CLARIN: "EL 7 DE DICIEMBRE NO TIENE QUE SUCEDER NADA"

La Ley de Medios, que fue sancionada con una clara mayoría legislativa, es un ejemplo de regulación estatal pública sobre una actividad privada concentrada que además de poder económico, tiene una singular capacidad para modelar el sentido común en función de intereses privados.
El próximo 7 de diciembre vence el plazo otorgado por la Corte Suprema para resolver sobre el artículo 161 de la Ley para acabar con la posición dominante de mercado, siendo el Grupo Clarín el que se reserva esa posición.
Como respuesta a la campaña oficial para aclarar este punto, Clarín emitió un video titulado "El 7 de diciembre no debe suceder nada", acaso para tranquilizar a la escuálida oposición que depende de sus espacios para subsistir.
El relato audiovisual de Clarín sostiene que ese hecho, que "no tiene que suceder nada" (aunque claro, si la justicia no es independiente, igual podría suceder) no es una opinión ni una interpretación.
¡Ay, las interpretaciones!
A continuación, se ampara en distintos constitucionalistas que también opinan o interpretan con Clarín, que no tiene que suceder nada. Incluso aunque se confirmen las versiones sobre la venta del Canal 13 a Tinelli.

Además del inefable Sabsay, se recoge la no-opinión y la no-interpretación de Gregorio Badeni, quien afirmó: “es errónea la afirmación del Gobierno, diciendo que ese día va a concluir un estado de cosas. Es una información falsa, a menos que no se respete la decisión de la Corte. La ley es clara, el licenciatario tiene el plazo de un año para desinvertir”.

Veamos quién es Badeni.

Tras la muerte de David Graiver, el 27 de diciembre de 1976, Lidia Papaleo vendió a Marcelo y Juan Claudio Chavanne el Banco de Hurlingham mediante una operación similar a la de Papel Prensa: 10% al contado y el resto, unos 5 millones de dólares, en bonos. 

El Grupo Chavanne, a quienes luego se aplicaría el artículo 6° de la Ley de Seguridad (subversión económica) se dedicaba a la compraventa de lotes. En agosto de 1978, los Chavanne venden a los dueños de Industrias Siderúrgicas Grassi parte de su participación en el Banco. 

Desde febrero de ese año, la Comisión Nacional de Valores perseguía a esa empresa fabricante de ferroaleaciones con intención de desapoderarla. La compra del Banco le otorgaría cierta solvencia, según los Grassi, porque la CNV (con la supervisión de Juan Alemann) le impedía recibir fondos del mercado bursátil. 

Entretanto, el Banco de Hurlingham es intervenido y todos sus directores van a parar a la cárcel. No a una cárcel común, ni con intervención de la justicia, sino al Penal de Campo de Mayo a las ordenes del comandante Rei, apropiador de Pedro Sandoval.

Todos ellos, desaparecidos, fueron torturados.
René Carlos Alberto Grassi fue privado de su libertad por efectivos del Ejército Argentino el 13 de setiembre de 1978. Juan Claudio Chavanne y su esposa Sara “Sharon” Duggan fueron detenidos el 14 de setiembre de 1978 por una fuerza de tareas dirigida por el “Mayor” Guastavino, Raúl Guglielminetti.
El 23 de setiembre de 1978, Luis Arnoldo Grassi fue privado de su libertad por efectivos del Ejército Argentino en el Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, con asiento en la ciudad de Rosario.
El 17 de octubre de 1978 fue detenido Marcelo Augusto Chavanne, y ese mismo día un grupo armado al mando de los teniente coroneles Gatica y D’Alessandri detuvo a Jorge Tejerina, todos ellos en Buenos Aires. 

Un mes antes, el 13 de setiembre 78, el coronel Roberto Roualdes –jefe de Comando Subzona Capital Federal- había iniciado una “prevención militar por presuntas violaciones a la ley 20840” que, por instrucciones del jefe del Primer Cuerpo, general Suárez Mason, incluyen “la detención e interrogación de personas involucradas y testigos necesarios, secuestrar documentación y realizar toda otra diligencia que estime necesaria…”, todo esto en la Prisión Militar de Campo de Mayo. No especifica la prevención quiénes son los detenidos. Ni hay constancia de secuestro de documentación.

Las tormentos (que incluyeron un intento de violación contra Sara Duggan) eran atendidas en el Hospital Militar de Campo de Mayo pero las constancias médicas existentes señalan: pié de atleta, estado gripal leve, erupción alérgica.

Los detenidos eran torturados en presencia del titular de la Comisión Nacional de Valores Juan Carlos Echebarne, de varios abogados de esa repartición y del juez Rafael Sarmiento.

Entretanto, la intervención del Banco de Hurlingham seguía otorgando préstamos sin aval alguno hasta que el vicepresidente del BCRA, Christiam Zimermann, decide su liquidación.

El representante del Ministerio de Justicia (brigadier Gómez) en la intervención del Banco de Hurlingham era el doctor Gregorio Badeni, como consta en la causa judicial a cargo del doctor Rafecas. Badeni no podía desconocer que las decisiones tomadas por la intervención eran parte de los interrogatorios escritos y verbales que debían contestar los prisioneros y que los interventores militares del Banco (primero el general Cassino, luego el general Zoloaga) utilizaban como parte de su actividad.

Badeni, el constitucionalista.