MACRI PARA RECIÉN LLEGADOS

Ya lo dijo Mauricio: el salario es un costo más.

Muchos de quienes lo votaron, más pendientes de los relatos mediáticos, no se detuvieron a medir el alcance de sus palabras.

Con todo desparpajo, que el salario es un costo más.

Hoy día, si anunciara que el dólar se cambia por 35 pesos argentinos, los de los globitos amarillos seguirían ciegos, sordos y mudos, o repitiendo sí, se puede, porque no advierten la relación que hay en este contexto recesivo, de aumento de precios y de despidos.

Cada vez que se le sale la cadena, Mauri se sincera.

Es un empresario exitoso, si significara algo ser dirigente de un equipo de futbol y ejecutivo de empresas del padre. En el colegio Cardenal Newman y la Universidad Católica donde cursó, dictan una versión sesgada y anticuada de la economía política, o mejor, una versión funcional a los nuevos ricos, poderosos o futuros poderosos con las herramientas que servirán a sus intereses. Por otra parte, no fue especialmente brillante en sus estudios.

Y además la economía no es una ciencia exacta.  

Su padre fue seguidor de un pequeño partido italiano conocido como el Partido del Hombre Común (Cualunque). Los mandatos pesan aunque se nieguen. Lo demuestra el propio Mauri cada vez que improvista unos pasitos de baile o balbucea alguna frase de más de cinco palabras.

Su formación económica finaliza con Adam Smith, Stuart Mill, Say y los fisiócratas (Quesnay, etc.) para quienes la única riqueza proviene de la renta agraria, y por eso se especializa en cubrir el país de metrobuses y bicisendas. Varios de los que lo rodean sufren la misma carencia, alucinación o tara. La vice Michetti lo expuso con claridad: tomar deuda externa en dólares al 4% anual y que el BCRA preste esos dólares en el mercado interno convertidos en pesos al 35% es muy pro, muy patriótico. En mi patria se llama bicicleta financiera.
Como bien lo demostró el economista Eduardo Basualdo, esa, la de la tasa diferencial en pesos, precisamente fue la política económica que aplicó José Alfredo Martínez de Hoz en la dictadura, que nos dejó una deuda externa impagable, una inflación creciente y una desocupación mayúscula. También en esa época los dólares eran baratos: los llamaban petrodólares y provenían de los manantiales árabes.

Pero los chicos de globitos amarillos no son fuertes en historia.

Lo que separa a Macri de los fisiócratas es que no pretende retroceder hasta un país agrario, sino convertirlo en un supermercado aprovechando nuestras ventajas comparativas. Por eso la importancia que le otorga a la agroindustria. Ya no venderemos soja, sino aceite de soja y soja procesada como alimento.

Pero se debe olvidar la sustitución de importaciones industriales.

Y como se ve, la aristocracia de entonces ha sido reemplazada por una tosca oligarquía de multinacionales.  

Incluso de Say, Macri tiene un aprendizaje erróneo. Henry Ford inundó de automóviles Ford T el mercado norteamericano, comenzando por todos los operarios de sus plantas en Detroit, porque creía que toda oferta genera su demanda, que es precisamente lo que enseña Say. Las guerras mundiales terminaron con estas ideas, así como las de los perimidos fisiócratas preindustriales.

El éxito político en las democracias modernas consiste en saber interpretar los deseos de sus pueblos y el interés de sus naciones, y en las modernas democracias sudamericanas en el rol previamente asignado por los países industrializados y post industrializadas, que consiste en habernos reservado el de productores de materias primas o commodities. Que en el mercado central de Chicago están cayendo en picada.

Desde Napoleón Bonaparte por lo menos, Europa se fue convirtiendo en el Centro y el sentido del mundo, al que era imperativo subordinarse. Cuando el pueblo haitiano intentó asumir como propia la Revolución Francesa, Napoleón lo impidió a sangre y fuego porque ese era un asunto europeo. Ese sentido único desde entonces, busca cualquier modo de universalizarse, sea pacífico, bélico, o por el terror. Pero el capitalismo evolucionó, y hoy la globalización está conducida por grandes multinacionales anónimas. Las burguesías europeas triunfaron y ahora gozan de sus beneficios o viven de sus glorias pasadas (o del turismo). Esto no es homogéneo: con todas sus viejas glorias pasadas, Grecia acumuló una deuda externa de 400 mil millones de euros, y ahora se plantea convertir al Partenón en un parque temático y alquilar las islas del Egeo. Lo que demuestra que son los europeos industrializados los que crecieron y no los periféricos que viven del turismo, dependientes de los primeros.

No es cierto que toda oferta genere su demanda, porque para eso debe haber demanda. El Premio Nobel Paul Krugman demostró que fue la guerra mundial el gran acelerador de la demanda interna por los sueldos que gastaban las esposas de 20 millones de soldados norteamericanos que peleaban en los distintos frentes bélicos. Y esto algo significa para nosotros: para Macri, no existió Keynes.

¿Y quien fue Keynes? 
Un economista británico para el cual era central estimular la Demanda Global, tarea a cargo de la inversión pública cuando es insuficiente la iniciativa privada. ¿Y cuando existe esa iniciativa? Cuando hay inversiones privadas externas, extremo bastante raro en la Argentina porque el mercado de capitales locales es reducido o se encamina a la renta financiera, agraria e inmobiliaria, ya que no hay formalizada una cultura industrialista.

Para los neoliberales locales, Keynes era una especie de barón rojo. Nada mas lejos de la realidad ni en general el sistema capitalista no tiende al pleno empleo: el salario es un costo más y los capitalistas tienden a pagar a los trabajadores el menor salario que estén dispuestos a recibir, como ya se encargó de aclarar el ministro Prat Gay repitiendo las mismas monsergas escuchadas desde el siglo XIX.

Sería ideal que trabajaran por moneditas, claro.

Por eso Perón impulsó la sindicalización obligatoria.

