En 1979, el "brigadier" Cacciatore firmó una ordenanza en la que se iniciaba la privatización del control estatal sobre las construcciones. Aplicando el nuevo Código de Planeamiento Urbano, que reemplazó el capítulo 3 del viejo Código de la Edificación promulgado allá por 1946, se inició un proceso de reconfiguración de la ciudad, completada con las autopistas, que revalorizó los inmuebles al norte de la avenida Rivadavia y empobreció el sur.
Desde 1979, entonces, el Estado (municipal, en este caso) dejó de ser el ente controlador de las construcciones nuevas en favor de los Colegios de Arquitectos e Ingenieros. Algo similar ocurrió con la habilitación de usos. Todo eso fue una de las razones fundamentales que produjo el desastre de Cromañón.
Ese proceso de privatización se fue perfeccionando con el tiempo, y tomado como bueno por todas las administraciones que siguieron al Cacciatore.
Ahora mismo, Ibarra está saliendo por todos los medios reclamando por controles que él tampoco aplicó durante su gestión. No es cierto que el incendio de Cromañón se produjo por la corrupción de sus inspectores. El gobierno municipal alentaba la "autoregulación" del negocio de discotecas, y la habilitación trucha había sido decidida en pocas horas durante el gobierno de De la Rúa.
La Constitución de la ciudad establece que el control comunal es irrenunciable, y sin embargo, ya había renunciado a él cuando fue promulgada.
El sistema es así: un profesional certifica la viabilidad de la obra y el avance paulatino de la construcción. Puede suceder, porque nadie pone el ojo sobre ello, que la empresa constructora se controle a sí misma mediante profesionales que trabajan construyendo y controlando al mismo tiempo.
No se si soy claro. Hasta ahora hay un muerto, pero -esperemos que no- hay también dos desaparecidos.
La culpa la tiene Néstor.
1 comentario:
excelente nota, por lo esclarecedera y puntual!
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