BOTNIA: EN FINLANDIA NO SE CONSIGUE

Se redobla el conflicto internacional por la contaminación que produce Botnia en el río Uruguay.

Según Clarín de hoy, el gerente general de UPM, Ronald Beare, “mostró sorpresa por la repercusión del asunto (del aumento de la producción en la pastera Botnia-UPM sobre el río Uruguay): hablar de 100 o 200 mil toneladas más de celulosa es un tema normal de producción. Si eso hubiese pasado en Finlandia, no hubiera sido noticia ni en la gaceta del pueblo”, expresó.

El gran diario argentino no aclara a su público que Beare miente porque en Finlandia está prohibido producir a la escala de Botnia-UPM.

La mayor parte de su producción se consume muy lejos, cerca de la propia Finlandia.

¿Y por qué entonces no lo hacen allá? fue la pregunta que no se formuló.

Pero a ese gran público más interesado por las calzas presidenciales que por la producción de pasta celulósica o la contaminación, eso importa poco. 

La cuestión que importa a Clarín es instalar mentiras aunque duren poco, como el fracaso en el blanqueo de capitales. Lo que no se entiende es por qué Bridas anunció la legalización de 500 millones de dólares 24 horas después que venciera el primer plazo del blanqueo.

O sí: tanto Bulgheroni como Clarín pretenden demostrar una vez más que el poder económico está por encima del poder político. A ese equívoco no escapan las idas y vueltas de Aerolíneas Argentinas y Lan por el uso de instalaciones en el aeroparque.

Al fin y al cabo, sobre eso (la primacía del poder económico) insiste Magneto desde que se promulgó la ley de Medios votada por amplia mayoría del Congreso. Pero los medios de comunicación que moldean el sentido común dominante se encargan de encubrir su verdadero carácter tras una imparcial lucha de intereses particulares porque abominan del poder público.

Y en verdad, una vez más, el poder del Gobierno es una parte del poder. Lo que sucede, una vez más, es que para algunos el poder político sólo es viable cuando se subordina al poder económico. Que es lo que pretende gran parte de la oposición, por derecha y por izquierda.

Pego a continuación una excelente nota escrita por Teodoro Boot que esclarecerá sobre el marco en el que se desenvuelve esta controversia entre dos países hermanos. Pero -antes- no puedo dejar de señalar que Mujica hace agua por todos lados. Uruguay parece arrodillado ante Botnia. Su título original es "Sobre la pesca en río revuelto".

Es tradición que las factorías coloniales y más tarde las empresas imperialistas prosperaran en las colonias y neocolonias (eufemísticamente denominadas países subdesarrollados o en vías de desarrollo), en base a azuzar las rivalidades étnicas, religiosas, culturales, regionales y parroquiales que por lo general mantienen desunidos a los colonizados y, en consecuencia, endémicamente débiles como para defenderse de la expoliación.

En el marco de los procesos de descolonización de mediados del siglo XX, en África y Medio Oriente el mecanismo llegó a niveles de asombro mediante la conformación de países imposibles, cuyos límites fueron trazados en las cancillerías europeas de acuerdo a los intereses de los distintos imperios y las diferentes compañías.

Sin llegar a tales extremos, la historia de América Latina desde los tiempos de la independencia hasta nuestros días abunda en ejemplos al respecto. La propia conformación y “creación” de nuestros países es una prueba de la injerencia de los intereses imperiales combinados con los intereses y ambiciones de las elites locales: hay en América tantos países como elites parroquiales ligadas al capital foráneo y al comercio de exportación de bienes primarios e importación de productos industriales, ambos mecanismos de un mismo negocio.

Otro tanto puede decirse de los conflictos bélicos en que se involucraron los jóvenes pueblos americanos, más guerras civiles que guerras nacionales: el conflicto intestino desatado luego del asesinato de Sucre y la muerte de Bolívar que termina en la conformación de los actuales Venezuela, Colombia y Ecuador, el recurrente enfrentamiento entre el Imperio de Brasil y las Provincias Unidas por lo que para unos era la Provincia Cisplatina y para otros la Banda Oriental, y su “resolución”, formateada por Inglaterra, cuyo empeño, desde el principio, había sido tanto imposibilitar un verdadero acuerdo como impedir la soberanía de las Provincias Unidas sobre ambas márgenes del Plata. El desgarro fue funcional a los intereses de las burguesías mercantiles montevideana, siempre de espaldas a la campaña e íntimamente vinculada a Francia e Inglaterra, y la porteña, empeñada en constituir a Buenos Aires, su puerto y su aduana en la llave de dominación de las provincias mediterráneas.