Además, cuando no hay empleo genuino, el Estado debe cubrir esa carencia reemplazándolo mediante el uso público de distintas herramientas. Como lo demostró el kirchnerismo.

Otro “secreto” de la política macrista es que toda financiación estatal, cuando no proviene de endeudamiento externo, puede promover una fuerte devaluación del peso. Por eso los nuevos billetes de 200 y 500 pesos con imágenes de animales vivos o muertos, ya que no tienen espacio para insertar las figuras del ex intendente Cacciatore o de Martínez de Hoz, sus maestros.

Y esa iniciativa anticipa que el peso tendrá cada vez menos valor. Aceleradamente. Podrían haber reemplazado a la ballena franca muerta por Carlos Tejedor, sin que hubiera mucho revuelo. Además de certificar que volvemos al estado de colonia.

Esto, pues, es Macri, el último representante del hombre cualunque. Esto es el neoliberalismo.

CONTRA LOS DNU

Defensoría del Público contra los DNU que limitan la Ley de Medios

“Vergonzosos y antidemocráticos”

Distintos referentes del periodismo, el mundo de la comunicación, la política y el ámbito docente se manifestaron en las últimas horas a favor de la Resolución Nro. 21 emitida por la Defensoría del Público, que alertó sobre las consecuencias negativas que los decretos de necesidad y urgencia del gobierno nacional traerían para la plena vigencia del derecho a la comunicación resguardado en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Glen Postolski, descano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y profesor titular de Políticas y Planificación de la Comunicación, calificó la resolución de la Defensoría como “central”, porque “pone el eje entender a la comunicación como un derecho humano fundamental, contra la idea de interpretarla como una mercancía”. Y agregó que “después de años de debate, para entender qué lugar ocupan los medios en una democracia, estos decretos retrotraen logros que nos costaron muchos sacrificios conseguir. Espero que esta nueva herramienta de lucha elaborada por la Defensoría contribuya a impedir que volvamos a situaciones que creíamos superadas”.

Para Diego de Charras, Director de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires y Profesor Adjunto de Derecho a la información, los DNU “tienen problemas de forma y de fondo. Por un lado, intentan modificar una ley que tuvo una amplísima discusión nacional. Pero además, conllevan implicancias graves, como la eliminación del cable como servicio de comunicación audiovisual, vulnerándose los derechos de las audiencias, lo cual es gravísimo”. El docente sostuvo que “a partir de ahora, los distribuidores ya no estarían obligados a incorporar en la grilla distintas señales locales, las cuales perderían cualquier posibilidad de ser vistas”. Y afirmó que “los DNU dan cabida a un aspecto muy bien tratado por la Defensoría en su resolución, que es la concentración de medios. En pocos días hemos vuelto a los años noventa, cuando por ejemplo, los pequeños cableros eran comidos por los grandes grupos”.

“Toda iniciativa en contra de DNU antidemocráticos y antirrepublicanos que intentan derogar la ley de medios debe ser resaltada”, manifestó Jorge Bernetti, docente y periodista. Y agregó: “Tengamos en cuenta que hablamos de, tal vez, la ley más discutida y consensuada de todo el siglo XX, comparándola a lo ocurrido con el Código de Vélez Sarsfield”.

Para Bernetti, el trabajo de la Defensoría “ha sido muy positivo desde su nacimiento, tratando de poner en marcha a ese gigante invertebrado que es el público. Su última resolución apunta justamente a eso, intentar hacer valer los derechos de ese gigante, frente al atropello que significan estos decretos que no son ni necesarios ni urgentes”.

Para Gustavo López, ex subsecretario de Relaciones con la Sociedad Civil de la Presidencia en el anterior gobierno, y referente del espacio Forja, los DNU “marcan una arbitrariedad, y de ninguna manera cumplen con los requisitos que la ley establece para utilizar esa herramienta. Se pudo haber convocado a sesiones extraordinarias del Congreso si había tanta necesidad, y sin embargo, eso no se hizo”.

“Celebro la resolución de la Defensoría -sostuvo-, porque acá no se trata de defender gestiones, sino de defender a la ley desde lo conceptual, y explicar a los diputados y senadores, que decidirán finalmente sobre estos decretos, qué implicancias tendrían para la democracia”. Según López, las medidas del actual gobierno nacional “consolidan posiciones dominantes del mercado, van en contra de lo resuelto por  la Corte Suprema de Justicia en ese sentido, y vuelven el tiempo atrás, cuando empezamos a discutir una ley con la esperanza de abrir un camino  realmente democrático y plural”. 

Para el dirigente, lo buscado por el gobierno “es eliminar las regulaciones que la ley de medios marcaba, algo que costó veintiséis años de pelea política, y que ahora algunos quieren borrar de un plumazo. La idea es volver al concepto mercantilista de la comunicación, un principio tan resistido por la Defensoría desde sus comienzos, e interpretar a lo comunicacional como parte de la economía. Es clave no estimular la concentración, porque de esa manera se atenta contra la libre circulación de las ideas”.

Liliana Belforte, referente de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), consideró el documento elaborado por la Defensoría como “una herramienta fundamental para plantarse frente a lo que entiendo un intento de desguace de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por parte del actual gobierno nacional. La Defensoría fue pensada para atender los derechos de las audiencias, y estamos frente a una instancia clave, porque los decretos de necesidad y urgencia atentan contra esos derechos. Somos parte de un  mismo espacio comunitario para defender esos logros, y ahora estamos ante el desafío de protegerlos. Como hace la Defensoría, tratando de salvaguardar los intereses de los ciudadanos, y no la necesidad de los grupos mediáticos concentrados”.

