viernes, 24 de octubre de 2014

ERNESTO SANZ, EL DEROGADO



El senador Ernesto Sanz pretende derogar las leyes promulgadas desde 2003. No sabemos cuáles, pero a juzgar por sus dichos demagógicos, lo podemos sospechar.

La derogación de leyes no supone la entrada en vigencia de la anterior. Si al actual senador mendocino se le ocurriera, por ejemplo, derogar la ley de medios audiovisuales para congraciarse con el Grupo Clarín, no entraría en vigencia automáticamente la ley anterior: sencillamente el país se quedaría sin ley. Y la multiplicación de derogaciones llevaría a la anomia, es decir, al imperio de la ley de la selva o lo que es lo mismo, a la ley que pretendan imponer los grupos económicos concentrados.

No podrá derogar la AUH porque la ampara un decreto, pero sí puede cometer la ligereza o la maldad, en un muy improbable o imposible triunfo electoral, de someterlo a un palatino y sostenido desfinanciamiento.

No podrá derogar el satélite Arsat, aunque sí abandonar su mantenimiento y convertirlo, más o menos rápido, en basura espacial. Pero quedan muchos patriotas, supongo, que impedirán su desguace.

De todos modos, a esta altura no se sabe (yo no se) si Sáenz se presentará por Unen, por un radicalismo feudalizado o por el Pro. Y francamente, me interesa poco.


Opinar sobre sus dichos discriminatorios respecto a los beneficiarios de la AUH sería tan intrascendente como considerar los aspectos femeninos de la diputada Caamaño o la salud mental de Lilita Carrió: su mirada desorbitada en el último encontronazo con Diana Conti son todo un diagnóstico psiquiátrico.

Pero lo que nos interesa especialmente sobre el senador Sanz es su anterior desempeño como intendente de San Rafael, Mendoza entre 1999 y 2003. Dejando de lado los nuevos descubrimientos en shale-oil o petróleo de esquistos (Vaca Muerta), la producción minera de Mendoza se reduce hoy a menos de veinte minas de yeso, cal y áridos.

No están activos los yacimientos de manganeso, silicomanganeso y ferromanganeso de Agua Escondida y Nihuil (minas Ethel y Santa Cruz), que Tenaris (antes Dálmine, antes Siderca, antes Techint) hoy importa desde Brasil.

Dejaron de producir en 1977 cuando su dueño, Luis Arnoldo Grassi, fue detenido ilegalmente en la prisión militar de Campo de Mayo.

Durante la gestión de Sanz, vuelta la democracia y con un Grassi que no cejaba en defender la industria nacional, se hizo un simulacro de reapertura que incluyó un anuncio del intendente tan rimbombante como estéril.

Las minas siguen cerradas, y ese era el objetivo (ahora se ve) cuando Sanz las adjudicó en una demagógica como falsa reapertura..

Contando con el juez Rafael Sarmiento como cómplice (causa 40.528), la dictadura le había aplicado a Grassi la ley 20.840 de seguridad nacional y luego fue puesto a disposición del PEN, cuando el objetivo era desapoderarse y cerrar Industrias Siderúrgicas Grassi, con sede en Rosario, único productor nacional de ferroaleaciones en Argentina, de la que Luis Arnoldo Grassi era presidente (1).

Sarmiento lo consiguió. 
Martínez de Hoz lo consiguió. Los coroneles Roualdes, Gatica y Rey (2), todos ellos destinados a la prisión de Campo de Mayo, lo consiguieron.

Y veinte años después, Sanz siguió el mismo camino: ya sabemos a qué se refiere cuando amenaza con derogar leyes. Quiere derogar la industria nacional.

(1) Fueron detenidos en la prisión militar de Campo de Mayo Juan Carlos Chavanne, Sara Duggan, Raúl Aguirre Saravia, Jorge Tejerina, Enrique García Mansilla, Jorge Buleraich, Aurelio Cid, Jaime Beneditt, Alberto Cordeu, Luis Pignataro, René Grassi y Luis Grassi.

(2) Apoderador del hijo recuperado Pedro Sandoval, anotado primero como Pedro Rey y luego, al saberse la verdad, como hijo del desaparecido y asesinado Erico Sandoval, militante del MR17 en Caseros, Buenos Aires.

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