La secesión de las provincias del Alto Perú, provocada por la elite minera de La Paz en complicidad con la burguesía porteña, ante la estupefacción de Bolívar y el entusiasmo de Sucre, fue otro acto del mismo drama, que continúa más tarde con el ataque a Paraguay planeado por Inglaterra y ejecutado por la aristocracia esclavista de Brasil y, nuevamente, las burguesías porteña y montevideana; la guerra del Pacífico provocada por la explotación del salitre y el guano o la guerra del Chaco, que con más propiedad debiera ser llamada Guerra del Petróleo toda vez que en el conflicto que acabó con las vidas de más de cien mil jóvenes paraguayos y bolivianos, dirimieron su disputa la petrolera norteamericana Standard Oil y la anglobritánica Shell.

Siempre, en todos los casos, el interés de las empresas imperialistas coincidió con el interés de una o más elites locales y la complicidad, estupidez o debilidad de los elencos gobernantes.

Un cristal entre dos martillos

La instalación de las pasteras europeas en el margen izquierdo del río Uruguay no supuso para la República Oriental un beneficio significativo, en tanto no elaboran papel sino pasta de celulosa que, enviada a las metrópolis, se transformará ahí en el papel que el propio Uruguay deberá importar. Tal como se preveía en un primer momento, en términos monetarios la aportación para Uruguay ha sido mínima ya que la inversión estuvo exenta de impuestos y la operación cuenta con beneficios extraordinarios, mientras que la generación de empleo puede ser considerada nula o directamente negativa, si a las plantas propiamente dichas les incorporamos los perjuicios al sistema económico y el modelo forestal asociado.

La oposición al proyecto, que, por las razones antedichas y el daño ambiental que provoca el blanqueo de la pasta celulósica, comenzó en la República Oriental, pronto se extendió a la vecina orilla. Alimentado por actores de signos opuestos que parecían obedecer a un mismo plan imperial, derivó de conflicto vecinal con una empresa trasnacional en un enfrentamiento entre Argentina y Uruguay.

Los actores son fácilmente identificables: del lado occidental del Uruguay, la asamblea ambiental de Gualeguaychú, crecientemente radicalizada por obra de algunos de sus integrantes, en especial, por dirigentes de la filial local de Federación Agraria que llevaron la protesta al callejón sin salida de un corte definitivo de la ruta internacional 136, propiciando el justificado enojo de los vecinos orientales, sobre el que se montó el segundo actor.

Así como resulta incomprensible y sospechoso que quienes contaminan las tierras y las aguas con sus métodos de siembra sean los más furibundos opositores a un emprendimiento que contamina el aire y el río con sus efluentes, todas y cada una de las decisiones que fue tomando el ex presidente Tabaré Vázquez sólo podían (y pueden) explicarse si se lo juzgaba interesado no en resolver el conflicto sino en incentivarlo. Por ejemplo, el presidente nunca pudo explicar por qué, cuando, ante las protestas, en el año 2006 la pastera española Ence decidió trasladar su futura planta al mucho menos conflictivo Río de la Plata, autorizó la instalación, en aquél mismo lugar, origen de las protestas, de la pastera finlandesa Botnia, hoy propiedad de IMP, donde la enorme y humeante fábrica resulta más evidente que una orangután en una fila del jardín de infantes. Para bajar la intensidad de las protestas, hubiera bastado con autorizar la construcción de la planta en otro lugar, menos obvio y agresivo. Si la intención del señor Vázquez era provocar un enfrentamiento entre ambos países, mejor no pudo haberlo hecho.

Doble rasero

La incapacidad o el desinterés por mantener el problema en su dimensión real, que es la del conflicto entre una empresa trasnacional y gran parte de su vecindario, real o potencialmente afectado por la actividad, llevó a su “nacionalización”. En otras palabras, a una situación disparatada: mientras de un lado del río, la ambigua defensa del ambiente y de las aguas se concentró en una sola de las muchas fuentes de contaminación y se la confundió o disfrazó de “defensa de la patria”, del otro, “el orgullo nacional” consistió en defender y consentir las arbitrarias decisiones de una compañía europea.