También habló de la resolución Eduardo Rinesi, ex rector de la Universidad de General  Sarmiento y parte del Consejo Directivo de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) durante el gobierno nacional anterior. El docente y politólogo resaltó “lo valioso de la resolución, pero por sobre todas las cosas, la labor de la Defensoría en general, porque nos enseñó a entender una idea novedosa en la región y en el mundo: la de ver a las audiencias como un sujeto colectivo de un derecho, el derecho a la comunicación. Cynthia Ottaviano siempre lo dice, y me quedo con su concepto de cambio de paradigma: la ley consideró a la comunicación no como un bien transable en el mercado, idea que aboga el ministro de Comunicaciones del actual gobierno nacional, sino como un derecho. Si realmente existe una necesidad y una urgencia para elaborar estos decretos, evidentemente no responden a demandas del pueblo, sino de otros intereses”.

Rinesi describió a la resolución de la Defensoría como “precisa y muy bien fundamentada”, y además “útil para una instancia que ahora se abre, la de la discusión política y judicial con la que trataremos de recuperar lo que ya habíamos logrado como sociedad: una comunicación democrática, plural y respetuosa de las minorías”.

“Lo hecho por la Defensoría es valioso en sí mismo como herramienta de reclamo -manifestó Luis Lázzaro, periodista y escritor especializado en comunicación-, pero además porque se inscribe en una serie de iniciativas de distintos actores sociales, como universidades, o la Coalición por una Comunicación Democrática, que al igual que la Defensoría, se reunieron para hablar de estos temas con el relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de DDHH, Edison Lanza”

Para Lázzaro, los decretos elaborados por el macrismo “son un atropello institucional porque desconocen al Congreso, pero además por sus alcances, como bien lo dice la resolución de la Defensoría, al limitar las atribuciones del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Atentan contra el pluralismo que la ley de medios tiene, y como también sostiene la resolución, son herramientas que intentar modificar leyes, y sustituir el trabajo del Poder Legislativo por la decisión de un funcionario”.

El periodista explicó que los recientes DNU “avanzan sobre la ciudadanía, al poner a 10 millones de hogares a merced del mercado, que hasta ahora pudieron ejercer su derecho humano a la comunicación en el marco de una ley que tutela y protege esos derechos, considerándolos como un bien social. Eliminar esos logros, como lo hacen los DNU para colocarlos en el ámbito del libre mercado, viola la Constitución Nacional en sus artículos 14 y 75, y pasa por alto tratados y convenciones internacionales. Son todos puntos centrales que la resolución de la Defensoría desarrolla, y que ojalá sean tenidos en cuenta por la Comisión Bicameral de medios a la hora de tratar estas cuestiones en el Congreso de la Nación”.

Néstor Busso, referente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, consideró a los DNU como “vergonzosos”, y por eso “estamos demandando en la justicia, en tribunales internacionales y políticamente ante el Congreso de la Nación, para que esta triste realidad sea modificada. En ese marco, lo hecho por la Defensoría es fundamental, porque aquí no hay mucho misterio: frente a los que consideramos a la comunicación como un derecho humano, están los que la interpretan como un negocio, como lo dijo expresamente Oscar Aguad, actual ministro de Comunicaciones”. 

La reciente Resolucion de la Defensoría recorre minuciosamente cada uno de los puntos de los decretos que afectan a la Ley 26.522 y muestra la afectación de los derechos que esos DNUs producen sobre el derecho humano a la comunicación.

SIN REVISION AUTOCRITICA, EL FUTURO NO SERÁ NUESTRO

Leemos en Pájaro Rojo/com

Alejandro Grimson

Por Alejandro Grimson, (para La Tecl@ Eñe). Doctor en Antropología por la Universidad de Brasilia. Investigador del CONICET y docente del Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la UNSAM. Buenos Aires, 9 de febrero de 2016. 

¿Existe en el gobierno de Cambiemos una estrategia para fragmentar a la oposición? ¿Qué riesgos implica esa fragmentación? ¿Cómo debe leer el actual panorama la militancia social, cultural y política? El autor plantea que sin un fuerte proceso de reflexión y autocrítica sobre los errores cometidos y sin la compresión de que la sociedad argentina es heterogénea y compleja, las chances del campo popular de volver al gobierno son, si no improbables, muy escasas.

