Se redobla el conflicto internacional por la contaminación
que produce Botnia en el río Uruguay.
Según Clarín de hoy, el gerente general de UPM, Ronald
Beare, “mostró sorpresa por la
repercusión del asunto (del aumento de la producción en la pastera
Botnia-UPM sobre el río Uruguay): hablar de 100 o 200 mil toneladas más de
celulosa es un tema normal de producción. Si eso hubiese pasado en
Finlandia, no hubiera sido noticia ni en la gaceta del pueblo”, expresó.
El gran diario argentino no aclara a su público que Beare
miente porque en Finlandia está prohibido producir a la escala de Botnia-UPM.
La mayor parte de su producción se consume muy lejos, cerca
de la propia Finlandia.
¿Y por qué entonces no lo hacen allá? fue la pregunta que no
se formuló.
Pero a ese gran público más
interesado por las calzas presidenciales que por la producción de pasta
celulósica o la contaminación, eso importa poco.
La cuestión que importa a
Clarín es instalar mentiras aunque duren poco, como el fracaso en el blanqueo
de capitales. Lo que no se entiende es por qué Bridas anunció la legalización
de 500 millones de dólares 24 horas después que venciera el primer plazo del
blanqueo.
O sí: tanto Bulgheroni como Clarín pretenden demostrar una
vez más que el poder económico está por
encima del poder político. A ese equívoco no escapan las idas y vueltas de
Aerolíneas Argentinas y Lan por el uso de instalaciones en el aeroparque.
Al fin y al cabo, sobre eso (la primacía del poder
económico) insiste Magneto desde que se promulgó la ley de Medios votada por
amplia mayoría del Congreso. Pero los medios de comunicación que moldean el
sentido común dominante se encargan de encubrir su verdadero carácter tras una
imparcial lucha de intereses particulares porque abominan del poder público.
Y en verdad, una vez más, el poder del Gobierno es una parte
del poder. Lo que sucede, una vez más, es que para algunos el poder político
sólo es viable cuando se subordina al poder económico. Que es lo que pretende
gran parte de la oposición, por derecha y por izquierda.
Pego a continuación una excelente nota escrita por Teodoro Boot que
esclarecerá sobre el marco en el que se desenvuelve esta controversia entre dos
países hermanos. Pero -antes- no puedo dejar de señalar que Mujica hace agua
por todos lados. Uruguay parece arrodillado ante Botnia. Su título original es "Sobre la pesca en río revuelto".
Es tradición que las factorías coloniales y más tarde las
empresas imperialistas prosperaran en las colonias y neocolonias
(eufemísticamente denominadas países subdesarrollados o en vías de desarrollo),
en base a azuzar las rivalidades étnicas, religiosas, culturales, regionales y
parroquiales que por lo general mantienen desunidos a los colonizados y, en
consecuencia, endémicamente débiles como para defenderse de la expoliación.
En el marco de los procesos de descolonización de mediados
del siglo XX, en África y Medio Oriente el mecanismo llegó a niveles de asombro
mediante la conformación de países imposibles, cuyos límites fueron trazados en
las cancillerías europeas de acuerdo a los intereses de los distintos imperios
y las diferentes compañías.
Sin llegar a tales extremos, la historia de América Latina
desde los tiempos de la independencia hasta nuestros días abunda en ejemplos al
respecto. La propia conformación y “creación” de nuestros países es una prueba
de la injerencia de los intereses imperiales combinados con los intereses y
ambiciones de las elites locales: hay en América tantos países como elites
parroquiales ligadas al capital foráneo y al comercio de exportación de bienes
primarios e importación de productos industriales, ambos mecanismos de un mismo
negocio.
Otro tanto puede decirse de los conflictos bélicos en que se
involucraron los jóvenes pueblos americanos, más guerras civiles que guerras
nacionales: el conflicto intestino desatado luego del asesinato de Sucre y la
muerte de Bolívar que termina en la conformación de los actuales Venezuela,
Colombia y Ecuador, el recurrente enfrentamiento entre el Imperio de Brasil y
las Provincias Unidas por lo que para unos era la Provincia Cisplatina y para
otros la Banda Oriental, y su “resolución”, formateada por Inglaterra, cuyo
empeño, desde el principio, había sido tanto imposibilitar un verdadero acuerdo
como impedir la soberanía de las Provincias Unidas sobre ambas márgenes del
Plata. El desgarro fue funcional a los intereses de las burguesías mercantiles
montevideana, siempre de espaldas a la campaña e íntimamente vinculada a
Francia e Inglaterra, y la porteña, empeñada en constituir a Buenos Aires, su
puerto y su aduana en la llave de dominación de las provincias mediterráneas.
