparar los ingentes daños que provocó la dictadura entre desaparecidos, presos ilegales y personas con daños físicos.
Para recuperar esos bienes, que es legítimo hacerlo, hace falta una nueva ecuación política que la Argentina real no esta en condiciones de conformar por ahora. Una nueva Comisión no es un primer paso en ese sentido: es una vidriera de lustre para sus propios integrantes, sólo eso.
2 comentarios:
Calculo que no he sido el único que ha reclamado un pago por cuestiones particulares,sabiendo que a veces sale mas caro el reclamo que la deuda.Creo que todos sufrimos ese bajón alguna vez y lo mejor es dejarlo pasar de lo contrario te obtura lo obsesión pedorra que en definitiva mas que solución te complica la vida a la hora del balance.
No obstante cuando hay un común denominador pasa de la esfera particular al orden social y ahí si adquiere importancia, porque fueron asociaciones ilícitas muchas de las cuales hoy gozan de buena salud.
Mientras que el brillo de la comisión no nos encandile no me parece desacertado.
La iniciativa sectorial de la CNV permitió la detención de Juan Alfredo Echebarne quien participó en los operativos de secuestro de los directivos del Banco de Hurlingham
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