El carácter vertiginoso de las medidas arbitrarias y hasta autoritarias del gobierno de Mauricio Macri ha generado un proceso de alta tensión que reclama una reflexión colectiva. Con sus DNU, sus despidos, algunas declaraciones y decisiones de fuerte peso simbólico (como no recibir a los organismos de derechos humanos) uno de los claros logros de Macri ha sido herir las subjetividades de quienes somos parte de la oposición. Ha generado una significativa irritación, un profundo malestar, que deriva en una paradoja. El dolor que produce ver a un presidente designando miembros de la Corte de modo inconstitucional o modificando leyes por decreto, sólo consigue ser mitigado compartiendo la crítica con otros que tienen la misma visión política.
Desacostumbrados como estamos de ver perritos en el sillón de Rivadavia, corremos el riesgo de que el desprecio catártico y el estar juntos con los que pensamos parecido, al menos nos permitan sentirnos un poco mejor.
Muchas veces me he preguntado si las declaraciones de Menem sobre las novelas de Borges, como lector de Sócrates o la idea de “pizza con champagne” no estaban –al menos en parte- destinados a irritar a las izquierdas que se tranquilizan al confirmar su caracterización, pero les cuesta más preguntarse por qué Menem o Macri ganan elecciones. Ahora, en cambio, conociendo las cualidades del diseño ecuatoriano, no caben dudas de que hay un plan muy claro: producir el amuchamiento del sector más recalcitrante de la oposición para que, a su vez, entre en una lógica de radicalización que lo aísle de las grandes mayorías. Es que a las mayorías nunca les importó ni Balcarce ni Sócrates y, en todo caso, se sentirían más cerca de quien no pasa todos los exámenes que de cualquier señalamiento académico.
El gobierno de Macri plantea varios problemas para la Argentina, tanto en el crecimiento de la pobreza y desigualdad social, como en su desprecio por los derechos humanos, o su realineamiento internacional. Pero además plantea el problema de que cuenta con un apoyo mayoritario. Y si esto no es comprendido seguramente Macri logrará ir fragmentando a la posición y podría eventualmente permanecer por un período extenso a cargo del poder ejecutivo.
La fragmentación de la oposición es la única opción del gobierno para derrotar a la oposición en 2017. Y, además, para imponer sus medidas polémicas. Ese aislamiento es posible porque fue de ese mismo modo que se comenzó a gestar la derrota electoral con el macrismo: cuando se decidió sólo hablarle a los convencidos y no a los indecisos, que son la gran mayoría. Macri no ganó por arte de magia. El kirchnerismo no supo y no pudo ofrecer una alternativa política que lo superara ampliamente. Sin una autocrítica honesta, profunda y constructiva será imposible entender por qué ganó Macri, por qué la Argentina atraviesa este período amargo y riesgoso. Sin entender, será imposible “volver”.
Claro que para hablarle a los indecisos el primer requisito es escucharlos, entenderlos y desplegar un diálogo. Más que ir al ritmo vertiginoso del gobierno, la primera tarea de la oposición es comprender qué ha ocurrido y comprender a la sociedad. Algunas de las medidas más polémicas de Macri se apoyan en debilidades, errores o graves deficiencias del gobierno anterior. ¡Cómo hubiéramos necesitado en esta coyuntura que atravesamos un INDEC respetable! Son varias las políticas que si se hubieran realizado debilitarían hoy la posición del gobierno y fortalecerían al campo popular. Por ejemplo, una política de transparencia en las contrataciones públicas, una reforma impositiva y cambios en las escalas de ganancias, y así se podría hacer un listado extenso.
¿Para qué? ¿Para rasgarse las vestiduras? Se trata de entender que en el voto a Macri hay amplios sectores que pueden retirarle el apoyo. Pero sólo podrían hacerlo, no para regresar a la situación anterior, sino para aportar a un proyecto de futuro con la potencia de generar la ilusión de un país mejor. La mayoría de la sociedad no van a adherir a ninguna defensa acrítica de la Argentina de 2015, porque si no hubieran votado diferente en noviembre. El problema es sencillo: haciendo lo mismo que ya fracasó, el resultado no va a ser diferente.
Negarse a la autocrítica es hacerle el juego al gobierno. Hay un problema con la palabra autocrítica. Algunos creen que se trata de hacerse el harakiri, de un proceso de autoflagelación. Otros dicen que la autocrítica se hace “puertas adentro”. En realidad, una reflexión sobre los errores cometidos que habilitaron un triunfo de Cambiemos sólo tiene un interés práctico: cómo repensar y definir la estrategia política hacia el futuro.
Por otra parte, un pequeño grupo puede o no hacer la autocrítica puertas adentro. Una fuerza que gobernó doce años debe hacerla de cara al 48,6% y de cara a toda la sociedad.
Al mismo tiempo que es posible que las fuerzas transformadoras y populares gobiernen en el futuro, es imposible “volver” a los mismos errores, simplemente porque la sociedad no acompañará a una fuerza que no pueda repensarse y redefinirse.
Para esa amplia militancia social, cultural y política que rechaza graves decisiones de este gobierno, la disyuntiva es muy clara y sencilla. ¿Se trata de unir a “los nuestros” o se trata de unir a todos los que rechacen medidas autoritarias, neoliberales o de ajuste? Estoy convencido que, aunque el camino obvio es la segunda opción, hasta ahora ha predominado la primera. Una oposición basada en la identidad política pretende en cada acción de rechazo de una medida, reivindicar las políticas anteriores. Pero agregar y articular heterogeneidades es algo muy distinto: hay que intentar unir a todos los que rechazan una medida de ajuste, a todos los que rechazan el desconocimiento de los organismos de derechos humanos, o los despidos, o las restricciones a las paritarias, o las decisiones con fuertes rasgos autoritarios. Eso no implica que cada sector de la oposición exprese sus propias visiones sobre el pasado. Pero lo que está en juego ahora es el presente y el futuro.
Una oposición con proyección de mayoría pasa necesariamente por la articulación de heterogeneidades. Una clave de la política en la que la oposición actual tiene escaso entrenamiento.
Sabemos que están en juego dimensiones cruciales de la justicia social, de los derechos humanos, de la soberanía nacional. Por eso mismo, se torna imperioso construir una estrategia compleja y en distintos planos. Es clave lograr el rechazo parlamentario de los DNU que son inaceptables. Es clave lograr una articulación sindical que permita detener de inmediato los despidos y la caída del salario real. Es crucial construir articulaciones sociales para enfrentar ahora el aumento de la pobreza. Deben buscarse las más amplias adhesiones para defender la plena vigencia de los derechos humanos y de las políticas de memoria, verdad y justicia. Con ese tipo de objetivos es imprescindible aprender a escuchar a quienes tienen matices, críticas fuertes al kirchnerismo, buscar acordar modos de acción conjunto. Se trata de humildad militante.
Todas las arrogancias serán obstáculos insalvables en ese camino. No es momento de dejar la reflexión y la autocrítica de lado. Si este gobierno logra fragmentar a la oposición y aislar a los sectores más decididos, habrá que preguntarse si estos han sabido considerar la complejidad de la situación y analizar los caminos más adecuados. En todos los momentos históricos el campo popular debe preguntarse a sí mismo si había opciones más eficaces, más inteligentes, para lograr los objetivos democráticos e igualitarios.
El hecho es que hoy el 48,6% ya no existe más. Primero, ese porcentaje no sólo tenía los votos del FPV, que en realidad eran del 37%, sino muchos votos en contra de Macri, como sucede en todo ballotage. Votos para los cuales el FPV no era su primera opción en octubre, pero que preferían a Scioli antes que a Macri. Segundo, acabamos de presenciar una nueva ruptura del FPV.
Las acusaciones morales hacia quienes van por otros caminos no resolverá ninguno de los problemas. La pregunta con las escisiones es qué proceso social o tensión representan. Si no representan absolutamente nada, sólo un acuerdo dirigencial, todos esos votos permanecerían en el FPV. Nos guste o no, el hecho es que con el surgimiento de Massa eso no ocurrió, ya que no se pueden invisibilizar cinco millones de votos. Y nadie cree que los gobernadores se vayan sin sus votos.
Una estrategia para definir un proyecto popular para el futuro debe partir de un hecho contundente. La sociedad argentina es heterogénea y compleja. En términos económicos, territoriales, culturales, no tiene visiones uniformes ni acerca del gobierno de Cristina ni acerca del gobierno de Macri. Por eso, un proyecto popular con vocación de mayoría tiene como objetivo articular heterogeneidades.

