lunes, 14 de junio de 2010

Paremos la pelota

La información suministrada hoy por Clarín respecto del corte de Gualeguaychú no tiene pies ni cabeza, pero es errado endilgárselo al Gran Diario Argentino: quizás la postura de los asambleístas no los tenga.
Es cierto que se menciona "la criminalización de la protesta" dentro de la política general de esmerilamiento que viene empujando Magnetto, pero no vale la pena detenerse en eso.
Lo importante es que "Por primera vez en 42 meses, surgió con fuerza... una propuesta para levantar el corte del Puente Internacional San Martín".
La amenaza de iniciar acciones penales y civiles parece haber removido la inercia que reinaba hasta la actualidad.
Dos de los asambleístas, el abogado Leissa y el médico Alazard, reconocieron su voluntad de negociar.
Uruguay se niega a iniciar conversaciones sobre el futuro monitoreo de la planta mientras no se abra el paso. Y hasta cierto punto es una postura sensata, porque de otro modo se estaría negociando bajo presión, con lo que Mujica comprometería su frente interno a poco de asumir.
Veremos si los gobiernos aceptan que los asambleístas participen o estén informados sobre la organización del monitoreo primero, y en el propio control después.
Hay varias ongs y consultoras dispuestas a ello, y que eso cuesta mucho dinero. Además de Buquebus, beneficiado por el corte, algunas de estas empresas o seudo-ong's deben estar sacando números y no se la quieren perder. En los principios del conflicto, fue una consultora vinculada al Banco Mundial la que opinó que Botnia no contaminaba.
Aunque no aparece, el Banco Mundial es el primer responsable de este entuerto porque fueron sus técnócratas los que diseñaron, en los 80, el modelo de producción de celulosa.
No es sensato pretender que la planta de Botnia se convierta en un monumento neoindustrial, en salón de juegos, o que se la traslade con rueditas.
Uruguay no puede denunciar unilateralmente el vergonzoso tratado de protección de inversiones que firmó hace unos años con Finlandia, y la sola sugerencia de cerrar la planta puede significarle una fuerte indemnización. Y no se ve que el pueblo oriental, y sus clases dirigentes, estén discutiendo la propia sustentabilidad del modelo. Pero tampoco aquí se discute el de la soja transgénica, o el de la minería a cielo abierto, de modo que no tenemos de qué quejarnos.
Los futuros controles deberán acordar muchas cuestiones: contaminación hay y habrá, de hecho, pero la cuestión pasa por establecer mínimos admisibles y qué caracho se hará si esos límites son superados.

Si no se avanza en este sentido, se renovará el conflicto con las alternativas conocidas: declarar la guerra a la Banda Oriental, reincorporarla a la Confederación Argentina, boicotear la venta de dulce de leche Conaprole (el más rico del mundo, lejos), no escuchar a Víctor Hugo o acusarlo de pertenecer al grupo A, escrachar al primer violín de la orquesta del SODRE, protestar ante la Corte de La Haya por la inadmisible pretensión de que Gardel nació en Tacuarembó cuando todos sabemos que era francés, caratular como contravención grave la ingestión de mate en la vía pública, cuestionar moralmente las escapadas clandestinas a Colonia o dejar de veranear en Punta del Este 

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