La secesión de las provincias del Alto Perú, provocada por
la elite minera de La Paz en complicidad con la burguesía porteña, ante la
estupefacción de Bolívar y el entusiasmo de Sucre, fue otro acto del mismo
drama, que continúa más tarde con el ataque a Paraguay planeado por Inglaterra
y ejecutado por la aristocracia esclavista de Brasil y, nuevamente, las
burguesías porteña y montevideana; la guerra del Pacífico provocada por la
explotación del salitre y el guano o la guerra del Chaco, que con más propiedad
debiera ser llamada Guerra del Petróleo toda vez que en el conflicto que acabó
con las vidas de más de cien mil jóvenes paraguayos y bolivianos, dirimieron su
disputa la petrolera norteamericana Standard Oil y la anglobritánica Shell.
Siempre, en todos los casos, el interés de las empresas
imperialistas coincidió con el interés de una o más elites locales y la
complicidad, estupidez o debilidad de los elencos gobernantes.
Un cristal entre dos martillos
La instalación de las pasteras europeas en el margen
izquierdo del río Uruguay no supuso para la República Oriental un beneficio
significativo, en tanto no elaboran papel sino pasta de celulosa que, enviada a
las metrópolis, se transformará ahí en el papel que el propio Uruguay deberá
importar. Tal como se preveía en un primer momento, en términos monetarios la
aportación para Uruguay ha sido mínima ya que la inversión estuvo exenta de
impuestos y la operación cuenta con beneficios extraordinarios, mientras que la
generación de empleo puede ser considerada nula o directamente negativa, si a
las plantas propiamente dichas les incorporamos los perjuicios al sistema
económico y el modelo forestal asociado.
La oposición al proyecto, que, por las razones antedichas y
el daño ambiental que provoca el blanqueo de la pasta celulósica, comenzó en la
República Oriental, pronto se extendió a la vecina orilla. Alimentado por
actores de signos opuestos que parecían obedecer a un mismo plan imperial,
derivó de conflicto vecinal con una empresa trasnacional en un enfrentamiento
entre Argentina y Uruguay.
Los actores son fácilmente identificables: del lado
occidental del Uruguay, la asamblea ambiental de Gualeguaychú, crecientemente
radicalizada por obra de algunos de sus integrantes, en especial, por
dirigentes de la filial local de Federación Agraria que llevaron la protesta al
callejón sin salida de un corte definitivo de la ruta internacional 136,
propiciando el justificado enojo de los vecinos orientales, sobre el que se
montó el segundo actor.
Así como resulta incomprensible y sospechoso que quienes
contaminan las tierras y las aguas con sus métodos de siembra sean los más
furibundos opositores a un emprendimiento que contamina el aire y el río con
sus efluentes, todas y cada una de las decisiones que fue tomando el ex
presidente Tabaré Vázquez sólo podían (y pueden) explicarse si se lo juzgaba
interesado no en resolver el conflicto sino en incentivarlo. Por ejemplo, el
presidente nunca pudo explicar por qué, cuando, ante las protestas, en el año
2006 la pastera española Ence decidió trasladar su futura planta al mucho menos
conflictivo Río de la Plata, autorizó la instalación, en aquél mismo lugar,
origen de las protestas, de la pastera finlandesa Botnia, hoy propiedad de IMP,
donde la enorme y humeante fábrica resulta más evidente que una orangután en
una fila del jardín de infantes. Para bajar la intensidad de las protestas,
hubiera bastado con autorizar la construcción de la planta en otro lugar, menos
obvio y agresivo. Si la intención del señor Vázquez era provocar un
enfrentamiento entre ambos países, mejor no pudo haberlo hecho.
Doble rasero
La incapacidad o el desinterés por mantener el problema en
su dimensión real, que es la del conflicto entre una empresa trasnacional y
gran parte de su vecindario, real o potencialmente afectado por la actividad,
llevó a su “nacionalización”. En otras palabras, a una situación disparatada:
mientras de un lado del río, la ambigua defensa del ambiente y de las aguas se
concentró en una sola de las muchas fuentes de contaminación y se la confundió
o disfrazó de “defensa de la patria”, del otro, “el orgullo nacional” consistió
en defender y consentir las arbitrarias decisiones de una compañía europea.