PICHETTO MUESTRA LA HILACHA

Con paciencia y con saliva

Teodoro Boot

El senador Pichetto pide darle tiempo al gobierno de Mauricio Macri para que sus políticas muestren resultados.

Dentro de las políticas de las que el senador espera resultados se encuentran:

Una devaluación del 50% que unida a la eliminación de las retenciones a las exportaciones de bienes primarios supusieron un aumento del trigo, el maíz y otros cereales y oleaginosas de cerca del 90 %, provocando casi instantáneamente la mayor transferencia de ingresos de los asalariados al sector financiero y exportador desde 1976.

La eliminación de subsidios y aumento de tarifas de gas y electricidad que, en el segundo de los casos, supone un aumento de entre el 500 y el 700%.

El regreso al proceso de endeudamiento externo, aceptación de las recetas del FMI y oferta de pago a los fondos buitre con tan sólo un 25% de quita contra el 75% aceptado por el 93% de los acreeores.

Incorporación a altos niveles de gobierno de gerentes y empleados de los grupos trasnacionales y designación de los jefes de personal de las grandes empresas para velar por los intereses de los trabajadores. De esta manera:

Susana Malcorra, ex gerenta de IBM, presidenta de Telecom Argentina, vinculada al Departamento de Estado, manejará la política exterior.

Juan José Aranguren, presidente en Argentina de la petrolera angloholandesa Royal Dutch Shell es el ministro de Energía y Minería. Empezó su gestión reduciendo los subsidios a la exploración y autorizando el aumento de precio de los combustibles.

Marcelo Villegas, jefe de personal de Telecom, es ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

Luis Caputo, del Deutsche Bank, secretario de Finanzas.

Mario Quintana, presidente de Farmacity, Freddo y Musimundo, empleado de Nicolás Caputo, amigo y compañero de estudios de Mauricio Macri, principal contratista de la Caba y principal beneficiario de la primera gran contratación del nuevo gobierno, fue designado en la Secretaría de Coordinación Administrativa y Evaluación Presupuestaria de la Jefatura de Gabinete.

Gustavo Lopetegui, director ejecutivo de LAN Chile, secretario de la Jefatura de Gabinete.

Miguel Puente, director de personal de Techint ocupa el tercer lugar de jerarquía en el Ministerio de Trabajo.

Gisela Costantini, directora ejecutiva de la automotriz norteamericana General Motors, preside Aerolíneas Argentinas. Su primera medida fue aumentar hasta un 30% el precio de las tarifas aéreas.

El empleado de la multinacional Penguin-Ramdom House-Mondadori- Santillana ocupa el Ministerio de Cultura. Su primera medida fue autorizar la introducción de “libros argentinos” impresos en China, Chile, Uruguay o donde le convenga a Penguin-Random House-Mondadori.

El principal acusado junto a Horacio Rodríguez Larreta por el pago de sobreprecios para la construcción del “metrobus” de la avenida Cabildo y la contratación de los servicios de asesoría de un asociado suyo, está designado al frente de la Secretaría de Transportes.

Jorge Lemus, acusado por la propia Justicia de la Ciudad de Buenos Aires de “abandono de persona” y “vaciamiento y desarticulación de la salud pública”, fue designado ministro de Salud.

El ministro de la Producción es Francisco Cabrera, fundador de la AFJP Máxima y miembro del grupo Roberts/HSBC, denunciado por negociaciones incompatibles con la función pública a raíz de las reiteradas contrataciones en la ciudad de Buenos Aires a Julieta Spina, cuñada de Horacio Rodríguez Larreta, que se presentaba en Ciudad de la Moda como la única oferente en las licitaciones.

Hernán Lombardi, imputado por la titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10, Paloma Ochoa, por el delito de lavado de activos previamente sustraídos de manera fraudulenta al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es el actual titular de Medios Públicos.

Es secretario de Comunicaciones Oscar Aguad, procesado por defraudación con un crédito de 60 millones de dólares que canjeó por cuasimonedas cuando fue comisionado interventor de la ciudad de Corrientes entre 1999 y 2001, fue también acusado de pagar dinero a una jueza para lograr su sobreseimiento en esa causa.

Mientras un turbio empleado del FMI procesado por su participación en la estafa del Megacanje ocupa la presidencia del Banco Central, el director de la banca JP Morgan es ministro de Economía.

El JP Morgan fue el banco norteamericano que lideró el Megacanje en el año 2000. Según el fisco francés, como apoderado de Amalia Lacroze de Fortabat, Guillermo Pratt Gay es responsable de un depósito en el HSBC no declarado de 68 millones de dólares. Acusado de facilitar operaciones millonarias de evasión impositiva y fuga de capitales, en su informe de 2002 la Comisión Especial Investigadora sobre Fuga de Divisas de la Cámara de Diputados, presidida por Elisa Carrió, estableció que durante el corralito, violando las disposiciones legales, Pratt Gay habría girado al exterior 790.000 dólares de su peculio.

