La estafa por la compra de dos turbogeneradores Brown & Boveri

Martínez de Hoz está preso por el caso Gutheim. Pero tiene dos causas pendientes: una, la de Casariego; la otra, por formar una asociación ilícita para tomar el poder. Para acelerar la estatización de la Ítalo, y en connivencia con Guillermo Walter Klein y Juan Alemann, hizo desaparecer a Juan Carlos Casariego de Bel. La clave de todo esto es que los dos turbogeneradores Brown & Boveri (hoy ABB) recién instalados eran pagados por el BANADE como garante estatal de la compra. Casariego desapareció para ocultar la estafa al erario público de la que son partícipes los citados junto con la familia Soldati.  

Se considera injustamente perseguido y afirma que ya se lo juzgó por el caso Gutheim. Miente. El individuo de las orejas prominentes fue, como Rivadavia, un hombre que se adelantó a su tiempo. Aunque Rodrigo-Zinn habían anticipado lo que se vendría, preparó el camino para el Consenso de Washington. Hizo desaparecer 10 mil kilómetros de vías ferroviarias, pero no privatizó EFEA. Tampoco a YPF, Segba, etc., y por el contrario, estatizó la Ítalo y Austral Líneas Aéreas cuando ya no eran negocio para sus dueños. Su objetivo fue más sutil y simple a la vez: a la hora de tomar los activos públicos (Plan Brady, etc.) estos estaban suficientemente vaciados, endeudados y desprestigiados como para justificar socialmente su saqueo.

Algunos opinan que la alianza que estableció con una camarilla militar practicante de la Doctrina de la Seguridad Nacional convertía a los servicios públicos en parte del dispositivo de Defensa de Occidente, cuando en rigor Martínez de Hoz alimentaba con grano argentino a la ex-URSS. Como se recordará, cada fuerza armada acaparó el 33% del botín estatal. YPF, trenes, Somisa, quedaron para el ejército. Las empresas de energía, para la marina. Aerolíneas, IME y el Área Material Córdoba para Fuerza Aérea, y así, lo que obligó a los argentinos bien nacidos a imaginar que el país podría reconstruirse, desde 1983 en adelante, con el 1% que no había desaparecido.

Se reservó para sí la dirección económica de las empresas estatales y dejó que los uniformados se engolosinaran con los nuevos feudos adquiridos. Que ellos, sus familiares y allegados se enriquecieran en la “función pública”, vino de chiripa.

Así, aceptó que su archienemigo Suárez Mason dirigiera YPF pero diseñó concesiones en las que la empresa estatal pagaba a los concesionarios cuatro y cinco veces el precio internacional del petróleo. Su objetivo fue hacerlas inviables.

En esa época, los sectores medios seducidos por la tablita y el deme dos no estaban preparados para una privatización masiva: era necesario mostrar primero que eran deficitarias e ineficientes. El disciplinamiento de la dupla terror-codicia surtiría efecto una década después, cuando aparecieron Adelina Dalesio y Bernie sosteniendo que si se privatizaba EnTel, todos podríamos elegir libremente la empresa telefónica más económica y con mejores servicios.

La estatización de la Ítalo es una clave. En 1976, el negocio de esta empresa era exclusivamente financiero. Pocas actividades económicas tienen, como las distribuidoras eléctricas, semejante flujo mensual de cash. En los 50, el peronismo había creado Agua y Energía, interconectando todo el sistema. La Ítalo tenía baja producción, con lo que distribuía la electricidad que no generaba. Y la situación siguió así hasta los años de Onganía, cuando se decide comprar dos turbogeneradores Brown & Boveri con garantía del BANADE estatal.

El grupo Motor Columbus era propiedad de la Unión de Bancos Suizos y de Brown & Boveri (Asea-Oerlikon-Vickers). El señor Walter Boveri fue director de la Ítalo.

Es probable que haya habido sobreprecios porque los equipos adquiridos fueron licitados a medida del comprador. Y digo probable, porque muchas constancias desaparecieron.
(Un turbogenerador como este formaba parte del equipamiento de la Ítalo.)

En cuanto llegó la primera cuota de amortización, el directorio de la empresa adujo que como apenas sobrevivía con tarifas políticas, no podía saldar la deuda. Fue el Estado, a través del BANADE, el que hizo los correspondientes depósitos (usando reservas). La estatización fraudulenta incluyó una indemnización por esos bienes de capital, como si hubieran sido propiedad de los esforzados plomeros suizos.

Un delito económico, aquí y en la China. Habida cuenta de la monstruosidad que se vivió esos años, es muy probable que desaparecieran a Juan Carlos Casariego de Bel, director de Inversiones Extranjeras del ministerio de Economía, para encubrir esa estafa al erario público practicada por los propios interesados convertidos en funcionarios: Martínez de Hoz, los Alemann y los Soldati.

Austral y la familia Reynal son otra pista, aunque en rigor más de quinientas empresas desaparecieron, fueron absorbidas o cambiaron violentamente de mano en esos años. Los militares hacían el trabajo sucio, pero hubo civiles implicados: escribanos que daban fe conociendo el origen de las propiedades capturadas, contadores que asesoraban en los interrogatorios, abogados, prestanombres… y beneficiarios que no hablarán voluntariamente si no son llevados a la justicia.