Es obvio que en semejante distorsión de la realidad y de su
percepción resulta imposible resolver la más mínima diferencia de criterio ni
armonizar la más leve divergencia de intereses, por lo que los gobiernos de
ambos países, haciéndose cargo del conflicto, llevaron la resolución del tema a
la corte internacional de La Haya.
Existe una irracional tendencia a confiar en la
imparcialidad de los tribunales, que si en un plano local, en el mejor de los
casos se encuentran vinculados a intereses de clase y adscripción a
determinadas ideologías, en el plano internacional lo estarán en relación a
intereses de las potencias y/o las grandes empresas trasnacionales, por lo que
debería aplicarse al conflicto entre países el mismo sano principio que rige (o
debiera regir) entre particulares: el mejor proceso judicial es aquél que no se
lleva a cabo.
Que, fuera de las poblaciones ribereñas, la contaminación
del cauce inferior del río Uruguay no le importa absolutamente a nadie, ni en
Argentina ni en Uruguay, lo demuestra el errático e incongruente comportamiento
del CARU, donde técnicos argentinos y uruguayos no consiguen ponerse de acuerdo
en el análisis de datos objetivos, como si la contaminación fuera un problema de
nacionalidad. Así, mientras en Uruguay la Dinama adapta las normas de
protección ambiental a las necesidades y exigencias de las pasteras, en
Argentina la hipocresía llega a niveles de polución: la Asamblea ambiental de
Gualeguaychú solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente la instalación de
nuevos puntos de monitoreo del río Uruguay, al parecer ajena, ignorante, del
hecho de que, de Ñancay al norte todos los arroyos entrerrianos se encuentran
contaminados por el uso abusivo de pesticidas y herbicidas. Tanto el río
Gualeguaychú, como los arroyos al oriente de las cuchillas divisorias de Entre
Ríos desaguan en el río Uruguay al que contaminan, ya no en forma potencial
sino real y palpable.
El subsecretario Mussi se ha comprometido a elevar el pedido
al CARU sin preocuparse, como sería la obligación derivada de su cargo, de
instalar estaciones de monitoreo también en los arroyos, a fin de medir la
contaminación provocada por el sistema de siembra directa y el consiguiente uso
de herbicidas.
Lo que va de Salomón a Tartufo
En su “salomónico” fallo, La Haya deploró (decir “condenó”
suena exagerado, ya que condenar no condenó nada) que Uruguay hubiera violado
el tratado al autorizar unilateralmente la instalación de una fábrica en un río
común con Argentina, pero estimó que el funcionamiento de la pastera, con una
producción anual de 1.1 millones de toneladas, no resultaba contaminante. O, al
menos, no había pruebas de ello.
Corresponde decir que la cifra de producción anual surgió de
estimaciones de la propia IMP: no le fue impuesta por nadie ni salió de
negociaciones entre nadie. Sin embargo, a tres años del fallo, la única
ganadora del pleito no tiene mejor idea que suspender su producción en agosto,
por haber llegado anticipadamente al tope, vale reiterarlo, por ella misma
fijado. En consecuencia, IMP (ex Botnia) decidió suspender al personal, con el
consiguiente daño social y el conflicto político en ciernes.
La presión sobre el gobierno uruguayo es tan obvia como la
pusilanimidad gubernamental al momento de hacer cumplir no sólo las leyes, sino
su propio compromiso, a una empresa particular, por más extranjera que sea. La
–otra vez– “salomónica” decisión de Pepe Mujica de autorizar un incremento
productivo equivalente a la mitad de lo solicitado por IMP con el argumento de
“proteger el trabajo de los uruguayos” es sumamente falaz: para proteger el
trabajo de los uruguayos bastaría con obligar a IMP a cumplir con las leyes
laborales. Lo que ha hecho el gobierno uruguayo es retroceder ante las
exigencias de una auténtica factoría colonial instalada en su propio territorio
pero ajena y no sujeta a la legislación de ese país, enrareciendo así las
siempre difíciles relaciones con su vecino.
En épocas en que el tango y la milonga se encontraban
circunscriptos a los arrabales y bajos fondos, era de uso que el caballero
apoyara distraídamente el meñique de su mano derecha en cierto lugar de la
anatomía de la dama. Si la dama dejaba hacer, o rechazaba la inspección
dactilar sin demasiada conviccción, el resto del camino ya estaba hecho y el
caballero podía avanzar en confianza de que ya no habría mayores resistencias.
Sería bueno que pueblos y gobiernos no lo olvidaran en
ningún momento.