Carlos Melconián, autor intelectual de una de las mayores estafas al país que fue la estatización de las deudas privadas perpetrada en dos oportunidades por Domingo Cavallo, ocupa la presidencia del Banco Nación, es el verdadero ministro de Economía y el estratega del gobierno al que el senador Picheto propone darle más tiempo.

En el tiempo que el senador tan generosamente le brinda, el gobierno le hará perder el empleo a por lo menos un millón de trabajadores, según oportunamente y con toda claridad anunció Melconián y lo sostienen abiertamente Pratt Gay y el ministro de Trabajo Jorge Triaca. Será el costo a pagar –siempre por otros, nunca por ministros, economistas y senadores– para la recuperación de la “competitividad” de la producción nacional.

La “competitividad” de estos genios de las finanzas a los que el senador quiere darles tiempo nunca se basa en la mayor inversión en tecnología, en el aumento de la producción, en la razonabilidad de las ganancias empresarias y los sueldos de Ceos y gerentes, sino en la baja de los salarios de los trabajadores

Así como los salarios suben cuando todos los trabajadores tienen empleo –método aconsejado por un mítico líder de cuya existencia el senador probablemente no tenga ni idea llamado Juan Domingo Perón–, bajan en proporción a la cantidad de desesperados dispuestos a realizar un trabajo por menor remuneración.

Un millón deben ser esos desesperados, según estableció el señor Melconián, a quien el senador quiere darle tiempo. Y ese, el explicitado por Melconián, Pratt Gay y Triaca, es el motivo por el cual, con los más imaginativos argumentos, se despide a mansalva empleados del sector público y se seguirá muy rápidamente en la industria gráfica, el calzado, textiles y, acumulativamente, en las demás áreas de la industria privada, como preludio a una caída general de la actividad.

Sería interesante que el tiempo que el senador quiere ofrecer al gobierno del Pro para que den resultado sus medidas, lo ocupara en observar lo extraño que resulta que mientras se reducen los salarios con la excusa de aumentar la competitividad, se la reduzca incrementando los costos de insumos tan importantes para la industria como la luz, el gas, el combustible o los peajes.

¿Qué interesa al gobierno al que el senador le quiere dar tiempo? ¿Aumentar la productividad o reducir los salarios?

El senador tal vez también alcance a advertir que, arrogándose facultades legislativas y hasta judiciales el gobierno le está quitando también a él su trabajo. ¿Para qué hacen falta senadores y diputados si existen los DNU? ¿Para qué son necesarios los jueces si el ejecutivo se cisca en los amparos y fallos judiciales?

El senador parece dispuesto a dar todo el tiempo del mundo, aun si le quitan el trabajo, siempre y cuando no le quiten el salario, claro.

¡Así, cualquiera es capaz de dar todo el tiempo del mundo!

Pero el senador insiste en dar tiempo para que estas políticas muestren resultados.

¿Más resultados de los que ya están mostrando?

¿Puede encontrar el senador alguna ley, alguna disposición, algún artículo –¡alguna coma!– de todas las leyes, decretos y disposiciones del actual gobierno que resulte favorable a los trabajadores, a los desempleados, a los humildes, a los más débiles?

¡Encuentre un solo ejemplo, un solo caso, senador!

Parece ser que para reconocer a un rengo, el senador Pichetto necesita verlo llegar caminando hasta Luján.

¿Qué más le hace falta al senador para entender de qué viene la cosa? ¿Que lo sodomicen en el salón de los casos perdidos, de uno en fondo, durante los próximos cuatro años?

En fin, ya es sabido: sobre gustos no hay nada escrito.

EL JP MORGAN EN EL GOBIERNO DE MACRI

 Leemos en http://poesiayramosgenerales.blogspot.com.ar/2016/02/funcionario-extranjero-dehl-jpmorgan.html de Nando Bonatto

Un miembro del JP Morgan formará parte del gobierno de Macri como jefe de asesores del ministro de Hacienda Prat Gay.




Una nueva estrella del firmamento financiero global acaba de desembarcar en el Gobierno Nacional: se trata de  Vladimir Werning, Director ejecutivo y jefe para Latinoamérica de JP Morgan.
El mismo Werning le confirmó a Infobae que dejará el banco estadounidense para unirse al Ministerio de Economía como jefe de asesores del ministro Prat Gay. El especialista, dice el portal: “(Prat Gay) goza de alta reputación  en Wall Street”.
En una entrevista en el diario español El Mundo, Wening, asegura que los países emergentes como el nuestro deben si o si, promover un ajuste y bajar el consumo para sortear la “crisis” global.
Continua el economista: “Creo que varios Gobiernos tenían esa impresión a principios de año. Los precios son volátiles e igual que sorprenden a la baja podrían eventualmente rebotar. Pero, con el ajuste de precios internacionales más reciente y la incertidumbre sobre China, ha aumentado la conciencia de los funcionarios sobre la mayor probabilidad de escenarios difíciles para el crecimiento. Reconocer un diagnóstico más realista es sólo la mitad del desafío; el siguiente paso supone aplicar ajustes, lo que no es sencillo. En la época de bonanza se hicieron muchas promesas, se extendieron derechos económicos que ahora se perciben como adquiridos y creció el tamaño del Estado del bienestar.  
Reajustar las expectativas a la realidad es políticamente incómodo.”
“Los datos del segundo trimestre muestran contracciones en las tres regiones emergentes. Eso sí: la caída de los precios de materias primas afecta negativamente a América Latina y debería beneficiar a la Asia emergente. Así, el ajuste de Asia resulta relativamente más sorprendente. En América Latina, a diferencia de la crisis de 2008-2009, no hay espacio para relajar la política monetaria -debido a inflación alta o a los déficit de cuenta corriente- y tampoco la fiscal -por el alto nivel de gasto y la pérdida de recursos debida a la caída de los precios de materias primas-. Así que la inversión está deprimida y, debido a los déficit por cuenta corriente, hay poco espacio para que rebote. La única opción es que se modere el consumo, y en esa transición se encuentra hoy la región. Encima, estas economías también están en un proceso de ajuste de costos en dólares, pues perdieron mucha competitividad por la inflación generada por las políticas procíclicas fiscales y monetarias de años pasados.”

