Pensión para víctimas económicas

La senadora De la Rosa, del FPV Formosa, propone entregar una pensión vitalicia a víctimas económicas de la dictadura

Desde 1976 (marzo) en adelante, la dictadura abusó del artículo 6° de la ley 20840 (subversión económica) a fin de rediseñar la estructura productiva de Argentina.

En aquellos años, todos los que se oponían a la política neoliberal de Martínez de Hoz estaban incursos en esa figura con el argumento falaz de que eran subversivos cercanos a las organizaciones armadas.

Se apoderaron, quebraron o liquidaron, sin control legal, cientos de entidades bancarias y financieras, establecimientos fabriles, bienes estatales, viviendas,  barrios enteros, incluso humildes viviendas de trabajadores, sin olvidar los patrimonios muebles.

El poder económico tradicional que representaba Martínez de Hoz se reservó la crema del negocio bancario (primero “saneando” el sistema, concentrándolo, y a continuación desnacionalizándolo) persiguiendo con la ley 20840 a todos los “advenedizos” que se atrevían a competir con los bancos de las familias tradicionales (Shaw, etc.). 

Esta persecución consistió siempre en detenciones ilegales que terminaban blanqueándose con jueces (por ejemplo, Rafael Sarmiento) amigos. A veces hubo Consejos de Guerra, otras no, y en este último caso simplemente se mantenía detenidos a los empresarios ("paseándolos" por todos los centros clandestinos de detención) hasta que se aseguraba la quiebra o cierre o liquidación de la entidad o empresa. En muchos casos, nada de “jueces naturales” sino tribunales (sic) especiales.

Esa política se siguió aplicando en democracia por Domingo Cavallo, continuador ideológico de Martínez de Hoz: la convertibilidad es un desarrollo de la tablita cambiaria.

Lo paradojal es que en 2002 se descubrió que quienes terminarían presos por subversión económica ya no eran esos cientos de empresarios nacionales desalojados y despojados sino los verdaderos sediciosos del orden constitucional y económico y legal, a saber, Martínez de Hoz, Cavallo, Klein, Reynal, Alemann, Solanet, Zimermann y el resto de esa cría de terror: la ley fue derogada con fuerte aplauso del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la ong Poder Ciudadano.

Creo íntimamente que esa gentuza, sin importar el “prestigio” social que tengan sus apellidos, personifica el Mal.

Pero políticamente no se trata de ver en el monumental desplazamiento de empresarios nacionales a partir de marzo de 1976, una lucha entre buenos y malos. Es equivocado el abordaje binario. Sólo se trata, en efecto, de intereses encontrados, y cualquier visión sensata debe prescindir de consideraciones morales. No hay empresarios buenos y malos: sólo hay empresarios. Sucede que a algunos les interesa el mercado interno, y a otros no.

En ese sentido, resultó arduo comprender en esos años que la creación, bajo la conducción de Perón, de un polo empresario nacional alrededor de José Ber Gelbard (a quien se persiguió luego con un ensañamiento poco visto) fue en sí mismo un hecho revolucionario porque cambiaba radicalmente la estructura productiva del país.

Que luego, con aquel caído en desgracia y este fallecido, todo el sector empresario relacionado con el mercado interno se convirtiera en enemigo a través de la aplicación del art. 6° de la ley 20840 muestra el verdadero rumbo, el de ese entonces frente al anterior,y el que se consolidaría luego.

No todo se reduce, entonces a evaluar la posición de Perón respecto de las organizaciones armadas, que reivindican para sí una centralidad de la que carecían aunque su acción hiciera más ruido.

Esas organizaciones pretendían ser "la vanguardia" de la clase obrera pero no lo eran. En muchos casos, sus militantes ni siquiera pertenecían a tal clase, un sector social que precisamente en esos años, por el imperativo tecnológico, estaba en plena transformación. La idea de "vanguardia", se sabe, deviene del conocimiento de la verdad marxista, sin advertir que hay muchas verdades marxistas y por lo tanto cada una de ellas puede verse como vanguardia sin serlo ni remotamente.

Argentina, a pesar de distintas prédicas, carecía de industria pesada, no lograba consolidar un desarrollo autónomo, nunca había logrado desplegar una burguesía nacional digna de tal denominación, y si carecía de mercado interno terminaría siendo una maquila o factoría próspera, que es lo que se pretendió.

La política neoliberal destruyó miles de pequeñas empresas nacionales, destruyó mucho trabajo nacional, y dejó millones de desocupados. Intentó retrotraer a la nación a lo que era en los años ’30: importadora, pastoril, sin mercado interno, con sus grandes mayorías empobrecidas, con un Estado activo en su papel subsidiario, lacayo de esos grandes grupos económicos concentrados: caramelos sí, acero no. 

Pero esa decisión no carecía de sutilezas: se fortaleció a Acindar y Techint por otras razones que he detallado anteriormente. Téngase en cuenta que todo ello al costo de destruir Somisa, la acería estatal, en los primeros ’90.

Esta política se mantuvo sin interrupciones entre 1976 y 2003: el breve intervalo alfonsinista (sólo el de la etapa Grinspun) ni siquiera se atrevió a rozar esos intereses, sólo mostró algunas cartas, verbalmente, pues señores, los radicales...

En esa misma lucha se inscribe el enfrentamiento actual con los grupos dueños del papel prensa, con los tradicionales dueños de la palabra, que no reportarán hoy a esos bribones pero representan (los representan) lo mismo, y muy bien.

Si es cierto que las víctimas de la ley 20840 quizás merecen un resarcimiento económico, y habría que ver de dónde saldrán los fondos, mucho más cierto es que lo merecen todos los que quedaron desocupados por aplicación de esa política anti-industrial.

Que devuelvan lo que se robaron “legalmente”. No resulta lógico pensar en una pensión colectiva mientras a la vez no se repone, por dar un solo ejemplo, el impuesto a las herencias.

En 1976 se usó el argumento de que el oponente del Estado eran las organizaciones armadas. El enemigo era todo el pueblo y la propia Nación Argentina. Es decir, la víctima de esa época fue el pueblo argentino, lo haya entendido así o no, lo entienda o no en el futuro. 

En rigor, aunque quienes más sufrieron fueron los trabajadores, porque para la dictadura toda planta fabril era sospechosa de subversión, el blanco predilecto fueron los sectores medios a los que se disciplinó y reprimió para impedir que volvieran a jugar el rol que habían tenido (no todos, claro) en los 60/70. 

Se los desnacionalizó.