¿Libertad de prensa o de empresa?

Claro como el agua, tengo la sospecha de que éste post resulta casi innecesario.

Cablevisión se escudará en la libertad de empresa para defenderse de la denuncia del periodista misionero, donde hubo censura previa ya abolida en la Asamblea del Año XIII, y antes de eso en el Reglamento sobre Libertad de Imprenta del 20 de abril de 1811. 

El contrato que Marcelo Almada se negó a firmar para poner al aire un programa en el canal de cable de Posadas, Misiones, incluía estas cláusulas:

"Abstenerse de verter en el Programa toda manifestación, sea ésta verbal o de otro tipo, que afecte de cualquier manera la imagen o los derechos de Cablevisión y/o sus empresas vinculadas, controladas o controlantes, sus directivos, gerentes, personal jerárquico en general, dependientes y/o terceros".

"El productor velará para que esta obligación sea cumplida por sus dependientes, contratados y/o cualquier persona que aparezca en el programa".

Reemplacemos Cablevisión por cualquier otra corporación privada, como Procter & Gamble, Cencosud, Walmart, Macro, o Colgate-Palmolive. Reemplacemos todas las menciones al soporte televisivo por cualquier otro, como la venta minorista o las góndolas de supermercado. Efectuados esos reemplazos, las condiciones contractuales mantienen la misma lógica interna. La empresa puede determinar cuál su política comercial, marketing, competencia, etc.

La noticia, la información y la opinión serían un producto de consumo, y como tales, les cabe las generales de cualquier bien económico o transable, sujeto a lo especificado en los Códigos Civil y de Comercio. 

Sin embargo, Cablevisión no desenmascarará esta condición, refugiándose en la libertad de prensa.

Las empresas periodísticas tendrían así algunos privilegios, porque a la libertad de empresa agregan la de prensa. Respecto de esta última, está claro que es un derecho propio de la empresa y no tanto de quienes escriben, piensan, crean o hacer periodismo para ellas, ya que aquella, la empresa, tiene el derecho de exigir que sus empleados respeten "la línea editorial" y recurren al mercado de quienes escribe, crean y hacen periodismo sólo en el segmento de quienes están de acuerdo y no van a cuestionar tal línea editorial.

Esto desnuda cierto aspecto de la nueva Ley de Medios, a la que podemos tomar como una acción pública tendiente a regular una actividad económica, en este caso la de propiedad de los medios de comunicación y su correspondiente mercado.

El Grupo Clarín, por su parte, sigue defendiendo la política de que son los mercados (en este caso, de la información y opinión) los que marcan las prioridades sociales. Y como los mercados no son simétricos, porque de un lado hay una multitud de consumidores individuales, y del otro una o un puñado de empresas que por su concentración pueden establecer todo tipo de acuerdos de reparto de mercado, las prioridades sociales en definitiva las marca la oferta y no la demanda.

Esto demostraría que allí donde se lee "libertad de prensa" nos estamos refiriendo específicamente a la libertad de empresa.