MILAGRO SALA. SECUESTRO LEGALIZADO

Leemos en http://rambletamble.blogspot.com.ar/2016/02/la-justicia-en-la-era-macri-secuestro.html

 

 

 

 

 

Por Raúl Eugenio Zaffaroni

A veces se hace necesario recapitular y explicar. En el caso de la detención de Milagro Sala, que va adquiriendo la dimensión de un escándalo institucional sin precedentes en los treinta y dos años de vida constitucional continuada que por suerte tenemos, es menester hacerlo, aunque la explicación requiera meterse en cosas algo técnicas, pero que el público debe conocer.

1) La detención la decide una Justicia cuya cabeza –el Superior Tribunal de la Provincia– se amplió en una sesión nocturna de la Legislatura. Dos de los diputados del oficialismo que votaron la ampliación fueron de inmediato nombrados jueces del Superior Tribunal “autoampliado”. Estas cosas no las hizo ni Menem en sus mejores tiempos, pues no se puede negar que en general fue mucho más prolijo.

2) Se la detiene por orden de un juez que, de inmediato, pide licencia. La imputa por el delito del art. 194 del código penal, es decir, por “impedir, estorbar o entorpecer el normal funcionamiento de los transportes por tierra”.

Este artículo fue introducido en 1968 por una ley “de facto” de Onganía, sin indicación de fuente ni referencia a derecho comparado, y reemplaza el antiguo texto original del código que penaba el levantamiento de rieles ferroviarios.

El mismo artículo requiere que no produzca “peligro común”, o sea, riesgo de catástrofe, porque en tal caso configuraría un delito contra la seguridad pública. Pero esto no significa que no requiera la producción de algún peligro, dado el antecedente del “levantamiento de rieles”.

No se trata de penar una simple molestia que puede ser motivo de una contravención provincial o municipal, sino cualquier peligro que no sea de catástrofe, pero que en el caso debe ser de vida o integridad física de alguien, porque levantar un riel de ferrocarril puede no producir el riesgo de una catástrofe, pero siempre implica un cierto riesgo para la vida o la integridad de alguna persona.

En este caso no hay riesgo alguno para nadie, porque lo único que se perturba es el transporte urbano, que deberá circular por otras arterias.

Aplicar literalmente el texto del artículo 194, sin tomar en cuenta el derecho a la protesta pública, considerando que toda reunión de personas perturba de alguna manera la circulación de personas y vehículos, implicaría cancelar el derecho constitucional de reunión y de petición colectiva.

Pero la perturbación del tránsito urbano no la produce Milagro Sala, sino miles de personas. Aun cuando esos miles de personas de reúnan en las aceras, obligarían a los transeúntes a circular por las calzadas y, por ende, perturbarían la circulación y estarían cometiendo un delito.

Esto es así porque el cuerpo de cada uno de nosotros ensucia o molesta, perturba, y muchos cuerpos juntos más aún, pero los humanos, individual o colectivamente, hasta hoy y en esta tierra, no podemos prescindir de nuestros cuerpos.

Tomar literalmente este artículo implica, pues, prohibir la reunión de personas.

3) Como esto es bastante endeble, se le imputa el delito de “sedición” del artículo 230, que se comete cuando “una fuerza armada” o “reunión de personas” peticiona a nombre del Pueblo.

Siempre se entendió que cuando se trata de una reunión de personas debe haber por lo menos una amenaza de violencia, es decir, un peligro análogo al de una “fuerza armada”, porque de lo contrario deberían ser procesados todos los políticos que en sus mítines de campaña invariablemente hablan en nombre del Pueblo.

Se pretende agravarlo porque hay niños, aplicando el artículo 41 del código, que agrava la pena de quien se vale de un menor para cometer un delito, pensado en general para el robo. De este modo, un signo de “no violencia” lo convierten en una agravante.

4) Como se considera que todo esto es delito y Milagro no cesa de apoyar la protesta pública, se la considera incursa en “instigación pública a cometer delitos” (art. 209 del código), o sea, en definitiva, sería una instigación pública a cometer “no delitos”.

5) Cuando todo esto se viene abajo y se la excarcela, se le imputa de inmediato “administración fraudulenta” (art. 173 inc. 7º) y de este modo sigue presa, pero como ese delito tiene una pena máxima de seis años, es excarcelable (creo que casi nadie sufre prisión preventiva por este delito en el país).

Para evitar la excarcelación por el nuevo “delito”, se le imputa “asociación ilícita” (artículo 210 del código).

La asociación ilícita se consuma si tres o más personas, aunque sea en una noche de borrachera, se ponen de acuerdo para cometer “delitos”, sin que luego hagan nada. Obviamente, esto, interpretado literalmente, es inconstitucional, al menos en delitos que no sean de genocidio, terrorismo o algo parecido.

Es sólo un acuerdo y está muy lejos del primer acto de tentativa de cualquier delito. Además, con la interpretación literal, la pena es irracional: el simple acuerdo para cometer hurtos en tiendas (pena de un mes a dos años del delito consumado) tiene una pena de hasta diez años, aun cuando ni se intente ningún delito de hurto.

Todos sabemos que el art. 210 (asociación ilícita) no es más que un instrumento que sirve para que en la instrucción se niegue la excarcelación, aunque luego no se llegue a ninguna condena.

En nuestro código originario de 1921 tenía una pena muy leve, pero en 1974, con motivo de la violencia política, se la aumentó y eso quedó y hasta se empeoró.

Además, como si todo esto fuera poco, no es posible negar que la genealogía de la asociación ilícita se remonta a los tiempos en que la huelga era delito, como instrumento de represión contra los sindicatos.