Es obvio que en semejante distorsión de la realidad y de su percepción resulta imposible resolver la más mínima diferencia de criterio ni armonizar la más leve divergencia de intereses, por lo que los gobiernos de ambos países, haciéndose cargo del conflicto, llevaron la resolución del tema a la corte internacional de La Haya.

Existe una irracional tendencia a confiar en la imparcialidad de los tribunales, que si en un plano local, en el mejor de los casos se encuentran vinculados a intereses de clase y adscripción a determinadas ideologías, en el plano internacional lo estarán en relación a intereses de las potencias y/o las grandes empresas trasnacionales, por lo que debería aplicarse al conflicto entre países el mismo sano principio que rige (o debiera regir) entre particulares: el mejor proceso judicial es aquél que no se lleva a cabo.

Que, fuera de las poblaciones ribereñas, la contaminación del cauce inferior del río Uruguay no le importa absolutamente a nadie, ni en Argentina ni en Uruguay, lo demuestra el errático e incongruente comportamiento del CARU, donde técnicos argentinos y uruguayos no consiguen ponerse de acuerdo en el análisis de datos objetivos, como si la contaminación fuera un problema de nacionalidad. Así, mientras en Uruguay la Dinama adapta las normas de protección ambiental a las necesidades y exigencias de las pasteras, en Argentina la hipocresía llega a niveles de polución: la Asamblea ambiental de Gualeguaychú solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente la instalación de nuevos puntos de monitoreo del río Uruguay, al parecer ajena, ignorante, del hecho de que, de Ñancay al norte todos los arroyos entrerrianos se encuentran contaminados por el uso abusivo de pesticidas y herbicidas. Tanto el río Gualeguaychú, como los arroyos al oriente de las cuchillas divisorias de Entre Ríos desaguan en el río Uruguay al que contaminan, ya no en forma potencial sino real y palpable.

El subsecretario Mussi se ha comprometido a elevar el pedido al CARU sin preocuparse, como sería la obligación derivada de su cargo, de instalar estaciones de monitoreo también en los arroyos, a fin de medir la contaminación provocada por el sistema de siembra directa y el consiguiente uso de herbicidas.

Lo que va de Salomón a Tartufo

En su “salomónico” fallo, La Haya deploró (decir “condenó” suena exagerado, ya que condenar no condenó nada) que Uruguay hubiera violado el tratado al autorizar unilateralmente la instalación de una fábrica en un río común con Argentina, pero estimó que el funcionamiento de la pastera, con una producción anual de 1.1 millones de toneladas, no resultaba contaminante. O, al menos, no había pruebas de ello.

Corresponde decir que la cifra de producción anual surgió de estimaciones de la propia IMP: no le fue impuesta por nadie ni salió de negociaciones entre nadie. Sin embargo, a tres años del fallo, la única ganadora del pleito no tiene mejor idea que suspender su producción en agosto, por haber llegado anticipadamente al tope, vale reiterarlo, por ella misma fijado. En consecuencia, IMP (ex Botnia) decidió suspender al personal, con el consiguiente daño social y el conflicto político en ciernes.

La presión sobre el gobierno uruguayo es tan obvia como la pusilanimidad gubernamental al momento de hacer cumplir no sólo las leyes, sino su propio compromiso, a una empresa particular, por más extranjera que sea. La –otra vez– “salomónica” decisión de Pepe Mujica de autorizar un incremento productivo equivalente a la mitad de lo solicitado por IMP con el argumento de “proteger el trabajo de los uruguayos” es sumamente falaz: para proteger el trabajo de los uruguayos bastaría con obligar a IMP a cumplir con las leyes laborales. Lo que ha hecho el gobierno uruguayo es retroceder ante las exigencias de una auténtica factoría colonial instalada en su propio territorio pero ajena y no sujeta a la legislación de ese país, enrareciendo así las siempre difíciles relaciones con su vecino.

En épocas en que el tango y la milonga se encontraban circunscriptos a los arrabales y bajos fondos, era de uso que el caballero apoyara distraídamente el meñique de su mano derecha en cierto lugar de la anatomía de la dama. Si la dama dejaba hacer, o rechazaba la inspección dactilar sin demasiada conviccción, el resto del camino ya estaba hecho y el caballero podía avanzar en confianza de que ya no habría mayores resistencias.

Sería bueno que pueblos y gobiernos no lo olvidaran en ningún momento.