viernes, 13 de noviembre de 2015

OTRO CASO DE ASOCIACION CIVIL Y MILITAR DIURANTE LA DICTADURA



Las cúpulas militares antiperonistas le dieron a reducidos grupos de grandes productores agroganaderos - exportadoresy fundamentalistas de mercado el marco represivo necesario para que estos implementaron el plan de desindustrialización mas monumental intentado nunca antes en el país, y esa política contó con un cierto consenso civil de sectores medios que pudieron con la “tablita cambiaria” satisfacer por un tiempo sus pautas de consumo y callar porque eramos derechos y humanos.
Apenas producido el golpe de marzo de 1976, José Alfredo Martínez de Hoz organizó desde su ministerio siete comisiones con el objeto de resolver, en favor de los “mercados”, la situación de distintas empresas privadas que tenían conflictos con el gobierno constitucional: Esso-Shell, Phillips, la Compañía Ítalo de Electricidad (CIAE) y otras. No es una vieja historia sin importancia, porque quieren volver con eso de que “Cambiemos, juntos somos más”. El envase es otro, el mundo es otro, pero representan los mismos intereses, con la diferencia de que aquellos eran aristócratas y estos no.




Esta, la de CIAE (cuya área de cobertura coincide aproximadamente con lo que hoy es Edesur) no fue una privatización sino una nacionalización fraudulenta y dio origen posteriormente, ya en la época de Néstor Kirchner, a una causa judicial que quedó a cargo del juez Oyarbide; pese al tiempo transcurrido, todavía no resolvió aunque de los imputados solo sobrevivía hasta el año pasado Guillermo Walter Klein.

Además, esa nacionalización trucha produjo la desaparición de Juan Carlos Casariego de Bel, un funcionario del ministerio de Economía, aunque no se ha probado judicialmente la materialidad de la relación entre ambos sucesos.

Por eso, hagamos un poco de historia. 



En 1947, el general Perón había creado la empresa Agua y Energía Eléctrica sociedad de Estado con el objeto de interconectar todo el sistema argentino. Eso provocó que el grupo Motor Columbus dejara de invertir en la CIAE hasta los años ´60 y su negocio pasara a ser financiero por la gran cantidad de dinero en efectivo que mensualmente recibían por la tarifa aunque la electricidad era producida mayormente por otra prestadora, la CADE, y el propio Estado. En su nómina figuraban, además del propio Martínez de Hoz, varios de los que luego serían titulares de las AFJP, como Roberto y Juan Alemann, Guillermo W. Klein y otros.

El propietario de la CADE, por su parte, era el grupo belga SOFINA.

La CADE se convirtió luego en Segba durante la época de Frondizi y en Edenor durante el menemismo. Sofina volverá en los ’90 operando una central en el puerto de Buenos Aires.

Durante la dictadura de Onganía, Motor Columbus había adquirido para la Ítalo dos turbogeneradores Brown & Boveri con garantía estatal. Pero el grupo adquirente enseguida dejó de pagar por diversas formalidades, lo que provocó que el Estado se hiciera cargo de esa cancelación aunque, con el fin de no perjudicar a los inversores privados, se mantuvo en reserva la decisión. A su vez, David Graiver (dueño del 25% de Papel Prensa) había adquirido acciones de Motor Columbus en Ginebra.

El contrato originario de las empresas eléctricas, firmado en la primera década del siglo XX, había estado envuelto en escándalos.

En la década infame se denunció (y luego lo probarían los especialistas Rodríguez Conde y Juan Pablo Oliver) que la Casa Radical había sido obsequiada a los seguidores de Alvear y varios concejales sobornados para eliminar una cláusula que establecía que la inversión original de las empresas se iría amortizando a razón del 2% anual, con lo cual en 25 años éstas serían estatales. En la nueva redacción, siempre serían privadas aunque ya había transcurrido la mitad de la concesión.

Durante la dictadura cívicomilitar un funcionario de línea del Ministerio de Economía, Juan Carlos Casariego de Bel, se negó a firmar la resolución que certificaba que la firma era extranjera. Se presume, con fuertes indicios, que eso provocó su secuestro y muerte.

En 1975 el Procurador de la Nación había declarado “insanablemente nulo” el contrato y el gobierno constitucional decretó la necesidad de nacionalizarla. Pocos días después tomará el poder la dictadura cívicomilitar.

Veinte años después del retorno de la democracia, el moroso sistema judicial local asumió por un lado la estatización fraudulenta (Oyarbide) y por otro la desaparición de Casariego de Bel en el llamado caso Coccoz que incluyó otras desapariciones con similares características como las de Perrota y Gallego Soto (TOF 3) donde fue imputado y luego condenado Héctor Vergez, ahora en el pabellón de “lesa” del Penal de Marcos Paz gracias a la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final.



Motor Columbus recibió casi 400 millones de dólares en francos suizos por esa estatización que ya había sido amortizada por el propio Estado, es decir, se pagó dos veces o más, ya que con excepción de los turbogeneradores, el resto del equipamiento (cableado, transformadores) era obsoleto.

No habían quedado constancias oficiales, aunque luego se encontraron pruebas durante un allanamiento al estudio jurídico Klein, Mayral y Grondona.  En la Usina del Arte, un espacio cultural, funcionó la CIAE.

¡Aquí están, estos son, los que hundieron la nación!




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