No decimos nada nuevo con esto, por cierto. Sólo recapitulamos la lógica retorcida, antijurídica y republicanamente inconstitucional con que se maneja este verdadero secuestro legalizado.

Si Milagro fue o no prolija en el manejo de fondos y eso quiere investigarse, que se lo haga, pero legal y constitucionalmente, en un proceso con jueces imparciales y no con parientes y correligionarios y, mientras tanto, que se la excarcele, como se hace con todos los procesados por ese delito.

Este festival de bochornosas aberraciones penales, de inventos pseudojurídicos sin mucha imaginación –por cierto–, es escandaloso.

A todo lo anterior, no es posible omitir algo que llama la atención: Milagro es diputada regional y, por ende, tiene fueros que no impiden el procesamiento, pero sí la detención.

No es cierto que esos fueros son “inconstitucionales” porque no se pueden crear por ley, dado que en este caso no están creados por ley sino por un tratado internacional que compromete al Estado Argentino.

Como aun en medio de los trances más dramáticos no podemos caer en la tristeza ni perder el humor, me permito reprocharme como profesor de derecho, que he reprobado a muy pocos alumnos. También, ya que estamos y de paso, me permitiría sugerir a los jueces “creativos” que exploren otras posibilidades: quizá pueda pensarse que toda reunión de personas es contaminante y apelar a alguna figura de protección del medio ambiente. Pero por las dudas les advierto que no existe ninguna figura de “aborto calificado por escalamiento”.

ARANGUREN. LA EXCELENCIA, 12 AÑOS ATRÁS

El monumental aumento de las tarifas eléctricas domiciliarias en el Gran Buenos Aires es un anticipo de lo que espera a Argentina en el futuro. El pueblo a veces se equivoca.

Sobre la excelencia a la que se refirió ayer el actual ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren

relataré algunos hechos, entre personales y políticos, capaces de ponerle un marco más o menos completo al tarifazo anunciado.

Aranguren puede dar múltiples falsos argumentos que sólo convencerían a un  incauto.

Doce o trece años atrás tenía mi domicilio en Pavón al 3000, entre Urguiza y La Rioja,en el barrio de San Cristóbal. 

En aquellos tiempos veía con creciente interés que una cuadrilla de Edesur iba rompiendo las veredas haciendo pozos de unos 2,50 metros de longitud y descubriendo un tramo de un viejo cable oscuro; a continuación le empatillaban un nuevo cable de color celeste. Luego cubrían con tierra, reponían las baldosas rotas y se retiraban. Al día siguiente repetían la operación en otro tramo de la vereda. Y así, hasta completar toda la cuadra con un cable nuevo.

Pasaron unos días.

De pronto, una tardecita, toda la instalación eléctrica de mi casa (y las de todas las viviendas de la cuadra) estalló.

Las lamparitas encendidas se convirtieron en luminarias: algunas explotaron.

Ya no había computadora, televisor, heladera, radio. Todos los aparatos eléctricos conectados a un cable se habían quemado, estuvieran en uso o no. Como se sabe, los artefactos eléctricos consumen electricidad incluso cuando están en la modalidad de espera

Tras el subsiguiente apagón, los vecinos de la cuadra salimos a la calle y no tardamos en entender: en algún lugar del reparado nuevo cable habían entrado en cortocircuito los dos polos positivos, llevando el doble (entre 380 y 440 volts) de electricidad para el que estaba preparado el sistema eléctrico: 220/230.

La responsable de la excelencia en la prestación era Edesur, en la época en que Aranguren, ex CEO de una multinacional anglo-holandesa, reivindica.

No había sido un lamentable e imprevisto accidente.

Era la consecuencia del abandono de una empresa que no había invertido un peso en muchos años.

De inmediato, los vecinos reclamamos a la prestadora, que primero negó toda responsabilidad, luego nos ofreció un resarcimiento con la condición de que les presentáramos tres presupuestos por cada reparación.

Imagínense.

Pasados largos días y semanas al fin los tuvimos, no sin superar numerosas dificultades.

Hagámosla corta. No recuerdo los valores, pero estimo que estos presupuestos totalizaban unos 150.000 pesos. Nos acercamos al edificio San José, sede de Edesur, y luego de una larga cola, ingresamos al despacho de un ejecutivo que nos ofreció la mitad de lo que representaba el presupuesto más económico. Inútil protestar. Si firmábamos bajo protesta, no nos daban el dinero. Si nos negábamos, había que llevar el asunto a la justicia con un final largo e incierto. En una verdadera actitud mafiosa, tampoco nos dieron un comprobante de pago. A esta excelencia se refiere Aranguren.   

Años después pude conocer más sobre la propia historia de Edesur, que convertí en una investigación periodística y con el correr del tiempo como colaborador en una presentación judicial donde el Estado Nacional acusaba a José Alfredo Martínez de Hoz, Roberto y Juan Aleman, Guillermo W. Klein y otros por la estatización fraudulenta de la Compañía Ítalo de Electricidad, nombre anterior de Edesur.

En el curso de esa estatización había desaparecido un funcionario medio del ministerio de Economía, por lo que posteriormente fue condenado el represor Héctor Vergez a 24 años de prisión en una causa anexa donde se investigó también la desaparición de otras tres personas y que incluia una reducción a esclavitud sexual y otros aspectos escalofriantes.

Los detalles los he relatado in extenso en post anteriores. Esta excelencia y esas condenas forman parte del curro de los derechos humanos a los que alude Macri en una pasmosa síntesis de pensamiento.

La Ítalo, luego Edesur (hoy pertenece al grupo Midlin) había sido propiedad de la suiza Motor Columbus, controlada por la Unión de Bancos Suizos, y prestado servicio eléctrico desde la primera década del siglo XX. En esa larga historia hubo sonados casos de corrupción privada y pública.

El edificio San José sigue siendo la sede central de Edesur, y la generadora de electricidad es hoy la señorial Usina del Arte.