Hoy, algunos
lobos se disfrazan de corderos. Corderos peligrosos, porque amenazan con suprimir leyes de la democracia.
También están los “pelotudos peligrosos”. Son los que confían en
que el disciplinamiento, la desmemoria y los cantos de sirena (tablita
cambiaria, convertibilidad, dolarización) del neoliberalismo han calado hondo
en distintos sectores de la sociedad argentina, ni siquiera se toman ese trabajo
y se limitan a exhibir la no-política como forma de vida.
Cuando era
intendente de San Rafael, Mendoza, el actual senador Sanz –uno de esos lobos derogatorios- trabajó
para la multinacional Techint contra los intentos de mantener algún resabio de
industria argentina en el ámbito siderúrgico: hoy sostiene que se derogarán
todas las leyes dictadas democráticamente por el gobierno nacional…
¿Cuáles?
Ley de Medios
Ley de Abastecimiento
Ley de Defensa del Consumidor
Decreto de AUH
Ley de YPF
Ley de Aerolíneas Argentinas
La generalización debe crear ciertas esperanzas a esa flexible masa de maniobra de la no-política, esa que ha perdido la mayor parte de los significados colectivos o solidarios y va y viene conectada en circuitos cerrados de consumo que dicta nuevas significaciones. Significaciones percibidas como heterogéneas pero decididamente homogeneizadoras, aunque en todo caso, funcionales a este orden mundial de poder.
Ley de Abastecimiento
Ley de Defensa del Consumidor
Decreto de AUH
Ley de YPF
Ley de Aerolíneas Argentinas
La generalización debe crear ciertas esperanzas a esa flexible masa de maniobra de la no-política, esa que ha perdido la mayor parte de los significados colectivos o solidarios y va y viene conectada en circuitos cerrados de consumo que dicta nuevas significaciones. Significaciones percibidas como heterogéneas pero decididamente homogeneizadoras, aunque en todo caso, funcionales a este orden mundial de poder.
Sin embargo,
me estoy alejando mucho de lo que pretendía hoy: hacer conocer las leyes y
decretos represivos vigentes desde la revolución fusiladora hasta el retorno de
la democracia en 1983, lo cual no deja de tener su relación con el tema
esbozado arriba.
El poder económico-cultural-militar
actúa legal o ilegalmente: en ocasiones, acude a dictar bandos que pasan por
leyes, como por ejemplo la derogación de la Constitución de 1949. Desde 1976 se
institucionaliza el terrorismo de Estado (una contradicción en términos)
acudiendo al paraguas protector de leyes ilegales. En otras, usa las leyes
vigentes para actuar contra el enemigo interno, que en durante muchos años
había sido el peronismo.
Durante la
revolución fusiladora, un poder judicial ad-hoc juzgó al “tirano prófugo” y lo
condenó por traición a la patria, mientras una organización paraestatal
terrorista denominada Junta de Reparación Patrimonial investigaba y se hacía (mediante
el decreto ley 5.148/55) con el patrimonio de cientos de peronistas. En 1976 se
recurre al mismo arbitrio aunque esta vez, sin un demente capitán Ghandi, y se
denomina Conarepa.
El decreto ley 4161/56 prohíbe
la mención directa o indirecta de lo peronista.
Durante el gobierno de
Frondizi, otro decreto, el 9880/58 reprime una huelga de bancarios,
movilizándolos. El mismo gobierno, que tenía a un marxista como Rogelio
Frigerio entre sus miembros, aplica la ley 13.234/48
poniendo por primera vez en marcha el Plan Conintes - Conmoción Interna del Estado,
elaborado para reprimir a otros insurrectos. Cientos de integrantes de la
resistencia peronista marchan a la cárcel. Aplica también la ley 13.985/50 que tipifica delitos
contra la seguridad de la Nación, espionaje, etc.
El gobierno provisional de Guido y las dictaduras de
Onganía-Levingston-Lanusse aplican una catarata de leyes represivas: la 15.293/60, la 16.648/67 que modifica la ley 13.985, la 17.401/67 anticomunista, la 18.234/69 anticomunista,
18.235/69 anticomunista (la definición de "comunista" era tan amplia que incluía a todos los que n comulgaban con la dictadura), la 18.670/70 y la 19.053 que crean
el tristemente famoso “camarón” con su instancia única, la 18.953/71 que modifica
algunos artículos del Código Penal acentuando las penas a actividades políticas, la 19.081/71 que somete algunos art. del Código Penal a
la justicia militar e incorpora a las fuerzas de seguridad a la jurisdicción
operacional de FFAA.
La consigna mayoritaria en la Argentina de entonces (“luche
y vuelve”) se hace realidad con el retorno de Perón en dos viajes consecutivos
en los años 1972 y 1973.
En el breve interregno de Héctor Cámpora se dicta una
ley de amnistía general, la 20.508/73 y los decretos 11/73 y 28/73.
El artículo
1º de la ley 20.510/73 establece que “Se
derogan las llamadas Leyes” 18.670, 18.799, 19.053, 19.110, 19.195, 19.583,
19.805, 19.959, 20.187, 18.232, 19.128, 19.081, 19.594, 20.032, 19.582, 19.863,
20.087 y el Decreto-Ley 3.731/56”.
La breve primavera camporista da lugar a una época
todavía más turbulenta. Muere Perón y el gobierno de Isabel –en un momento en
que la lucha por el poder se traslada al interior del peronismo- pone en
vigencia un nuevo régimen penal de estupefacientes utilizado para reprimir
adversarios: la ley 20.771/74. Promulga la ley 20.840/74 de seguridad y dicta dos célebres
decretos de aniquilación de la subversión.
La sangrienta dictadura
cívicomilitar dicta su propio reglamento mediante la 21.256/76, reinstala una
nueva ley de residencia con la 21.259/76 que autoriza ampliamente la expulsión
de extranjeros, establece sanciones para los que atentaren contra personas y
bienes (21.264/76) y somete a las fuerzas policiales y de seguridad a la
autoridad militar. La 21.268/76 pena severamente la tenencia de armas y
explosivos.
La 21.400/76 de seguridad Industrial reemplaza a la
ley de contrato de trabajo. Se prohíben las medidas concertadas de acción
directa, paro o disminución del ritmo de trabajo con penas de 1 a 6 años de prisión.
Con la 21.459/76 se reforma
y aumentan las penas de la 20.840 en lo que hace a su artículo 6º, subversión
económica.
La 21.461/76 crea Consejos de
Guerra Especiales y la 21.463/76 hace ciertos cambios
a esos consejos.
La 21.886/76 modifica
nuevamente la 20.840
La 21.966/76 da de baja a personal estatal de planta,
contratado y transitorio con amplias atribuciones y miles de empleados quedan en la calle.
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