¿POR QUE LOS EMPRESARIOS QUIEREN BAJAR EL GASTO PÚBLICO?

Todo tiene que ver con todo. El bloque económico-mediático cuestiona duramente al gobierno por el aumento del gasto público, y opina que por ese camino se va a la inflación desbocada. 

El columnista de La Nación Roberto Chantanovsky  suele afirmar que así como vamos, terminamos en un nuevo rodrigazo.

(En 1975, el ministro de economía Celestino Rodrigo, secundado por el fundamentalista de mercado Ricardo Zinn, produjo un brutal ajuste económico que preparó el terreno para aplicar con mayor facilidad la política neoliberal de Martínez de Hoz. Zinn participará luego en las privatizaciones de los 90).

Piden austeridad, una virtud aristotélica (Grondona) que todos aplaudiríamos si fuera antónimo de despilfarro. No es nada nuevo, al menos desde los inviernos de Alsogaray. Por ahi cuela el falso dilema de la gestión.

Pero veamos la realidad tal cual es, comparada con las de la dictadura cívico-militar y la del menemismo-delaruismo:

- En la actualidad tenemos reservas genuinas provenientes del saldo comercial positivo. En los otros períodos, las reservas provenían en especial de préstamos de corto plazo, es decir, eran propiedad del sistema financiero internacional y no del Estado argentino. Eran ficticias, no genuinas. Como bien lo explica Aldo Ferrer, que esas reservas sirvan para garantizar la masa monetaria es una convención, y otra discusión.

- El gasto público también es genuino, porque no se financia con préstamos financieros (como en los períodos mencionados) sino con el saldo comercial, la diferencia positiva entre entrada y salida de divisas.

¿Por qué se quejan entonces? ¿Sólo por el ánimo de llorar? El Estado argentino fue diseñado para servir al grupo hegemónico económico-mediático. Una de sus consecuencias es que el sector empresario siempre pudo, con las herramientas que le proporcionaba un Estado creado para servir a sus propios intereses, evadir impuestos y pagar en negro. El argumento preferido ha sido: si pagamos menos impuestos, invertimos más. Pero las inversiones no llegaron nunca, y la prueba está en que los aumentos de precios obedecen a la rigidez de la oferta.  

En este marco se inscribe, por ejemplo, la lucha política por las retenciones agropecuarias. Lo que debería potenciar la percepción positiva del gobierno, ya que el poder político es una pequeña parte de la totalidad del poder real, y más pequeño todavía si recordamos que buena parte de él ha sido cooptado por el interés privado.

El empresariado busca reducir el gasto público porque no quiere pagar impuestos, no quiere contribuir al bien colectivo, y suele preferir el perfil rentístico. 

De lo que derivan fuertes y todavía no saldadas discusiones respecto de la existencia de una burguesía nacional, comparación con el empresariado paulista, etc., que por el momento no vienen al caso.
Si todo pudiera explicarse simplificadamente en blanco y negro, en términos de traición o lealtad, y Henrique Cardoso hubiera traicionado sus posturas juveniles sobre la dependencia, no se entiende que luego de su presidencia, Brasil figure ahora entre las primeras diez potencias industriales, por ejemplo.

Las exigencias empresariales de austeridad tienen un correlato directo con la informalidad de la economía y el hecho de que no toleren bajarse del reparto de la renta alcanzado en 2001 y luego de la maxidevaluación duhaldista. Por eso afirman urbi et orbi que la puja salarial es inflacionaria.

Los convenios firmados hasta el momento expresan un avance en la distribución del ingreso, y eso les resulta decididamente intolerable.  

En una nota excelente publicada en el último Miradas al Sur por Pablo Galand (“No es la inflación, es la rentabilidad”), el autor cita la opinión del economista E. Agis, del CENDA: “Si tengo todos mis ingresos en blanco y mis egresos en negro no me conviene, porque lo que va a figurar en mi balance es que estoy ganando mucha más plata de la real, que no la contabilizo, y sobre eso voy a pagar impuestos y no podré descargar nada. La lógica es exactamente al revés: como tengo facturación en negro, necesito tener salarios en negro”.

No se puede negar que el gobierno viene trabajando en la reducción del trabajo en negro, pero lo puede hacer sólo hasta cierto punto por cuanto estructuralmente el actual sistema productivo requiere de una porción de informalidad a fin de frenar el salario, el viejo y desacreditado ejército de desocupados, y hay además un imperativo tecnológico que multiplica empleos de baja o nula especialización.

En este sentido, es buenísimo que Moyano esté impulsando la agremiación de los trabajadores en negro, por cuanto eso automáticamente subirá el piso del salario en blanco y presionará a la suba del informal, aunque demuestra también un déficit o imposibilidad en las políticas públicas.

Así están las cosas con la austeridad. Quieren bajar el gasto público para pagar menos impuestos (incluyendo retenciones) y menos salarios. Por supuesto, otros intereses confluyen de inmediato: si el gasto público no se puede bajar abruptamente por la tensión social que generaría, ahi estarán los valerosos bancos multinacionales ofreciendo préstamos al Estado para financiarlo, lamentablemente el riesgo país nos obliga a... etc.

Todo tiene que ver con todo, Pancho Ibáñez dixit. Que haya sido y probablemente siga siendo un entusiasta del Proceso, lo dejamos para otra oportunidad.
De lo que no se quieren bajar es de la rentabilidad actual (la distribución del ingreso), eso está claro como el agua clara.